Nuevo intento del Gobierno para frenar el ¡®spam¡¯ telef¨®nico

Desde diciembre de 2009 existe en Espa?a una ley para proteger a los ciudadanos del acoso telef¨®nico comercial (conocido como spam). Seg¨²n esa norma, las empresas deben utilizar sistemas que permitan al consumidor dejar constancia de su oposici¨®n a seguir recibiendo propuestas comerciales de esa compa?¨ªa por medios telem¨¢tico. Tambi¨¦n proh¨ªbe realizar llamadas publicitarias desde n¨²meros ocultos, para que las personas que quieran denunciar un acoso puedan identificar qui¨¦n es el autor de ese acoso. Pero casi cuatro a?os despu¨¦s, los ciudadanos no se sienten m¨¢s protegidos ante este tipo de pr¨¢cticas publicitarias agresivas: siguen bombardeados a cualquier hora, continuamente encuentran obst¨¢culos para manifestar su deseo de no seguir recibiendo llamadas y, aunque los n¨²meros ya no son ocultos, en muchos casos cuando se devuelve la llamada no responde nadie.

En un nuevo intento por frenar este acoso, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado esta tarde que propondr¨¢ a las empresas de telecomunicaciones que habiliten un sistema para que, en la misma llamada en que se realiza una oferta comercial, permitan que el consumidor pueda decir que no desea recibir m¨¢s llamadas. Lo ha asegurado en el pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del Grupo Mixto.

La ministra ha asegurado que el Gobierno es consciente de que hay ¡°un creciente malestar ciudadano por el aumento de las llamadas comerciales¡±, por lo que est¨¢ estudiando nuevas herramientas para ¡°garantizar la intimidad de las personas, de manera muy especial de los menores y adolescentes¡±.

La organizaci¨®n de consumidores Facua ha reaccionado con escepticismo a este anuncio. "La ley actual ya impone al empresario habilitar sistemas que permitan al consumidor dejar constancia de su oposici¨®n a seguir recibiendo propuestas. Lo que tiene que hacer el Gobierno no es anunciar que va a proponer a las empresas que cumplan la ley, sino hacer que la cumplan", comenta Rub¨¦n S¨¢nchez, portavoz de Facua.

FACUA insiste que el problema no es la falta de regulaci¨®n legal, sino que el Gobierno no est¨¢ haciendo cumplir la normativa. La asociaci¨®n reclama al Ejecutivo que aplique de una vez la ley e imponga sanciones contundentes. La Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) es el organismo que tiene las competencias sancionadoras ante este tipo de pr¨¢cticas.