El Tribunal de Cuentas destapa el caos en la gesti¨®n de la dependencia

Que las estad¨ªsticas del sistema de dependencia eran un caos no era un secreto para nadie. La opacidad en la financiaci¨®n de esta ley, tampoco. Pero el Tribunal de Cuentas ha puesto negro sobre blanco los tremendos desprop¨®sitos de gesti¨®n que han jalonado este sistema desde su comienzo en 2007 hasta abril de 2011. Hay dos conclusiones claras: que el Gobierno ha pagado a las comunidades 46.853.881 millones de m¨¢s solo por una de las v¨ªas de financiaci¨®n de la ley, el llamado nivel m¨ªnimo (por el que se ha pagado un total de 4.600 millones en este periodo). Y que hay decenas de miles de dependientes que a¨²n esperan la ayuda a la que tienen derecho, mientras muchos otros mueren sin recibirla.

?La gesti¨®n ha sido tan incorrecta e incoherente, y a¨²n muestra tal debilidad, que en el sistema se han registrado personas cuya fecha de fallecimiento es anterior a la puesta en marcha de la propia ley: 88 beneficiarios ha encontrado el Tribunal de Cuentas en ese caso.

A los casi 30.000 muertos por los que las comunidades aut¨®nomas segu¨ªan recibiendo financiaci¨®n estatal (una situaci¨®n econ¨®mica que se ha corregido) hay que a?adir otros 12.000, que a¨²n estaban en abril de 2011. Se han abonado importes por expedientes duplicados; se ha pagado por m¨¢s de 2.500 personas que solo recib¨ªan el servicio de teleasistencia, algo que no debe recibir financiaci¨®n estatal; se han abonado de forma indebida hasta 20 millones como consecuencia de expedientes que recib¨ªan m¨¢s dinero del que correspond¨ªa...

Pero no todo era pagar. A veces se incurr¨ªa en el error contrario, se dejaba de abonar a las comunidades lo que se les deb¨ªa, por ejemplo por atrasos en los pagos o porque se contabilizaban pagos negativos, algo imposible. O se pagaba (mejor dicho, se acumulaban deudas) con la Seguridad Social por las cuidadoras de dependientes, que figuraban tambi¨¦n duplicadas.

Fuentes del Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social aseguran que desde abril de 2011 no se paga a las comunidades por las personas fallecidas porque se coteja ese dato con el Ministerio de Justicia. Sobre si a¨²n se abona por aquellas personas que solo reciben teleasistencia, aseguran que es algo que se est¨¢ ¡°comprobando¡±, lo mismo que en aquellas situaciones en que se pag¨® de m¨¢s por duplicidades en el DNI o por incorporar a los sistemas inform¨¢ticos el mismo nombre de forma distinta.

El Tribunal de Cuentas lamenta que no haya garant¨ªa alguna para certificar los datos que las autonom¨ªas comunican al Gobierno. Indican que se podr¨ªa estar vulnerando el acceso universal e igualitario de todos los ciudadanos al sistema; y es muy duro con el sistema inform¨¢tico por el que se pagaron m¨¢s de 14 millones de euros en dos contratos. El contrato con la empresa para el desarrollo y mantenimiento de estas aplicaciones, dice el tribunal, ¡°supone de facto una contrataci¨®n de personal inform¨¢tico encubierta, al margen de los procedimientos p¨²blicos de selecci¨®n de personal...¡±.

El ministerio asegura que habr¨¢ un nuevo contrato para la explotaci¨®n de este servicio que mejore estas situaciones. Falta hace, porque comunidades como Extremadura aseguran que el sistema inform¨¢tico les ha perdido en estos a?os hasta 24.000 expedientes. Baleares cita 16.000 y 70.000 documentos. Las comunidades se han quejado en ocasiones de estos problemas. Por cierto, que solo ocho de ellas conectan directamente con el ordenador central, y no en todo el proceso. El resto traslada sus datos desde sistemas inform¨¢ticos propios.