Los copagos se le atragantan a Mato
El Consejo de Estado cuestiona el ahorro de cobrar por el traslado en ambulancia Cospedal se une a las regiones del PP rebeldes con el pago por f¨¢rmacos hospitalarios
Comunidades d¨ªscolas que se niegan a aplicar un real decreto, acumulaci¨®n de recursos judiciales, fractura en el partido del Gobierno por el desaf¨ªo de algunos de sus barones a la autoridad de un ministerio... Los copagos sanitarios se le atragantan a la titular de Sanidad, Ana Mato, que en los ¨²ltimos d¨ªas ha visto c¨®mo las comunidades gobernadas por su propio partido acuden a los tribunales para que les eximan de aplicarlos. La secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, acaba de anunciar que la regi¨®n que preside, Castilla-La Mancha, devolver¨¢ a sus ciudadanos el importe del copago de f¨¢rmacos hospitalarios. Golpe preelectoral o desaf¨ªo a Mato, lo cierto es que la relevancia pol¨ªtica de ese anuncio es inmensa, y no ha sentado bien en el ministerio.
Si la rebeld¨ªa de los barones contra el Gobierno central no fuera suficiente, el Consejo de Estado tambi¨¦n ha puesto pegas a otro de los copagos de Mato: el del transporte sanitario no urgente, que pretende imponer el pago de cinco euros por cada trayecto en ambulancia (con l¨ªmite mensual en funci¨®n de la renta) de pacientes que, por ejemplo, acuden a di¨¢lisis o a rehabilitaci¨®n. Un informe de este organismo, fechado en noviembre pasado, pone en duda el ahorro que Sanidad espera conseguir con la medida. ¡°El objetivo del ahorro puede verse frustrado dado el equilibrio o compensaci¨®n a que se refiere la memoria [el proyecto econ¨®mico del ministerio] entre ingresos y gastos¡±, afirma. Es decir, lo que costar¨¢ poner en marcha un sistema de cobro a los pacientes puede ser incluso mayor que lo que espera recaudar.
Todos los recargos
? Todo empez¨® con el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario. Hasta entonces, los copagos eran pr¨¢cticamente un concepto tab¨² en Espa?a.
? Aquella norma estableci¨® que, por primera vez, los jubilados iban a tener que pagar por sus medicinas (el 10% con topes de 8, 18 o 60 euros en funci¨®n de la renta). Los trabajadores en activo ya copagaban.
? El 16/2012 tambi¨¦n limit¨® el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situaci¨®n irregular y avanz¨® que los enfermos iban a tener que aportar una parte del coste de las pr¨®tesis, los dietoter¨¢picos y el transporte sanitario no urgente.
? Otro Real Decreto, el 1506/2012, de 2 de noviembre, puso negro sobre blanco cu¨¢nto habr¨ªa que pagar por las pr¨®tesis. Los pensionistas que necesiten un aparato ortoprot¨¦sico, desde sillas de ruedas a bastones, pr¨®tesis o implantes abonan un 10% de su importe. El resto de asegurados, en funci¨®n de sus ingresos. El Gobierno unific¨® as¨ª la situaci¨®n en las comunidades: algunas no cobraban nada; otras s¨ª.
El Consejo de Estado recibi¨® en septiembre el encargo de examinar el proyecto de Real Decreto que regula el copago de las ambulancias. El ministerio remiti¨® su memoria econ¨®mica, en la que calculaba un ahorro de ¡°alrededor de 70 millones de euros¡±, 45 por aplicar ¡°criterios de racionalizaci¨®n¡± y 26 por ¡°aportaci¨®n del usuario¡±, seg¨²n recoge el informe del Consejo. La propia memoria reconoc¨ªa que ¡°hay que tener en cuenta¡± que la puesta en marcha un mecanismo de cobro y gesti¨®n ¡°es compleja y obliga a hacer un gasto tanto en infraestructuras como en recursos humanos¡±. Y conclu¨ªa: ¡°Los ingresos que puede suponer la aportaci¨®n pueden verse compensados por los costes de la gesti¨®n de su cobro¡±.
