La protesta llama a su puerta

La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido se?alar de manera directa a los pol¨ªticos que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular por la daci¨®n en pago. Este tipo de se?alamiento personal se conoce como escrache, y el primero se produjo ante la c¨²pula del Partido Popular, que se encontraba reunida en un hotel de Madrid. El segundo fue en Barcelona, frente a la vivienda de la concejal del mismo partido, ?ngeles Esteller. Le siguieron otros, que afectaron al ministro de Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz; o al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas.

El m¨¢s reciente, el mi¨¦rcoles en Valencia, se realiz¨® frente a la vivienda de Esteban Gonz¨¢lez Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no estaba en casa en ese momento. Pero su familia s¨ª? estaba. ¡°Entraron en el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45 minutos. ?sta no es la forma de convencerme¡±, manifest¨® al enterarse de los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se trata de ataques a ¡°representantes de la soberan¨ªa popular¡±, asegur¨® ayer a El PA?S: ¡°Asustar a mi familia es un m¨¦todo mafioso. Hoy lo hacen para que los pol¨ªticos cambiemos el voto. Ma?ana lo har¨¢n con los jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a se?alar, pero se?alar es lo que hac¨ªan los nazis con los jud¨ªos¡±. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, se manifest¨® de forma similar tras el Consejo de Ministros. Asegur¨® que algunas actuaciones ¡°invaden los derechos de otros¡±, mientras ped¨ªa ¡°respeto¡± a los pol¨ªticos y ¡°especialmente a sus familias¡±, que sufren manifestaciones frente a sus casas.

?Son legales estas actuaciones? ?Canalizan el malestar social de modo democr¨¢tico o son meras acciones de coacci¨®n? ¡°Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del pol¨ªtico, pero solo el aliento, est¨¢n m¨¢s que legitimadas¡±, se?ala Jes¨²s Mar¨ªa Os¨¦s, profesor de Historia del Pensamiento Pol¨ªtico en la Universidad P¨²blica de Navarra. ¡°El l¨ªmite infranqueable es la violencia f¨ªsica. O que la presi¨®n se ejerza contra la familia¡±. La PAH asegura que se trat¨® de una ¡°se?alaci¨®n p¨²blica y pac¨ªfica¡±, pero Gonz¨¢lez Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de ¡°intimidar¡± a su familia llamando al timbre de su casa.

El se?alamiento (o escrache) nace en Argentina. Escrachar implica evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). ¡°Ante la impunidad de las leyes de punto final, que imped¨ªan juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los se?alamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era leg¨ªtimo que la ciudadan¨ªa supiera quienes eran y qu¨¦ hab¨ªan hecho¡±, explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra.

Esta modalidad de queja nace en Argentina tras las leyes de punto final

Espa?a vive la peor crisis desde la restauraci¨®n de la democracia y solo el a?o pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, seg¨²n datos del Poder Judicial. El drama de los desahucios afecta, pues, a centenares de miles de personas. En este contexto, ¡°se llega a la conclusi¨®n que las movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de la agenda pol¨ªtica, se importan medidas extranjeras con la esperanza de que funcionen¡±, plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicolog¨ªa Social de la Complutense.

?Es comparable la situaci¨®n argentina y espa?ola? ¡°Es dif¨ªcil apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo reticencias de que sea la mejor opci¨®n¡±, se?ala Revilla.

La catedr¨¢tica de ¨¦tica Victoria Camps cree que se trata de un ejercicio de libertad de expresi¨®n, siempre y cuando se ajuste a unos l¨ªmites precisos. ¡°Es leg¨ªtima si es pac¨ªfica, se produce en la v¨ªa p¨²blica y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, est¨¢n en su derecho de informar, incluso si es de forma tan directa¡±.

Los diputados

La jurista Magda Oranich considera que es ¡°l¨ªcito, siempre que no haya coacciones ni amenazas¡±, pero se manifiesta en contra. ¡°No creo que sea la mejor forma de presi¨®n en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no¡±. En su opini¨®n, ser¨ªa mejor ¡°manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio¡±, porque se coacciona no solo al pol¨ªtico, ¡°que lo lleva impl¨ªcito en el cargo¡±, sino ¡°a sus hijos y vecinos¡±, que nada tienen que ver.

