Todo menos la demolici¨®n

El boom inmobiliario ha pasado, pero los ladrillos que se colocaron en pleno furor, cuando algunos concejales de Urbanismo miraban para otro lado, contin¨²an bien pegados al suelo. Los fiscales de Medio Ambiente siguen teniendo ¡°serios problemas¡± para conseguir que se ejecuten las demoliciones de las construcciones ilegales. Los propietarios tratan de retrasar la llegada de la piqueta todo lo posible, bien buscando fallos en el proceso, o agarr¨¢ndose a nuevas normativas regularizadoras, como la Ley de Costas. Los Ayuntamientos o comunidades, que deben responder de forma subsidiaria porque ellos deb¨ªan velar por la legalidad urban¨ªstica, alegan en muchas ocasiones de que no tienen fondos para asumirlo. ¡°Nos damos contra un muro¡±, cuenta Patricia Navarro, la fiscal de Medio Ambiente de C¨¢diz.

La memoria de la Fiscal¨ªa Coordinadora de Medio Ambiente de 2012, hecha p¨²blica esta semana, destaca la situaci¨®n ¡°parad¨®jica¡± en la que se encuentra esta medida legal. Aunque los derribos de construcciones irregulares se sigan acordando de manera m¨¢s o menos fluida ¡ªse interponen unas 100 ¨®rdenes de demolici¨®n al a?o¡ª, hay poco consenso en los tribunales sobre su necesidad o naturaleza.

La Fiscal¨ªa no dispone de una estad¨ªstica de ¨®rdenes de demolici¨®n, algo que hace muy dif¨ªcil calcular la cantidad de las que hay en Espa?a. Tampoco existen datos oficiales y globales de viviendas ilegales, pero las comunidades con problemas m¨¢s sonoros son Andaluc¨ªa, donde el Gobierno regional estima que hay unas 300.000 construcciones irregulares, 60.000 de ellas en M¨¢laga, o Valencia, donde Greenpeace calcula hasta 50.000 casas ilegales solo en la zona costera. Cantabria tambi¨¦n es conocida por sus desmanes urban¨ªsticos, con 663 sentencias de derribo, seg¨²n datos del Gobierno regional.

Las divergencias a la hora de sentenciar son todo un cl¨¢sico. Sevilla habla de una ¡°irreconciliable disparidad¡± con las demoliciones. Mientras tres secciones de la Audiencia sevillana las acuerdan con ¡°bastante regularidad¡±, una cuarta no la aplica ¡°como regla general¡±. Hasta 2012 han conseguido que se acuerden m¨¢s de 100 derribos. En algunos casos, el propietario de la vivienda ilegal ha llegado a entrar en prisi¨®n porque no asumi¨® la demolici¨®n como forma de responsabilidad civil.

Ja¨¦n tambi¨¦n destaca por la ¡°extraordinaria reticencia de los jueces¡± para acordar esta medida. De las 72 condenas por delitos urban¨ªsticos y contra la ordenaci¨®n del territorio en las que ha intervenido la fiscal de Medio Ambiente Isabel Uceda, solo dos llevaban aparejada la piqueta. Uno de los casos m¨¢s llamativos es el de una urbanizaci¨®n levantada en el entorno del yacimiento ¨ªbero de Puente Tablas, en una zona residencial de la capital catalogada como Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC). En este barrio hay chal¨¦s con ¨®rdenes de demolici¨®n y otros, colindantes, con condena, pero sin esta medida. Los propietarios ven en esa falta de unidad de criterio judicial una clara ¡°inseguridad jur¨ªdica¡±.

Los ejemplos negativos son los m¨¢s numerosos. La fiscal¨ªa de C¨¢ceres se queja de la falta del ¡°conocimiento m¨¢s elemental por parte de determinados juzgadores¡± sobre las caracter¨ªsticas de la orden de demolici¨®n, y en Valencia denuncian que su Audiencia ha dejado de aplicar o recurre a la anulaci¨®n sistem¨¢tica de todas estas ¨®rdenes. Aunque no se ejecuten, la buena noticia es que los jueces valencianos las est¨¢n acordando con m¨¢s frecuencia. Si en 2011 esta medida iba incluida en el 37% de las condenas, en 2012 ha subido hasta un 63%.

