El en¨¦simo golpe al litoral

Sin apenas cambios, y no por falta de debate, el PP aprob¨® ayer en el Senado su nueva Ley de Costas, pol¨¦mica porque saca del dominio p¨²blico unas 10.000 viviendas y da hasta 75 a?os m¨¢s de vida a construcciones que deb¨ªan comenzar a ser demolidas a partir de 2018. La mayor¨ªa absoluta de los populares les permiti¨® rechazar los cinco vetos de diferentes partidos que propon¨ªan devolver la norma al Congreso y comenzar de nuevo. Todas las formaciones argumentaban que incrementa la inseguridad jur¨ªdica, privatiza el litoral o que contradice directivas europeas e informes del propio Gobierno, entre otros asuntos.

Los senadores populares defienden la necesidad de modificar la Ley vigente, de 1988, para evitar nuevos algarrobicos ¡ªen referencia al mastod¨®ntico hotel de Carboneras (Almer¨ªa) levantado en dominio p¨²blico¡ª e insisten en el poder de revitalizaci¨®n econ¨®mica de la nueva norma. Estos son los puntos m¨¢s conflictivos de la nueva ley, que ahora debe ser ratificada en el Congreso, y las razones que el PP esgrimi¨® en el Senado para aprobarla:

? Concesiones de hasta 75 a?os. En nombre de la seguridad jur¨ªdica de los compradores, muchos de ellos extranjeros, se ampl¨ªa el sistema de concesiones para viviendas levantadas en dominio p¨²blico y que deber¨ªan comenzar a demoler en 2018. Medio Ambiente estima que ser¨ªan unas 2.000 s¨®lo en ese a?o. ¡°Estamos ciegos si no vemos que la costa es motor de inversi¨®n. Necesitamos la costa, necesitamos actividades econ¨®micas en la costa para generar empleo y riqueza¡±, argument¨® el senador Enrique L¨®pez Veiga (PP).

? Devoluci¨®n del dominio p¨²blico en dos a?os. Los propietarios de viviendas que pasaron a formar parte del dominio p¨²blico con la Ley de Costas de 1988 pueden recuperarlas si acreditan que las ten¨ªan inscritas en el Registro de la Propiedad. Una de las pocas concesiones que ha hecho el PP en el Senado garantiza que los propietarios recuperar¨¢n la titularidad en dos a?os.

? 12 n¨²cleos amnistiados. Un listado de construcciones que invaden el dominio p¨²blico quedar¨¢n legalizadas, sin que el Gobierno haya expuesto, hasta el momento, los motivos para seleccionarlas. ¡°Se quiere reconocer lo que la ley de 1988 no supo hacer porque entonces no ten¨ªan servicios¡±, explic¨® L¨®pez Veiga. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d'Aro (Girona), la r¨ªa de Punta Umbr¨ªa (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Ca?o del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (M¨¢laga) y Oliva (Valencia).

En el Senado se han a?adido a este grupo Xilxes (Castell¨®n) y Moa?a (Pontevedra). Representantes de ambos municipios acudieron al pleno de ayer para presenciar la votaci¨®n. ¡°Si no se hubiera legalizado Moa?a habr¨ªa que arrasar todo el n¨²cleo urbano¡±, explic¨® L¨®pez Veiga, que les envi¨® un saludo durante su turno de palabra.

? Chiringuitos. Los negocios playeros obtendr¨¢n concesiones de cuatro a?os, en vez de anuales, como ocurr¨ªa hasta ahora. El senador Antonio Sanz, ponente en nombre del PP, se felicit¨® por haber conseguido ¡°blindar legalmente¡± la actividad de los chiringuitos. ¡°Solo en mi regi¨®n, Andaluc¨ªa, eso significa 40.000 empleos en juego¡±, subray¨®.

? Menos zona de servidumbre. Uno de los ¨²ltimos cambios aprobados en el Senado reduce en la pr¨¢ctica la zona de litoral protegida de 100 a 20 metros. Las viviendas que se sit¨²an en esos 80 metros pasar¨¢n de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras, a tener todos los parabienes para realizar esos trabajos siempre que se cumpla la normativa de Ayuntamientos y comunidades. El PP insisti¨® ayer en que ¡°no se podr¨¢ aumentar edificabilidad¡±. Los expertos creen que ser¨¢ muy dif¨ªcil controlar la actividad y que contribuir¨¢ a cementar la escasa franja que queda libre en la costa.

? Cl¨¢usula ¡®antialgarrobicos¡¯. Permite al delegado del Gobierno paralizar un plan municipal si afecta a la servidumbre de protecci¨®n, en la que son competentes las comunidades aut¨®nomas. La oposici¨®n subraya que se invaden competencias delegadas en comunidades como Catalu?a o Andaluc¨ªa.

? Defensa del cambio clim¨¢tico. La Ley permite que las construcciones que invaden dominio p¨²blico se mantengan, siempre que el mar no les alcance o haya riesgo de que lo haga. Si se considera que esa zona est¨¢ en ¡°riesgo de regresi¨®n grave¡±, algo que debe de declarar una orden ministerial, el Estado puede asumir parte de las obras de defensa para protegerlas.

? Fiestas en la playa. Se abre la posibilidad de celebrar eventos en playas urbanas en funci¨®n de su ¡°inter¨¦s tur¨ªstico¡±, algo cuestionado porque pueden da?ar las condiciones de la arena.