El registro universal

El Ministerio de Justicia, en un alarde de hiperactividad, ha puesto en marcha numerosos proyectos entre los que se encuentra la concentraci¨®n en el tradicional Registro de la Propiedad de una serie de atribuciones completamente ajenas a la funci¨®n jur¨ªdica que por su propia naturaleza le corresponde. La Ley Hipotecaria atribuye exclusivamente al Registro de la Propiedad la inscripci¨®n o anotaci¨®n de los actos y contratos relativos a la propiedad y dem¨¢s derechos sobre bienes inmuebles, incluida la hipoteca, cuyo procedimiento de ejecuci¨®n en el caso de las viviendas ha sido calificado como un instrumento depredador por el Tribunal de Justicia de la UE.

Con el pretexto de la modernizaci¨®n tecnol¨®gica se pretende aglutinar en torno al Registro de la Propiedad inmobiliaria todos los actos relativos al estado civil de las personas como los nacimientos, matrimonios y defunciones. Se manejan una gavilla de obviedades para ocultar sus verdaderos prop¨®sitos, que no son otros que privatizar y mercantilizar las certificaciones relativas al estado civil de las personas que, hasta el momento, se otorgan gratuitamente y con toda serie de garant¨ªas por el Registro Civil que hab¨ªa sido actualizado por Ley de 22 de julio de 2011, cuya entrada en vigor se demor¨®, por razones que ahora comprendemos, hasta el a?o 2014.

Si la finalidad perseguida era la creaci¨®n de un macro Registro Central equivalente a una especie de Gran Hermano, el proyecto se queda inexplicablemente corto. Puestos a concentrar pod¨ªan haber aprovechado el impulso integrador para incluir todo lo que puede ser registrado. Por qu¨¦ no a?adir el Registro de Marcas y Patentes, el Registro de Actos de ?ltima Voluntad, el Registro de Asociaciones y Fundaciones, el Registro de la Nobleza y de paso el Registro de Confesiones Religiosas que depende del Ministerio de Justicia. No encuentro argumentos jur¨ªdicos que sirvan para rechazar estos ¨²ltimos y justificar la absorci¨®n del Registro Civil.

La cantidad y calidad de datos sensibles que se van a acumular en el Gran Registro ser¨¢ muy superior a la que almacenan los ordenadores centrales de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Ya sabemos que la Agencia de Protecci¨®n de Datos puede fiscalizar su tratamiento y confidencialidad pero nos parece absolutamente innecesario crear nuevas fuentes de inseguridad para la intimidad de las personas. No encuentro a lo largo del texto del proyecto ninguna explicaci¨®n plausible que pueda justificar el riesgo que se crea.

Se atribuye a los registradores de la Propiedad, por obra y gracia de la voluntad del legislador, la resoluci¨®n de materias que afectan al desarrollo de la vida y al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas invadiendo materias constitucionales que les est¨¢n vedadas. Toda esta aglomeraci¨®n de funciones se justifica por razones t¨¦cnicas y de efectividad ocultando, de manera casi infantil, las verdaderas. Las inscripciones en el Registro Civil de los nacimientos, matrimonios y defunciones son gratis y dicen los legisladores que seguir¨¢n si¨¦ndolo. Manipulan burdamente la realidad: las certificaciones de estos actos que son imprescindibles para que el ciudadano pueda desarrollar sus m¨²ltiples actividades. Ocultan que llevar¨¢n una tasa que cobraran los registradores y gravar¨¢ al ciudadano.

Las cuentas claras. Las certificaciones expedidas por el Registro Civil de Madrid, ¨¢rea metropolitana, ascendieron a cerca de 800.000 en el a?o 2012. Si ponemos una tasa de 10 euros y la proyectamos sobre la totalidad de la poblaci¨®n, calculen a cu¨¢nto puede ascender la suma recaudada en todo el territorio nacional.

Creemos que es imprescindible paralizar el proyecto y explicar con claridad a los ciudadanos por qu¨¦ lo que ahora funciona perfectamente y es gratis se convierte en una nueva fuente de recaudaci¨®n en detrimento de muchos y beneficio de unos pocos. Los grupos parlamentarios que apoyen el proyecto deben ser conscientes de su finalidad. Un paso m¨¢s hacia la reducci¨®n del d¨¦ficit presupuestario cargando los costos de un servicio p¨²blico de primera necesidad sobre los bolsillos exhaustos de todos los ciudadanos sin tener en cuenta su capacidad econ¨®mica.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn es abogado, magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas.