A su se?or¨ªa no lo juzga cualquiera

Pongamos que usted conduce por la autov¨ªa A-6 Madrid-A Coru?a a la altura del municipio madrile?o de Collado Villalba y, en un control de alcoholemia, el alcohol¨ªmetro da una tasa superior a 0,60 miligramos de alcohol en aire aspirado. Usted habr¨¢ cometido un delito contra la seguridad vial que ser¨¢ instruido por un juzgado de instrucci¨®n del municipio en el que se cometi¨®, es decir, Collado-Villalba, del que, probablemente ser¨¢ titular un juez joven con poca experiencia y pocos a?os en la carrera. Ahora pensemos en que media hora despu¨¦s esa misma tasa de alcoholemia la da en ese mismo control situado en el mismo punto kilom¨¦trico de la A-6 un ministro, diputado o senador. Habr¨¢ cometido exactamente el mismo delito que usted que, por otro lado, no tiene nada que ver con las labores propias de su cargo pol¨ªtico, pero su caso lo investigar¨¢ y juzgar¨¢ la m¨¢s alta instancia penal del pa¨ªs, en la que ejercen los magistrados m¨¢s experimentados y que, a priori, ofrece las mayores garant¨ªas: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Es el aforamiento. Y no existe en ninguno de los pa¨ªses de nuestro entorno europeo. Tampoco en Estados Unidos. En Alemania, por ejemplo, el expresidente federal ¡ªel jefe del Estado, con unas funciones similares a las del Rey en Espa?a¡ª Christian Wulff tuvo que presentar su dimisi¨®n el 17 de febrero de 2012 despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa de Hannover pidiera que se le retirara la inmunidad por haber recibido sobornos de un empleado cinematogr¨¢fico. Si el Constitucional alem¨¢n se la hubiera retirado, no hubiera sido el alto tribunal el que lo hubiera juzgado, sino el competente del lugar donde se cometi¨® el delito, es decir, el de Hannover.

En Italia, al ex primer ministro Silvio Berlusconi, acaban de condenarlo a siete a?os de c¨¢rcel por inducci¨®n a la prostituci¨®n de menores por su relaci¨®n con Karima el Marough, Ruby, cuando esta ten¨ªa menos de 18. Pero, a diferencia de en Espa?a ¡ªdonde este caso lo hubiera juzgado el Supremo¡ª, el proceso se sigui¨® en un tribunal ordinario, el de Mil¨¢n, el lugar donde supuestamente se cometieron los delitos. Lo mismo ocurre en EE UU, donde el presidente y otros cargos, cuando existe una acusaci¨®n penal contra ellos, son sometidos a un juicio pol¨ªtico, el impeachment (al que fue sometido Bill Clinton por el esc¨¢ndalo de Monica Lewinsky). Pero si termina con su destituci¨®n, el delito se juzga en el tribunal de donde se cometieron los hechos y no en el Supremo.

Esta singularidad no existe en otros pa¨ªses europeos ni en Estados Unidos

Esc¨¢ndalos como el caso G¨¹rtel, que afecta a la c¨²pula del PP ¡ªy su derivada de los papeles de B¨¢rcenas¡ª o el caso Campe¨®n en el que est¨¢ imputado el exministro de Fomento socialista y actual diputado Jos¨¦ Blanco, han puesto en tela de juicio esa figura que algunos consideran un privilegio y otros un perjuicio respecto al resto de los ciudadanos. De lo que no hay duda es de que atenta contra la igualdad.

El abogado Gonzalo Mart¨ªnez-Fresneda, defensor de varios aforados ¡ªentre ellos el propio Blanco y el juez Baltasar Garz¨®n¡ª se encuentra entre los segundos. ¡°Desde mi punto de vista, el aforamiento presenta m¨¢s inconvenientes que ventajas¡±, explica. ¡°La ¨²nica ventaja en el caso del Supremo es la calidad jur¨ªdica de sus magistrados, que es innegablemente superior a la de otros de sus compa?eros, lo que a priori es una garant¨ªa¡±, contin¨²a el letrado. ¡°Sin embargo, a diferencia del resto de ciudadanos, los aforados al Supremo no tienen derecho a una segunda instancia, es decir, a que la resoluci¨®n final del caso sea revisada por otro ¨®rgano¡±, un derecho fundamental seg¨²n la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). ¡°Otro de los problemas de estos procesos¡±, seg¨²n Mart¨ªnez Fresneda, ¡°es que el magistrado instructor y los que conforman el tribunal que se encargar¨¢ de juzgar al aforado pertenecen a la misma sala¡±, en los casos de Garz¨®n y Blanco, la Sala de lo Penal del Supremo. ¡°Es dif¨ªcil que la sala mantenga la suficiente distancia en caso de que se recurra algunos de los actos del instructor y se corrijan sus actuaciones; ser¨ªa algo as¨ª como desautorizar a un compa?ero¡±, prosigue Mart¨ªnez Fresneda, que tambi¨¦n se queja de la enorme repercusi¨®n social de los procesos en el alto tribunal.

