En defensa de las universidades p¨²blicas

Causa profundo disgusto ver c¨®mo algunos pol¨ªticos del partido en el Gobierno y ciertos contertulios de ideolog¨ªa af¨ªn opinan despectivamente del lugar que ocupan nuestras universidades p¨²blicas entre las de todo el mundo en los rankings m¨¢s prestigiosos, omitiendo datos y sin aclarar con qu¨¦ criterios se realizan tales rankings. Recientemente, los dos m¨¢s prestigiosos, The Times y QS, situaban a la Universidad Aut¨®noma de Madrid en el puesto 49 y 19 respectivamente entre las universidades j¨®venes (creadas con posterioridad al a?o 1962). Esta noticia no es conocida por el gran p¨²blico y es seguro que, si los rankings tuvieran en cuenta la financiaci¨®n, la Aut¨®noma y otras universidades p¨²blicas de Madrid y del resto del Estado espa?ol ascender¨ªan mucho m¨¢s arriba. Tampoco se dice que, a pesar de todo, nuestras universidades escalan a?o a a?o puestos en los mencionados rankings y ello porque, en general, la autocomplacencia es bastante ajena al esp¨ªritu del docente universitario, convencido de la necesidad de seguir mejorando y acostumbrado a superar obst¨¢culos y a reciclarse permanentemente para lograr los fines de su trabajo. Buena prueba de lo que decimos es el enorme esfuerzo que se ha realizado en el proceso de adaptaci¨®n al Espacio Europeo de Educaci¨®n Superior (Plan Bolonia), ejecutado en la mayor¨ªa de los casos a coste cero y que ahora parece contar con el olvido, cuando no desprecio, de los responsables pol¨ªticos, a pesar de la indudable necesidad de seguir avanzando en las reformas emprendidas que sit¨²an a Espa?a en la Europa del conocimiento.

Particularmente grave es el caso de Madrid. El Gobierno de esta comunidad tendr¨ªa buenas razones para sentir orgullo de la labor realizada por las universidades p¨²blicas que financia y deber¨ªa colaborar a su engrandecimiento, incluso con planes de ajuste que, adem¨¢s del ahorro del gasto, intentaran aumentar su prestigio. Lamentablemente, no parecen ser esos los objetivos, sino, siguiendo la estela de lo acaecido en la ense?anza secundaria, procurar la degradaci¨®n de la educaci¨®n p¨²blica para permitir la expansi¨®n de la privada. Es para muchos evidente que lo que est¨¢ ocurriendo en esta comunidad aut¨®noma con las universidades p¨²blicas no es la consecuencia de la mala gesti¨®n presupuestaria de sus gobernantes ni puede desligarse de lo ocurrido en la ense?anza secundaria el curso pasado.

Las autoridades han decidido recortar brutalmente la aportaci¨®n nominativa de las universidades, entre un 10% y un 15%, alegando el desv¨ªo en el d¨¦ficit p¨²blico de la comunidad, aunque no hace mucho tiempo presum¨ªan de tener unas cuentas saneadas, ejemplares frente a los desequilibrios de otras regiones. Este inusitado recorte ha forzado a las universidades a ahorros que implican necesariamente despidos de trabajadores y ponen en grave riesgo la calidad de la ense?anza universitaria y de la investigaci¨®n, motores b¨¢sicos en el progreso de cualquier pa¨ªs. Para compensar esa disminuci¨®n en la subvenci¨®n nominativa las autoridades madrile?as han promovido un aumento en las tasas acad¨¦micas que, como m¨ªnimo, supera el 50% en el grado y se acerca al 200% en el posgrado. Sin duda, una de las subidas de tasas m¨¢s elevadas de todo el Estado, muy por encima de las vigentes en la mayor¨ªa de pa¨ªses de nuestro entorno. A los equipos de gobierno de las universidades p¨²blicas no les ha quedado m¨¢s remedio que aceptar la subida de precios para poder pagar la n¨®mina de sus empleados. Esta forma de proceder, que vincula el pago de los sueldos con las tasas que han de pagar los estudiantes, parece apuntar a un cambio en el modelo de financiaci¨®n de las universidades p¨²blicas, que de este modo estar¨ªan empezando a ser semip¨²blicas o semiprivadas, y que, en l¨ªnea con lo que est¨¢ pasando con otros servicios p¨²blicos, tiene como consecuencia que los ciudadanos, los que se lo pueden permitir, pagan m¨¢s por un servicio, que cada d¨ªa se hace m¨¢s dif¨ªcil ofrecer con calidad. Dificultar el acceso a estudios universitarios por razones econ¨®micas pone adem¨¢s en peligro la cohesi¨®n social, y en suma, empobrece a la ciudadan¨ªa de un pa¨ªs en su conjunto.

