El Supremo obliga al Gobierno a pagar a Escal UGS si se cierra el almac¨¦n Castor

El Tribunal Supremo ha rechazado la petici¨®n del Gobierno de anular la indemnizaci¨®n al almac¨¦n de gas Castor, situado a 21 kil¨®metros de las costas de Vinar¨®s (Castell¨®n), en el caso de que mediara negligencia o dolo por parte de la empresa que lo gestiona. El abogado del Estado solicit¨® la anulaci¨®n de una cl¨¢usula del real decreto de 2008 con el que se autoriz¨® la concesi¨®n administrativa por considerarla abusiva y contraria al inter¨¦s general. La petici¨®n se hizo el 11 de mayo de 2012, mucho antes de que se desencadenaran la cadena de se¨ªsmos, el mayor de magnitud 4,2, que ha alarmado en las ¨²ltimas semanas a la poblaci¨®n de Castell¨®n y Tarragona y por los que Industria paraliz¨® la actividad hasta que se averig¨¹e su origen y posible continuidad.

En una sentencia del 14 de octubre, la sala de lo Contencioso Administrativo de la Secci¨®n Tercera acuerda desestimar el recurso presentado por el Gobierno y le condena a pagar las costas, seg¨²n publica el Mundo. La decisi¨®n, tomada por cinco magistrados, formar¨¢ parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El Gobierno pretend¨ªa anular el art¨ªculo 14, concretamente el p¨¢rrafo final, de en un real decreto de 2008 que autorizaba la concesi¨®n administrativa del almac¨¦n de gas Castor.

El art¨ªculo dispone que, en el caso de suspensi¨®n o finalizaci¨®n de la concesi¨®n, las instalaciones pasar¨ªan a ser titularidad del Estado y se tendr¨ªa que indemnizar al operador con su valor neto, actualmente estimado en 1.700 millones. Si obrara de por medio dolo o negligencia, la indemnizaci¨®n bajar¨ªa hasta el ¡°valor residual¡± de las instalaciones.

La sentencia concluye que ¡°no hay argumentos legales¡± para evitar esa conclusi¨®n y que si se sigue la argumentaci¨®n que defiende el abogado del Estado en su recurso ¡°ser¨ªa contraria a derecho no solamente la compensaci¨®n por el valor residual de las instalaciones en caso de dolo o negligencia que se pretende anular, sino tambi¨¦n cualquier tipo de compensaci¨®n¡± por interrupci¨®n de contrato.

Durante el procedimiento, la empresa Escal UGS, SL., gestora del almac¨¦n de gas, subray¨® que la petici¨®n de declaraci¨®n de lesividad se hab¨ªa solicitado ¡°tras un largo tiempo desde que se otorg¨® la concesi¨®n¡±, en 2008, algo que, a su parecer supon¨ªa una actuaci¨®n contraria a la buena fe y a la confianza leg¨ªtima generada por la propia conducta de la administraci¨®n. ¡°Ser¨ªa contrario a la equidad, la gratuidad de la reversi¨®n de las instalaciones en caso de extinci¨®n o caducidad de la concesi¨®n, pues se producir¨ªa un enriquecimiento injusto del Estado que adquirir¨ªa gratuitamente unas instalaciones car¨ªsimas que nunca se habr¨ªan construido sin la cl¨¢usula que se debate¡±, argumentaron.

¡°Aqu¨ª no se trata de una concesi¨®n en la que el titular emprende un aprovechamiento del dominio p¨²blico a su riesgo y ventura empresarial, sino que se construye una instalaci¨®n sometida a un r¨¦gimen econ¨®mico integrado gasista en el que la retribuci¨®n no es libre, sino regulada, y que, de acuerdo con la propia Ley del Sector El¨¦ctrico, ha de responder al criterio de rentabilidad razonable de la inversi¨®n¡±, destaca la sentencia de la argumentaci¨®n de la empresa.

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sa¨¦nz de Santamar¨ªa adelant¨® la semana pasada tras el Consejo de Ministros que esa cl¨¢usula les parec¨ªa lesiva, pero que acatar¨ªan la voluntad del Supremo.