El PP rebaja la zona de protecci¨®n de la costa de 100 a 20 metros
El Gobierno asegura que en esa franja liberada no se prohibir¨¢ hacer obras Las enmiendas del grupo popular amnist¨ªan dos n¨²cleos de poblaci¨®n m¨¢s
El PP ha abierto un poco m¨¢s el coladero de los pecados urban¨ªsticos del litoral y avanza en la privatizaci¨®n de la costa espa?ola. Una enmienda a la nueva Ley de Costas reduce en la pr¨¢ctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros, por lo que las viviendas que se sit¨²an en esos 80 metros de diferencia pasar¨¢n de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura, a tener todos los parabienes para hacer obras cumpliendo la normativa de ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas.
Para entrar en este nuevo saco de regularizaci¨®n, las viviendas deben cumplir uno de estos requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuaci¨®n de aguas residuales y suministro de energ¨ªa el¨¦ctrica. O bien, estar ¡°en ¨¢reas consolidadas por la edificaci¨®n, al menos en un tercio de su superficie¡±.
En el Ministerio de Medio Ambiente explican que este cambio responde a las reclamaciones de Canarias y Galicia, y pretende resolver la situaci¨®n de los n¨²cleos de poblaci¨®n preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no ten¨ªan entonces la calificaci¨®n de suelo urbano, pero cumpl¨ªan con alguno de los requisitos que se establecen en la enmienda. En estos casos, la servidumbre de protecci¨®n pasar¨¢ de 100 metros a 20 metros. ¡°Esto quiere decir que en los 80 metros de diferencia, desde la perspectiva de la Ley de Costas, no habr¨¢ prohibici¨®n para edificar¡±, explican fuentes de Medio Ambiente, aunque aseguran que no se podr¨¢ hacer obra nueva, ni aumentar la edificabilidad.
Los ayuntamientos beneficiarios deber¨¢n solicitarlo en el plazo de tres meses desde la aprobaci¨®n de la norma y el tr¨¢mite terminar¨¢ en dos a?os. Si Medio Ambiente no ha respondido a los 18 meses, se entender¨¢ que su informe es favorable.
¡°Es un coladero, legaliza todos los incumplimientos¡±, considera Fernando Palao, exsecretario de Estado con el PSOE y redactor de la Ley de Costas vigente desde 1988. Palao cree que solo quedar¨¢n fuera de esta criba las zonas en las que haya alguna casa solitaria. ¡°El problema es c¨®mo se va a aplicar todo eso¡±, se cuestiona.
La servidumbre de protecci¨®n de 20 metros era una circunstancia excepcional hasta ahora. Para el abogado Jos¨¦ Ortega, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas el mayor problema para desproteger estas zonas se generar¨¢ cuando llegue a la hora de calcular la superficie consolidada de esas ¨¢reas. ¡°No se delimita sobre qu¨¦ superficie se va a calcular¡±, subraya.
La propuesta del PP forma parte de las 184 enmiendas a la reforma, bautizada Proyecto de Ley de Protecci¨®n y uso sostenible del litoral, que se debatir¨¢n este mes en el Senado. En el barrio Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), conf¨ªan en que el cambio al menos les permita ganar tiempo. En este n¨²cleo tienen 21 ¨®rdenes de demolici¨®n y hay otras 30 viviendas que tambi¨¦n podr¨ªan recibirla por invadir suelo de dominio p¨²blico. ¡°La enmienda no se refiere a n¨²cleos con riesgo de demolici¨®n. Se trata de n¨²cleos que existen legalmente desde antes de 1988, se encuentran fuera de dominio p¨²blico y tienen due?os¡±, precisan en Medio Ambiente.
Mar¨ªa Rosa de Haro, senadora del PP por La Palma, asegur¨® el viernes durante un debate en el Parlamento canario, que esta enmienda, la 182, flexibiliza la servidumbre p¨²blica para aquellas zonas que demuestran que cuentan con servicios urbanos. Durante la mesa redonda aportaron las cifras de este problema en las islas: 1.872 casas en dominio p¨²blico distribuidas en 72 n¨²cleos.
La nueva ley, pol¨¦mica porque salva de la destrucci¨®n unas 10.000 viviendas repartidas en diez n¨²cleos, tambi¨¦n incorporar¨¢ previsiblemente dos nuevos barrios amnistiados: Moa?a (Pontevedra), con unos 200 afectados, y Xilxes (Castell¨®n). Ese municipio, con 96 viviendas pendientes de consolidar, se hab¨ªa contemplado en el borrador, pero termin¨® cayendo de la lista.
Entre las modificaciones, el PP tambi¨¦n ha incluido una serie de medidas que contemplan los efectos del cambio clim¨¢tico. Entre ellas est¨¢ la posibilidad de extinguir el derecho de ocupaci¨®n de propiedades en riesgo de ser alcanzadas por el mar mediante la declaraci¨®n de situaci¨®n de ¡°regresi¨®n grave¡±. Esta condici¨®n la determinar¨ªa una Orden Ministerial y se publicar¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Tambi¨¦n se fija la obligaci¨®n de los adjudicatarios de cumplir con los requerimientos para adaptarse a la subida del nivel del mar, los cambios en la direcci¨®n del oleaje u otros aspectos del cambio clim¨¢tico y que los propietarios de terrenos ¡°amenazados por la invasi¨®n del mar o las arenas de las playas¡±, puedan construir obras de defensa.
La playa se reabre a fiestas y otros eventos
Entre los planes del partido del Gobierno para el litoral espa?ol se encuentra la posibilidad de celebrar eventos en las playas ampar¨¢ndose en su ¡°inter¨¦s tur¨ªstico¡±. Una de las enmiendas de los populares a la reforma de la Ley de Costas vigente, que data de 1988, prev¨¦ que se autoricen estas celebraciones en los tramos urbanos. La modificaci¨®n no especifica qu¨¦ tipo de actos tendr¨¢n cabida en las playas, algo que previsiblemente desarrollar¨¢ un reglamento. S¨ª incide en que se deber¨¢ garantizar la ¡°inmediata y completa restauraci¨®n del tramo ocupado, una vez finalizada la ocupaci¨®n¡±.
La celebraci¨®n de las tradicionales barbacoas en las playas de C¨¢diz con motivo del Trofeo Carranza ha sido fuente de conflicto entre el ayuntamiento de esa ciudad y la demarcaci¨®n de Costas. Las anal¨ªticas de las arenas hechas en 2006, por ejemplo, convencieron al responsable de que esta fiesta masiva no volviera a celebrarse al a?o siguiente en las mismas condiciones.
¡°Las ocupaciones de la playa que se permitan (servicios como restauraci¨®n, actividades n¨¢uticas, etc¨¦tera) deber¨¢n siempre respetar el uso com¨²n de las playas por cualquier ciudadano¡±, explica una portavoz del ministerio de Medio Ambiente. Esta misma fuente mantiene que, ¡°en ninguna playa de la costa espa?ola, que forma parte del dominio p¨²blico, es posible el uso privado¡±, tal y como se concibe en la costa italiana. ¡°No hay ninguna privatizaci¨®n de playas o tramos de playas¡±, aseguran. Entre las actividades citadas por el ministerio se incluyen los chiringuitos, restaurantes, ocupaciones para actividades n¨¢uticas...
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