¡°El argumento de que los aforados al Supremo no tienen derecho a una segunda instancia es una pregunta trampa¡±, opone, sin embargo, el catedr¨¢tico de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castell¨®n Juan Luis G¨®mez Colomer. ¡°Puede que no tengan derecho al recurso como el resto de los ciudadanos, pero ya quisieran los ciudadanos que todos sus casos llegaran al alto tribunal. Solo unos pocos lo consiguen¡±, se?ala. Como Mart¨ªnez Fresneda, el profesor castellonense no niega la profesionalidad de los magistrados del Supremo o de los tribunales superiores, pero considera que no son los m¨¢s apropiados para instruir uno de estos casos. ¡°Estos ¨®rganos est¨¢n pensados para resolver recursos, para dar coherencia al sistema con sus resoluciones. Esa es su funci¨®n, no instruir y enjuiciar casos¡±. ¡°Cuando una causa de aforados llega al Supremo, puede que el magistrado al que se designa instructor no haya investigado en 30 a?os. Incluso puede que no lo haya hecho nunca porque sea, por ejemplo, un catedr¨¢tico que lleg¨® al tribunal a trav¨¦s del cuarto turno y nunca estuvo en un juzgado de instrucci¨®n¡±, prosigue Colomer, que advierte: ¡°Una mala instrucci¨®n implica una absoluci¨®n¡±.

La ventaja del Supremo es la calidad de sus magistrados

¡°Es como si el mejor neurocirujano tuviera que convertirse en m¨¦dico de familia y ocuparse de un constipado¡±, insiste el catedr¨¢tico de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV-EHU) I?aki Esparza quien, junto a Colomer, ha escrito el tratado m¨¢s importante sobre el aforamiento que se ha hecho en Espa?a, el Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales. El aforado, seg¨²n Esparza, no es un privilegiado, sino que, a su juicio, recibe una respuesta judicial de ¡°peor calidad¡± que cualquier otro ciudadano. ¡°Si Berlusconi hubiera sido juzgado en Espa?a tendr¨ªa razones para preocuparse, porque no podr¨ªa recurrir¡±, afirma. ¡°Si yo fuera un aforado y tuviera que ir a juicio me buscar¨ªa un buen abogado que llevara mi caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la imposibilidad de que otro tribunal revise mi sentencia¡±. El TEDH ha condenado en varias ocasiones a Espa?a por la inexistencia de la doble instancia, algo que ese ¨®rgano considera parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Sea o no un privilegio, todos los expertos consultados coinciden en que en Espa?a existen demasiados aforados. A los previstos en la Constituci¨®n ¡ªpresidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores, todos ellos aforados al Supremo¡ª se suman todos los que prev¨¦ la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial ¡ªjueces y fiscales (aunque ¨²nicamente en el ejercicio de su cargo), magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos¡ª y los establecidos por los estatutos ¡ªmiembros de los Gobiernos y Parlamentos aut¨®nomos y defensores del pueblo auton¨®micos¡ª que aforan a sus cargos a la Sala de lo Penal de sus respectivos tribunales superiores (salvo el de Andaluc¨ªa, a cuyo presidente lo juzga tambi¨¦n el Supremo). A estos hay que sumar los m¨¢s de 200.000 guardias civiles, polic¨ªas nacionales, auton¨®micos y locales que tambi¨¦n est¨¢n aforados a las audiencias provinciales. Grosso modo, en Espa?a hay, pues, entre 210.000 y 220.000 aforados.