Precisamente ese argumento, el del exiguo (o inexistente) ahorro, es uno de los que han enarbolado los contrarios al copago hospitalario. Una medida, entre las m¨¢s contestadas de las puestas en marcha por Sanidad, que consiste en cobrar una parte de lo que cuestan los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a pacientes que no est¨¢n ingresados. Este copago afecta a 43 f¨¢rmacos, en 157 presentaciones, que toman enfermos cr¨®nicos y graves (c¨¢ncer de pr¨®stata, de pulm¨®n, mama o renal; hepatitis C; diversas leucemias; artritis reumatoide; psoriasis...). Se les cobra el 10% del precio del envase, con un tope de 4,26 euros.
El problema, como sucede con el copago de ambulancias, es que los servicios de farmacia hospitalaria jam¨¢s han cobrado por entregar medicaci¨®n, por lo que ser¨ªa necesario instalar sistemas de cobro o de facturaci¨®n. Catalu?a calcul¨® cu¨¢nto dinero ahorrar¨ªa si aplicara la medida. Result¨® que, tras restar los gastos, eran apenas 500.000 euros al a?o. Quienes se oponen a pagar por estos f¨¢rmacos, como el portavoz de Sanidad del PSOE, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, recuerdan que todo copago tiene dos objetivos, el disuasorio y el recaudatorio, y que en este caso no se cumple ninguno de los dos. Los pacientes que usan estas medicinas, prescritas por sus m¨¦dicos, no deciden si deben tomarlas o no.
Si hay algo que evidencie el fracaso del copago hospitalario es el calendario. La resoluci¨®n ministerial que impone el copago es del 10 de septiembre pasado. Entr¨® en vigor el 1 de octubre. Pasados m¨¢s de tres meses, ninguna comunidad aut¨®noma lo ha puesto en marcha. Ni siquiera las gobernadas por el PP que al principio se mostraron dispuestas a hacerlo. Varias regiones expresaron su disgusto en cuanto se conoci¨® la intenci¨®n de Sanidad y anunciaron que se iban a negar a aplicar la medida. Con el paso de las semanas, al grupo de las rebeldes se han sumado, con diferentes explicaciones, hasta la Castilla-La Mancha de Dolores de Cospedal.
Castilla y Le¨®n, gobernada por el PP, ha sido la comunidad que ha llevado m¨¢s lejos su oposici¨®n. Su consejero de Sanidad, Antonio Mar¨ªa S¨¢ez Aguado, considera que el copago tiene ¡°un impacto econ¨®mico limitado¡± y que ¡°no puede ni debe tener un efecto disuasorio, porque hablamos de enfermedades graves¡±. Hace unos d¨ªas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le admiti¨® un recurso contencioso-administrativo en el que pide que se anule la resoluci¨®n de Mato. Andaluc¨ªa (PSOE-IU), Canarias (CC-PSOE), Pa¨ªs Vasco (PNV) y Asturias (PSOE) tambi¨¦n han anunciado que van a recurrir la disposici¨®n.
Murcia (PP) empez¨® diciendo que aplicar¨ªa el copago, para despu¨¦s poner dos condiciones: que hubiera consenso entre todas las comunidades y un modelo com¨²n de aplicaci¨®n. Ayer, un portavoz asegur¨® que el sistema para facturar est¨¢ listo, pero que esperar¨¢n para ver lo que ocurre con el resto de regiones. En Cantabria ha pasado algo parecido, como en La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Madrid (todas del PP). El presidente de esta ¨²ltima comunidad, Ignacio Gonz¨¢lez, dio ayer un paso atr¨¢s en su habitual entusiasmo con los copagos sanitarios que decide el ministerio: afirm¨® que este no lo podr¨¢ aplicar si le genera m¨¢s gasto que ingresos.