El contrapunto a esta situaci¨®n, enquistada en los ¨²ltimos a?os, lo ha puesto una sentencia del Tribunal Supremo. La resoluci¨®n, del 21 de junio de 2012, reconoce los principales argumentos que la Fiscal¨ªa en defensa de la necesidad de imponer esta medida, como que es la ¨²nica manera de reparar el da?o causado por el delito. ¡°La demolici¨®n es la responsabilidad civil¡±, ha declarado el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verger.

Hay infractores que apelan a la Ley de Costas para frenar ejecuciones

La fiscal Patricia Navarro pidi¨® al Supremo que se posicionara sobre este asunto planteando un recurso de casaci¨®n a una condena por una construcci¨®n ilegal en el Puerto de Santa Mar¨ªa que no llevaba aparejado el derribo. El alto tribunal acept¨® ¡ªy su decisi¨®n sienta jurisprudencia¡ª que el derribo debe ser la ¡°regla general¡± y no una excepci¨®n, algo que se deduce del nuevo contenido del art¨ªculo 319 del C¨®digo Penal, y que si no se aplica favorece la sensaci¨®n de impunidad.

C¨¢diz tiene unas 40.000 viviendas irregulares y a finales de 2012 hab¨ªa 70 ¨®rdenes de demolici¨®n sin acometer. ¡°En la zona de Chiclana, Chipiona o la costa, ha habido un crecimiento muy r¨¢pido y una vivienda ilegal sin demoler es un efecto llamada¡±, considera Navarro. Sobre su mesa hay ¨®rdenes de derribo de 2007 que todav¨ªa no se han ejecutado porque les plantean infinidad de incidentes para evitarlo. ¡°Se solicita, por ejemplo, el indulto, y aqu¨ª no cabe, porque no se trata de una pena¡±, explica la fiscal gaditana.

Los propietarios est¨¢n agarr¨¢ndose a la posibilidad de beneficiarse de la nueva Ley de Costas, aprobada este verano, que reduce las zonas protegidas. Tambi¨¦n a decretos, como el que present¨® la Junta de Andaluc¨ªa en 2012 para regularizar el 90% de las construcciones irregulares, o a cambios en los planes urban¨ªsticos de los municipios que les pudieran beneficiar.

Puede haber sentencias distintas para casas de una misma urbanizaci¨®n

Un colectivo de extranjeros afectados por los desmanes urban¨ªsticos cometidos en el Valle del Almanzora (Almer¨ªa), donde hay 12.000 construcciones ilegales, ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento, un juez de Almer¨ªa ha suspendido la orden de demolici¨®n de la casa de un matrimonio brit¨¢nico hasta ver el resultado de la demanda internacional. Gerardo V¨¢zquez, letrado de la asociaci¨®n, reclama un cambio urgente en el sistema. ¡°Es un modelo bizantino, es evidente que han fallado los controles por la cantidad de viviendas ilegales que hay¡±, contempla. Los 300 socios de la asociaci¨®n, la mayor¨ªa brit¨¢nicos jubilados, compraron casas en suelo r¨²stico y los promotores pusieron pies en polvorosa. No tienen derecho a suministros b¨¢sicos, como electricidad o agua, pero lo m¨¢s grave es la sombra de la excavadora.

En Mijas (M¨¢laga), hay 8.000 construcciones irregulares, pero el decreto de la Junta de Andaluc¨ªa ha abierto la puerta a la regularizaci¨®n de la mitad. Las otras 4.000 luchan por encontrar un hueco legal que las salve. En este pueblo de la Costa del Sol ya ha habido varias demoliciones y el equipo municipal, del PP, reconoce que no son plato de gusto. ¡°Intentamos encontrar soluciones legales, pero contra las viviendas con expediente de demolici¨®n no se puede hacer nada¡±, explican.

En Navarra han tenido que embargar de forma previa a los condenados para poder pagar esos derribos. En 2012 ha habido cinco sentencias. El caso t¨ªpico es el de una caseta de huerta que se ha ido mejorando hasta convertirla en vivienda, en especial en la Ribera navarra. Todo un cl¨¢sico del urbanismo espa?ol.

Con informaci¨®n de Javier Doria y Gin¨¦s Donaire.