La UE quiere atar corto a los ¡®lobbies¡¯
La Comisi¨®n y el Parlamento preparan una norma para incentivar que los grupos se identifiquen Las ONG critican que el registro siga siendo voluntario
En el viejo dilema entre el palo y la zanahoria, Europa ha optado por la hortaliza. Al menos en su trato a los grupos de presi¨®n. La Comisi¨®n y el Parlamento ultiman el documento que deber¨¢ definir la forma en la que las instituciones europeas se relacionar¨¢n en el futuro con los miles de integrantes de lobbies, abogados, oenegeros, consultores o expertos de centros de investigaci¨®n que pululan por Bruselas. Ninguna norma obligar¨¢ a nadie a inscribirse en el registro creado en 2011. Pero la revisi¨®n de este instrumento incluye una treintena de medidas con la que las autoridades de Bruselas quieren vencer las reticencias de las empresas y organizaciones m¨¢s reacias a desnudarse en p¨²blico. ¡°Nuestra idea es crear tanta presi¨®n que les haga muy dif¨ªcil trabajar fuera de ese ¨¢mbito. Queremos tener un registro que de facto sea obligatorio, pese a seguir siendo voluntario¡±, explican a este peri¨®dico fuentes comunitarias.
?Qu¨¦ medidas son esas? Las discusiones entre la Comisi¨®n y el Parlamento no han concluido ¡ªa¨²n deben celebrarse dos reuniones en diciembre¡ª, pero la filosof¨ªa del texto est¨¢ clara. Los incentivos ir¨¢n desde aspectos pr¨¢cticos, como facilitar el acceso a la Euroc¨¢mara a los que est¨¦n registrados, hasta privilegiar a los que han pasado por el aro en consultas p¨²blicas ¡ªsolo los inscritos recibir¨ªan cierta informaci¨®n de proyectos legislativos¡ª o en reuniones que organicen las distintas autoridades europeas. Casos recientes como el de la normativa sobre el tabaco, Google o la protecci¨®n de datos han puesto de manifiesto la gigantesca maquinaria que los lobbies pueden poner en marcha, tanto a favor como en contra de una causa.
Las fuentes consultadas insisten en que la Comisi¨®n se preocupa por caminar sobre un fino alambre para no traicionar el principio de buen gobierno que obliga a informar a todos los afectados por un cambio legal y al mismo tiempo impulsar la transparencia. Los impulsores del proyecto conf¨ªan en que el estar o no registrado se convertir¨¢ en una cuesti¨®n de reputaci¨®n; y que eso obligar¨¢ a dar el paso a los que a¨²n dudan. Es el caso del Deutsche Bank, que pese a las reticencias iniciales, consta hoy en el listado.
Pero estos argumentos no convencen a las ONG m¨¢s activas en transparencia, que reclaman un registro obligatorio, como el de Estados Unidos. ¡°El texto que est¨¢ a punto de conocerse deber¨ªa ser mucho m¨¢s ambicioso. No es cierto que vayan a convencer a todo el mundo. Goldman Sachs, por ejemplo, no est¨¢. Y hay que recordar que la Euroc¨¢mara vot¨® en dos ocasiones a favor de un registro obligatorio¡±, asegura Erik Wesselius, de la organizaci¨®n Corporate European Observatory, en un caf¨¦ frente al Parlamento Europeo. Los cr¨ªticos desconf¨ªan adem¨¢s de algunos nombres que han intervenido en la negociaci¨®n, como Rainar Wieland, vicepresidente de la Euroc¨¢mara que, seg¨²n public¨® Der Spiegel, es socio de un bufete de abogados con oficina en Bruselas que no est¨¢ registrado.
Una vez acordado el texto que salga del grupo de trabajo, la propuesta deber¨¢ pasar un largo proceso de tramitaci¨®n, por lo que habr¨¢ que esperar hasta despu¨¦s de las elecciones europeas de 2014 para su aprobaci¨®n definitiva. En la Comisi¨®n consideran que el registro es ya ¡°un ¨¦xito¡±, al haber logrado en algo m¨¢s de dos a?os de existencia contar con 6.000 organismos, lo que, estimando que en cada uno trabajan cinco personas, supondr¨ªa unos 30.000 integrantes de lobbies detectados con nombres y apellidos. Nadie sabe cu¨¢ntos lobbies operan en Bruselas, pero algunas organizaciones calculan que pueden oscilar entre los 15.000 y los 30.000.
Son cifras que no se pueden comprobar, pero sobre las que el listado puede contribuir a aclarar. En Espa?a, mientras, no hay una herramienta de transparencia parecida. El Gobierno de Mariano Rajoy anunci¨® el pasado mes de junio que pondr¨ªa en marcha un registro obligatorio de lobbies en el Congreso de los Diputados. Pero han pasado cinco meses y la iniciativa por ahora est¨¢ congelada.
Negociaciones en la entrada del hotel
El lobby como actividad est¨¢ garantizado en la Constituci¨®n de Estados Unidos en virtud del derecho de petici¨®n, una manifestaci¨®n de la libertad de expresi¨®n reconocida por la Primera Enmienda. ?nicamente en el Distrito de Columbia, la meca de los grupos de presi¨®n por albergar al Capitolio, la Casa Blanca y buena parte de las agencias federales de este pa¨ªs, hay m¨¢s de 30.000 empresas especializadas en ¡°influir en el Congreso, en sus miembros, en los legisladores, en el brazo ejecutivo, incluyendo el presidente y los altos funcionarios de la Casa Blanca, los secretarios de gabinete y sus ayudantes, as¨ª como los administradores de agencias independientes y sus ayudantes¡±, que es la definici¨®n que recoge la Lobbyng Diclousure Act, de 1995, la legislaci¨®n que los regula a nivel federal.
Desde que el presidente Ulysses S. Grant diera nombre a esta pr¨¢ctica de cabildeo pol¨ªtico por recibir, entre 1868 y 1877, a los pol¨ªticos y quienes buscaban favores o influir pol¨ªticamente en el lobby ¡ªentrada¡ª del hotel Willard, frente a la Casa Blanca, donde pod¨ªa fumar sin escuchar las quejas de su mujer, la preocupaci¨®n por regular este tipo de actividad no hizo sino crecer. Los primeros intentos datan de 1876, cuando la C¨¢mara de Representantes estableci¨® un registro espec¨ªfico para los lobbystas.
En 1938, en plena efervescencia del nazismo, se aprob¨® otra norma para regular esta pr¨¢ctica de presi¨®n a nivel federal con el objetivo de limitar la influencia de los grupos profascistas. En 1995, la Lobbyng Diclousure Act vino a enmendar las lagunas de una ley de 1946 poniendo fin a las reticencias de muchos legisladores para reglamentar esta actividad. La norma obliga a todos los grupos de presi¨®n a inscribirse bien en la Secretar¨ªa de la C¨¢mara de Representantes, bien en la del Senado y emitir informes de sus actividades financieras dos veces al a?o. El Congreso, a su vez, debe desglosar trimestralmente lo que invierten estas entidades en intentar que se legisle a su favor. Todos los Estados tienen su propia regulaci¨®n sobre esta pr¨¢ctica.
Tras el esc¨¢ndalo Abramoff, un lobbysta republicano que fue condenado a seis a?os de prisi¨®n por tratar de sobornar a varios miembros del Congreso, lo que oblig¨® a varios pol¨ªticos a dimitir de sus puestos, George Bush firm¨® en 2007 la Ley de Transparencia y Responsabilidad que limita la posibilidad de que los miembros del Capitolio puedan incorporarse a grupos de presi¨®n tras finalizar su mandato.
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