Seis causas abiertas
La Comunidad de Madrid tiene que oficializar por escrito su renuncia al plan privatizador para que la justicia d¨¦ carpetazo a la investigaci¨®n
El presidente madrile?o, Ignacio Gonz¨¢lez, anunci¨® el lunes pasado que renuncia a seguir adelante con su plan para privatizar la gesti¨®n de seis hospitales p¨²blicos. ?Significa eso que los recursos presentados por distintas organizaciones se paran autom¨¢ticamente en los tribunales? No. Fuentes jur¨ªdicas aseguran que los procedimientos judiciales van a seguir su curso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se est¨¢n estudiando seis recursos contra la privatizaci¨®n sanitaria. El presidente tiene que pasar de las palabras a los hechos; solo as¨ª los promotores de los recursos desistir¨¢n y los magistrados podr¨¢n dar por cerrado el cap¨ªtulo judicial. Eso s¨ª, al hacerlo, los ciudadanos ya no sabr¨¢n si las irregularidades denunciadas se produjeron o no.
El primer paso deber¨ªa ser formalizar de alguna manera la cancelaci¨®n del concurso p¨²blico que adjudic¨® los seis hospitales a tres empresas. Las fuentes consultadas disienten en el c¨®mo: la Comunidad podr¨ªa, por un lado, presentar un escrito en los juzgados diciendo que ha puesto fin al procedimiento de adjudicaci¨®n o bien publicar en el Bolet¨ªn Oficial que deja sin efecto el concurso. Eso a¨²n no se ha producido, y la Comunidad de Madrid no quiso desvelar ayer c¨®mo y cu¨¢ndo dar¨¢ ese paso.
¡°Para nosotros no ha cambiado nada¡±, se?ala Jos¨¦ Luis Muga, del Estudio Jur¨ªdico Liria, que representa a AFEM, la asociaci¨®n que consigui¨® que la secci¨®n tercera del TSJM suspendiera cautelarmente el plan privatizador en septiembre pasado. De hecho, los abogados est¨¢n ultimando la presentaci¨®n de una demanda al TSJM para que este tribunal entre en el fondo de lo que se le denunci¨®. ¡°Nosotros somos los demandantes y mientras no se retiren los pliegos y las resoluciones queden anuladas, lo que significar¨ªa que ya no existe el objeto del recurso, seguiremos adelante. Ahora mismo las resoluciones de la Consejer¨ªa de Sanidad est¨¢n vigentes¡±, apunta Miguel Muga, otro de los abogados de AFEM.
Los ciudadanos ya no sabr¨¢n si se produjeron irregularidades
Lo que precipit¨® la decisi¨®n de Ignacio Gonz¨¢lez el lunes fue un auto, hecho p¨²blico horas antes, en el que la secci¨®n tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJM confirmaba la suspensi¨®n cautelar del plan privatizador. Eso significa que el tribunal mantiene paralizada la reforma del PP madrile?o mientras entra en el fondo del asunto y llega a una sentencia, lo que se puede demorar desde unos meses hasta m¨¢s de un a?o. Es decir, el TSJM no estaba obligando al presidente madrile?o a abandonar su plan, sino simplemente a no ponerlo en marcha mientras dirime si las irregularidades que denunci¨® AFEM y otros colectivos como el sindicato m¨¦dico AMYTS se produjeron durante el proceso de licitaci¨®n.
El auto de la secci¨®n tercera precisa que, ¡°sin verter consideraci¨®n alguna acerca del nuevo modelo de gesti¨®n sanitaria elegido¡±, es evidente que la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de seis hospitales ¡°es de unas dimensiones cuantitativas tan extraordinarias [y cita la poblaci¨®n afectada, 1,2 millones, y las transacciones a realizar] que har¨ªan muy dif¨ªcil, si no imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensi¨®n y se estimara el recurso, volver a la situaci¨®n anterior¡±. Es decir, cree que las consecuencias de avanzar en el plan ser¨ªan ¡°irreversibles¡±. Seg¨²n el auto, la secci¨®n tambi¨¦n pretend¨ªa investigar la modificaci¨®n en las garant¨ªas ¡ªel aval que depositan las concesionarias se redujo a una d¨¦cima parte¡ª que hizo la Comunidad de Madrid, puesto que ¡°podr¨ªa haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas¡±. Si el Gobierno regional oficializa su renuncia, lo m¨¢s probable es que los promotores de las demandas registren un escrito de desestimiento del procedimiento y los asuntos se cierren, con lo que no se llegar¨¢n a estudiar las supuestas irregularidades del proceso.
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