Seg¨²n una encuesta publicada por EL PA?S el domingo, el 67% desconoc¨ªa la campa?a de escrache de la PAH. Aunque el 89% ¡ªel 87% entre votantes del PP¡ª aseguraba estar de acuerdo. El catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa y presidente de Metroscopia, Jos¨¦ Juan Toharia, abunda en por qu¨¦: ¡°El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campa?as. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Adem¨¢s, pagan m¨¢s los que menos tienen y los que son percibidos como culpables ¡ªlos expertos financieros¡ª no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el tel¨®n de fondo¡±.

Mir a?ade: ¡°Nuestra sociedad es m¨¢s sensible a la alteraci¨®n del orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el desempleo y los desahucios¡±. Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que ¡°se busca visualizar una realidad; que se vea que detr¨¢s de las decisiones pol¨ªticas hay personas. Esta acci¨®n est¨¢ a la altura de la situaci¨®n de crisis que vivimos¡±.

¡°El verdadero sufrimiento es el de los afectados por la crisis¡±, dice Jordi Mir

La calificaci¨®n como ¡°violencia¡± del escrache genera tambi¨¦n cierta controversia. Quienes las sufren se sienten ¡°acosados¡± y consideran que se est¨¢ vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacci¨®n proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. ¡°La presi¨®n de las instituciones sobre las personas obliga a ¨¦stas a una leg¨ªtima defensa¡±, argumenta Os¨¦s. El polit¨®logo ??igo Errej¨®n asegura que la PAH ha visibilizado lo que antes era una violencia ¡°privada y extrema. Hasta ahora la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga ad¨®nde ir, era algo privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho p¨²blico¡±.

Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan ning¨²n tipo de acoso ni hayan superado los l¨ªmites de la legitimidad: ¡°Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El l¨ªmite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero p¨²blico mientras la gente se tira por la ventana¡±. Seg¨²n la activista, la plataforma apela ¡°a la conciencia individual de cada diputado¡±, pidi¨¦ndole que vaya ¡°m¨¢s all¨¢ de la disciplina de voto del partido¡±.

Es leg¨ªtima si es pac¨ªfica y no viola el espacio privado, dice Victoria Camps

Sin embargo, en Espa?a, con un sistema electoral de listas cerradas, los diputados est¨¢n sujetos a la llamada disciplina de voto. ¡°El hecho de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes supone una quiebra en el sistema¡±, opina Toharia.

Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. ¡°Hay acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jur¨ªdico, como ocupar locales vac¨ªos, y sin embargo son totalmente leg¨ªtimas¡±. Ayer, 200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de Gr¨¤cia de Barcelona.

¡°La legalidad es un concepto construido. Lo legal deber¨ªa ser leg¨ªtimo y lo leg¨ªtimo deber¨ªa hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es as¨ª¡±, abunda el psic¨®logo Jaume Funes. Y ahonda en c¨®mo los j¨®venes se rebelan contra los imperativos del sistema: ¡°Para tratar los escraches no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos j¨®venes es: ¡®ser¨¢ legal, pero no mi legalidad¡¯. No se sienten representados por un sistema que ven injusto¡±. Mir a?ade: ¡°Las autoridades deber¨ªan reflexionar sobre los riesgos de carecer de espacios para el debate pol¨ªtico m¨¢s all¨¢ de las elecciones¡±.

Seg¨²n el polit¨®logo Errej¨®n, las l¨ªneas rojas ¡°se traspasan desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quiz¨¢, pero hace mucho que esta gente no son los primeros en quebrantar las cosas¡±.

Los cr¨ªticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha traspasado una l¨ªnea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remiti¨® ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la que se?alaba que ¡°algunos compa?eros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que, ante ¡°cualquier amenaza¡±, mantuviesen la calma e informaran a la direcci¨®n del partido, que tomar¨ªa las "medidas legales oportunas". La n¨²mero dos socialista, Elena Valenciano, mostr¨® su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: ¡°S¨¦ que la gente lo est¨¢ pasando mal¡±, se?al¨®. ¡°Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado¡±.