Parece que entre nuestros actuales gobernantes existe un cierto consenso en se?alar al sector p¨²blico como causa fundamental de los males de nuestra sociedad, cuyo ¨²nico remedio es la privatizaci¨®n. La realidad, sin embargo, demuestra todo lo contrario. Es de sobra conocido el descontento de los ciudadanos en aquellos pa¨ªses donde los servicios p¨²blicos est¨¢n privatizados (por ejemplo, en los del ¨¢mbito anglosaj¨®n). Por otro lado, se olvida con frecuencia que la causa fundamental de la grave crisis que padece nuestro pa¨ªs es la burbuja inmobiliaria; un evidente fracaso del sector privado en connivencia con la desastrosa gesti¨®n de nuestros pol¨ªticos. Los responsables fundamentales de la humillante situaci¨®n que hoy padecemos fueron empresarios codiciosos, banqueros ineptos y pol¨ªticos sumisos y oportunistas. Sin embargo, voces gubernamentales y ¡°repicantes¡± de determinados medios de comunicaci¨®n trasmiten sutilmente la idea de que los males de nuestra econom¨ªa est¨¢n en el gasto p¨²blico que generan funcionarios, desempleados y jubilados.

No cabe duda de que una vez instalados en la formidable situaci¨®n de crisis por la que atravesamos una de las medidas a tomar es reducir el gasto p¨²blico, pero esto ha de hacerse sin olvidar quienes fueron los responsables de la crisis y teniendo unos objetivos claros que den sentido al inevitable sacrificio de los contribuyentes. En lo que respecta a las universidades p¨²blicas, es perfectamente posible reducir el gasto y optimizar los recursos, pero esto ha de hacerse a trav¨¦s de la negociaci¨®n, con el ritmo adecuado y teniendo buen cuidado de no dificultar el acceso a la educaci¨®n superior de los m¨¢s desfavorecidos ni degradar la calidad de la ense?anza y la investigaci¨®n. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno del Estado y por algunos gobiernos auton¨®micos olvidan todo esto y parecen perseguir la depauperaci¨®n de nuestras universidades, limitando su capacidad de competir con las privadas y las p¨²blicas de otros pa¨ªses.

La situaci¨®n es sin duda grave y somos muchos los que pensamos que los recortes en el presupuesto de nuestras universidades no van a pararse aqu¨ª. Paralelamente observamos que los movimientos de protesta van en aumento, como no puede ser de otro modo. Creo que las propuestas de huelga indefinida o los boicoteos violentos de algunos actos protocolarios solo sirven para hacer el juego a los err¨®neos objetivos de nuestras autoridades, pero es evidente que sobran las razones para la protesta por todos los cauces pac¨ªficos y leg¨ªtimos posibles. Es dif¨ªcil pensar que nuestros gobernantes vayan a dar marcha atr¨¢s en las medidas que han adoptado, as¨ª que habr¨¢ que seguir adelante, unidos con el resto de los niveles educativos, en la defensa de la educaci¨®n p¨²blica. Cuentan que Cat¨®n el Viejo, egregio adalid del imperialismo romano, conquist¨® en el a?o 195 a.C. numerosas ciudades de Hispania en un solo d¨ªa, vali¨¦ndose del siguiente ardid: envi¨® una carta a cada una de ellas, inst¨¢ndolas a derruir voluntariamente sus murallas so pena de pasar a cuchillo a todos los ciudadanos si no lo hac¨ªan; las ciudades hispanas, aisladas entre s¨ª y pensando que la carta les hab¨ªa sido dirigida solo a cada una de ellas, acataron la orden de Cat¨®n y fueron conquistadas sin resistencia por las tropas romanas. Ojal¨¢ no ocurra ahora con nuestras universidades algo parecido. Todav¨ªa estamos a tiempo de defender entre todos una educaci¨®n p¨²blica, sin duda mejorable, pero que ha contribuido decisivamente a hacer de Espa?a una democracia estable y con futuro.

Antonio Casc¨®n Dorado es el? decano de la Facultad de Filosof¨ªa y Letras de la Universidad Aut¨®noma de Madrid