Son muchos y, adem¨¢s, sus procesos crean importantes disfunciones. Por ejemplo, cuando en un caso conviven aforados y otras personas que no lo son y la sentencia de los primeros podr¨ªa ser contradictoria con la de los dem¨¢s, los no aforados suelen acabar tambi¨¦n en el tribunal especial que, si es el Supremo, les deja tambi¨¦n sin derecho a que su caso sea revisado en segunda instancia. Adem¨¢s, dificultan la persecuci¨®n de los delitos de corrupci¨®n en los que muy frecuentemente hay aforados. Su presencia obliga al instructor original a dividir la causa y enviarla a los distintos tribunales a los que est¨¦n aforados los cargos imputados con el consiguiente riesgo de defectos de forma que pueden acabar en absoluciones poco deseables. Y si a un aforado no le gusta su instructor y quiere otro, le basta con dimitir.

Por ello, Esparza propone que se revise cada categor¨ªa de aforados para comprobar si existen motivos para mantener el aforamiento. ¡°Habr¨ªa que conservar ¨²nicamente los que establece la Constituci¨®n [Gobierno, diputados y senadores] y limitar los del resto al ejercicio de su cargo¡±, opina el catedr¨¢tico de Procesal de la Carlos III V¨ªctor Moreno Catena.

El pasado 12 de junio, la diputada de UPyD Rosa D¨ªez pidi¨® al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que redujera los aforados al considerarlos ¡°privilegiados¡±. Gallard¨®n le respondi¨® que el fuero no es ninguna ventaja, que el cargo que lo tiene ¡°pierde derechos¡± y no tiene acceso a la segunda instancia. La cuesti¨®n es, si en realidad es un perjuicio, ?por qu¨¦ Gallard¨®n y muchos otros aforados, los que pueden eliminarlo, se oponen a ello?

Luis B¨¢rcenas, extesorero del Partido Popular

El juez Garz¨®n, primer instructor del caso G¨¹rtel, se inhibi¨® al Supremo al encontrarse sus iniciales (L.B.) en la contabilidad B de Correa. Al dejar de ser senador, su caso pas¨® al Superior de Madrid y despu¨¦s al juez Pablo Ruz.

Jos¨¦ Blanco, exministro de Fomento

Imputado por tr¨¢fico de influencias en el caso Campe¨®n.Habr¨ªa usado su cargo de ministro para ayudar a un empresario a obtener licencia para una nave en Sant Boi de Llobregat. Su caso lo lleva el Supremo al ser a¨²n diputado (PSOE).

Yolanda Barcina, presidenta de Navarra

Como presidenta de Navarra (UPN) est¨¢ aforada al Supremo, que en los pr¨®ximos d¨ªas decidir¨¢ si admite la inhibici¨®n de un juzgado de Pamplona por cohecho impropio en el cobro de dietas dobles y triples de Caja Navarra.

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante

La alcaldesa de Alicante est¨¢ imputada en el caso Brugal por el supuesto ama?o del PGOU de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz. Su caso lo lleva el Superior Valenciano al no haber dimitido como diputada auton¨®mica (PP).

Francisco de Urqu¨ªa, exjuez

Al estar aforado, el exjuez de Marbella fue juzgado en el Superior Andaluz por los sobornos recibidos del cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca. Tambi¨¦n recibi¨® sobornos para dejar libres a dos imputados del caso Hidalgo.

Baltasar Garz¨®n, exjuez

El impulsor del caso G¨¹rtel fue su primera v¨ªctima. Aforado al Supremo, , le abrieron tres causas casi simult¨¢neas. Lo condenaron por autorizar escuchas a imputados de G¨¹rtel en prisi¨®n. Sostiene que su aforamiento le perjudic¨®.

Oriol Pujol, 'n¨²mero dos' de Convergencia

El n¨²mero dos de CDC est¨¢ imputado por tr¨¢fico de influencias en el caso ITV.Lo investiga el Superior de Catalu?a al ser Pujol parlamentario auton¨®mico. Habr¨ªa ama?ado la concesi¨®n de estaciones ITV en esa comunidad.

Rafael Blanco, exdiputado auton¨®mico del PP

Suspendido en el PP y expulsado de su grupo en las Cortes Valencianas, permanece como diputado no adscrito, lo que permite que el supuesto desv¨ªo de fondos para la cooperaci¨®n lo invesitgue el Superior Valenciano y no un juzgado.