Extremadura (tambi¨¦n popular) dice que aplicar¨¢ el copago, pero que se lo ¡°compensar¨¢¡± a los ciudadanos, algo similar a lo que ha anunciado Cospedal. Solo Arag¨®n (PP) ha anunciado que est¨¢ ultimando el sistema de cobro en las farmacias hospitalarias para implantar el copago la ¨²ltima semana de este mes. Ser¨ªa la primera, puesto que ahora solo se aplica en las ciudades de Ceuta y Melilla, donde la sanidad p¨²blica la gestiona directamente el Ministerio de Sanidad a trav¨¦s del Ingesa.
Pasan los meses, y las comunidades no tienen ninguna prisa por empezar con el copago farmac¨¦utico. Con el de las ambulancias, el que cuestiona el Consejo de Estado, se da otra circunstancia: es el Ministerio de Sanidad el que lleva m¨¢s un a?o arrastrando esa medida sin decidirse a aprobarla. El ¨²ltimo proyecto de Real Decreto es de septiembre, pero estuvo precedido por tres borradores, el primero de febrero pasado. El Consejo de Estado, pese a sus observaciones cr¨ªticas, afirma en el ¨²ltimo p¨¢rrafo del informe que el texto ¡°puede someterse a la aprobaci¨®n del Consejo de Ministros¡±. Mato ha tenido dos meses, pero no lo ha hecho. Alejandro Toledo, presidente de la Federaci¨®n Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Ri?¨®n (ALCER), cree que entre la implantaci¨®n de la log¨ªstica necesaria y el perjuicio ¡°psicol¨®gico y material¡± para los enfermos, la medida no deber¨ªa ni haberse planteado.
En Sanidad, por su parte, aseguran que su ¡°reforma sanitaria¡± se da ya por ¡°culminada¡±. Fuentes del Gobierno a?aden que los copagos en ambulancias, pr¨®tesis y dietoter¨¢picos ¡°ya no son una prioridad¡±. Que nadie se extra?e si Mato se da por vencida, al menos, en algunos de sus pol¨¦micos copagos.
Sin sanidad tras 90 d¨ªas fuera del pa¨ªs
El 1 de enero entr¨® en vigor una de las medidas sanitarias m¨¢s pol¨¦micas aprobadas en esta legislatura: los parados de larga duraci¨®n que hayan agotado la prestaci¨®n o el subsidio por desempleo y residan fuera de Espa?a m¨¢s de 90 d¨ªas en un a?o perder¨¢n la cobertura sanitaria p¨²blica. Dos enmiendas presentadas por el PP durante la tramitaci¨®n modificaron sendas leyes ¡ªuna de Sanidad y otra de Seguridad Social¡ª para que las personas con estas caracter¨ªsticas quedaran fuera de la prestaci¨®n sanitaria, como adelant¨® este diario en diciembre. El diputado del PP Rub¨¦n Moreno defiende que la prestaci¨®n se recupera al volver a Espa?a y acreditarse como residente de nuevo.
El PP defiende que, si una persona pasa a residir en otro pa¨ªs, es ese Estado el que debe hacerse cargo de su cobertura sanitaria. La medida se pens¨® para evitar que los extranjeros comunitarios que trabajaron en Espa?a y generaron su derecho a la asistencia sanitaria, pero con la crisis volvieron a sus pa¨ªses de origen, sigan recibiendo tratamiento all¨ª con cargo a la sanidad p¨²blica espa?ola.
Sin embargo, esta nueva regulaci¨®n tambi¨¦n puede dejar sin cobertura a ciudadanos espa?oles que, por ejemplo, emigren para buscar empleo y no lo consigan antes de tres meses. O que s¨ª se hagan con un trabajo, pero sea en negro, con lo que no generar¨ªan el derecho a la sanidad en el lugar en el que residen. Moreno dijo ayer a Efe que eso ser¨ªa "una ilegalidad en la UE" y que el trabajador espa?ol tendr¨ªa que denunciarlo. El Grupo Parlamentario Socialista pidi¨® ayer la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso para que explique la medida.
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