Los secretos de Estado son ¡®eternos¡¯ en Espa?a
Los investigadores denuncian que la Ley de Transparencia es una ocasi¨®n perdida para emular a democracias maduras y arrojar luz sobre la historia La mayor¨ªa desclasifica sus papeles peri¨®dicamente
Los secretos de Estado de Espa?a son para siempre. Lo han sido hasta ahora y lo seguir¨¢n siendo pese a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia el 10 de diciembre de 2013. Durante los ¨²ltimos a?os se han producido sonadas revelaciones masivas de informaciones secretas (Wikileaks, Falciani, Snowden, incluso de los correos de Blesa), adem¨¢s, en los pa¨ªses avanzados se exige acortar los tiempos de desclasificaci¨®n de documentos reservados. Pero, a pesar de esta corriente, la nueva norma creada para aumentar la transparencia en la vida p¨²blica espa?ola aborda de una manera tangencial y regresiva este controvertido asunto.
La nueva Ley de Transparencia, en su art¨ªculo 12, declara solemnemente el principio del ¡°derecho de acceso a la informaci¨®n p¨²blica¡±. Sin embargo, muy poco m¨¢s all¨¢, en el art¨ªculo 14, decide poner puertas al campo y fija los ¡°l¨ªmites al derecho de acceso¡±. La lista de materias reservadas es larga, y la norma las enumera sin precisar en qu¨¦ circunstancias estar¨¢ restringido su acceso a ellas.
Los pa¨ªses ¡®ejemplares¡¯ tambi¨¦n censuran
En todos los pa¨ªses, los papeles clasificados son motivo de controversia. El pasado d¨ªa 20 el diario The Guardiandenunci¨® la existencia de "una enorme cantidad de papeles p¨²blicos" que la Foreign Office "ha ocultado en un archivo secreto". Algunos de esos papeles datan de 1662 y, seg¨²n el diario, podr¨ªan contener informaci¨®n de la implicaci¨®n de Reino Unido en el esclavismo y su pol¨ªtica relativa a la trata de personas.
Si se teclea la palabra ¡°papeles desclasificados¡± en los buscadores de cualquier diario espa?ol aparecen muchas noticias y la mayor¨ªa corresponden a desclasificaciones hechas en Reino Unido y Estados Unidos. Pese a que a ambos pa¨ªses se les puede considerar ejemplares, tambi¨¦n ellos se reservan el derecho de hacer ciertos controles. ¡°Los papeles que publica EE?UU salen llenos de tachones en negro¡±, comenta el historiador Antonio Malalana. Lo mismo pasa con los papeles de Reino Unido, que se han consultado para este reportaje.
La mayor¨ªa de las veces los papeles salen con palabras, renglones o p¨¢rrafos censurados con gruesos borrones negros, porque parte de la informaci¨®n ¡°est¨¢ considerada a¨²n sensible, o porque revela datos confidenciales de alg¨²n ciudadano a¨²n vivo¡±, explica un empleado de los Archivos Nacionales brit¨¢nicos.
Seg¨²n afirma un portavoz de la Foreign Office, bajo la ley de Registros P¨²blicos (Public Record Act) todos los documentos secretos son desclasificados excepto aquellos que pueden suponer un peligro para la seguridad o las relaciones internacionales.
Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n, que actu¨® como portavoz de UPyD durante la tramitaci¨®n de la ponencia de la Ley de Transparencia, denuncia que en la norma ¡°ni siquiera hay un apartado ni un solo art¨ªculo que se refiera o que establezca un procedimiento para la desclasificaci¨®n de los documentos secretos o reservados¡±.
El citado art¨ªculo 14 sentencia: ¡°El derecho de acceso podr¨¢ ser limitado cuando acceder a la informaci¨®n suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad p¨²blica, [¡] los intereses econ¨®micos y comerciales, la pol¨ªtica econ¨®mica y monetaria [¡], la garant¨ªa de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisi¨®n, o la protecci¨®n del medio ambiente¡±.
La organizaci¨®n no gubernamental Tu Derecho a Saber, que se emplea a fondo en solicitar informaci¨®n a distintas instituciones para promover la transparencia en Espa?a, expresa su frustraci¨®n porque con la aprobaci¨®n de la nueva ley se ha desaprovechado la oportunidad de homologar la legislaci¨®n con la de los principales pa¨ªses democr¨¢ticos en materia de ¡°clasificaci¨®n y desclasificaci¨®n¡± de documentos reservados. El texto que ha entrado en vigor ¡°no contempla nada¡± sobre este asunto, asegura Victoria Anderica, investigadora de Access Info Europe, desde donde condina campa?as de Tu derecho a Saber.
Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n, portavoz de UPyD durante la tramitaci¨®n de la Ley de Transparencia, denuncia que ¡°ni siquiera hay un solo art¨ªculo que se refiera o que establezca un procedimiento para la desclasificaci¨®n¡± porque ¡°el PP ha utilizado la nueva ley para reforzar el concepto del secreto oficial¡±.
Pero m¨¢s inquietante que lo que no hace la Ley de Transparencia, es lo que no deshace. Tras su entrada en vigor en diciembre de 2013, se mantiene como principal norma de regulaci¨®n de la informaci¨®n reservada la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta norma fue promulgada en plena etapa franquista y modificada en 1978, poco antes de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, con el fin de dar encaje legal al uso de los fondos reservados. Y sigue siendo esa ley franquista la que establece que ¡°la ¨²nica manera de que los secretos vean la luz es con un mandato expreso del ¨®rgano del Estado que los declar¨® reservados¡±, comenta Antonio Malalana, historiador y profesor de T¨¦cnicas de Investigaci¨®n e Historia de la Universidad CEU San Pablo.
Malalana lamenta que la norma aprobada con el buen fin de ventilar la vida pol¨ªtica aparta a Espa?a de la corriente mundial que exige establecer plazos temporales para publicar secretos de Estado. En naciones de democracias m¨¢s maduras como Reino Unido, Estados Unidos o Suecia, la legislaci¨®n contempla la desclasificaci¨®n sistem¨¢tica de sus papeles ocultos. El Archivo Nacional de Reino Unido ha dado la bienvenida a 2014 con la exposici¨®n al p¨²blico de un lote de documentos que airean las comunicaciones de Margaret Thatcher con los miembros de su gabinete durante el primer a?o del amargo conflicto que la Dama de Hierro mantuvo con los mineros del carb¨®n en la mitad de la d¨¦cada de los ochenta del pasado siglo.
A¨²n se desconocen detalles sobre el 23-F o las bombas de Palomares
Este ¨²ltimo destape de papeles conflictivos de la historia no es un hecho aislado. Reino Unido saca a la luz de manera sistem¨¢tica sus documentos clasificados despu¨¦s de 30 a?os en la sombra. La legislaci¨®n brit¨¢nica considera que ¡°despu¨¦s de ese tiempo dejan de tener efectos da?inos en la pol¨ªtica presente y actualmente se est¨¢ trabajando para que se reduzcan a 20 a?os¡±, explica un portavoz de los Archivos Nacionales de Reino Unido, la instituci¨®n encargada de desclasificar, publicitar y dar acceso a estos y otros documentos relevantes de la historia del pa¨ªs.
En Estados Unidos, la NARA (Archivos Nacionales y Administraci¨®n de Documentos, por sus siglas en ingl¨¦s) es la instituci¨®n encargada de airear los documentos secretos cada 50 a?os. En general, los pa¨ªses anglosajones tienen una legislaci¨®n avanzada y eficaz, casi todos con una copia del modelo de la Ley de Libertad de Informaci¨®n de Estados Unidos de 1966.
Suecia representa al pa¨ªs pionero y vanguardista en materia de transparencia informativa. El derecho a la informaci¨®n est¨¢ considerado uno de los cuatro pilares constitucionales del pa¨ªs, y todo documento es considerado p¨²blico en principio. Un funcionario que trabaja para el Comit¨¦ Constitucional Sueco explica que cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar informaci¨®n sin que se le pregunte qui¨¦n es o para qu¨¦ lo quiere. Cualquier persona puede as¨ª iniciar un posible proceso de desclasificaci¨®n. ¡°Algunos documentos tienen frases o cifras clasificadas, seg¨²n la Constituci¨®n sueca, pero nunca un documento completo¡±. Cada tipo de dato tiene una caducidad. Por ejemplo, para los que tienen que ver con la seguridad internacional son 40 a?os. El m¨¢ximo son 70 a?os para la informaci¨®n sobre salud de las personas, su seguridad o su sexualidad.
Su ordenamiento jur¨ªdico cuenta con la ley m¨¢s antigua de acceso p¨²blico a informaciones del Estado que data de 1766, hace m¨¢s de 200 a?os, seg¨²n asegura en un estudio el experto en archivos ?ngel Rold¨¢n Molina, que particip¨® en la b¨²squeda de informaci¨®n para un documental sobre el incidente de Palomares (cuatro bombas termonucleares de EE?UU cayeron al agua en enero de 1966 frente a Almer¨ªa). La historia de ese documental, Operaci¨®n Flecha Roja (2007) es un buen ejemplo de la inaccesibilidad de los archivos espa?oles. Su director, Jos¨¦ Mar¨ªa Herrera Plaza, explica que la mayor¨ªa del material para su documental lo obtuvo en EE?UU, mientras que en Espa?a tuvo grandes dificultades.
Si Espa?a tuviera una norma de desclasificaci¨®n y publicaci¨®n de secretos oficiales como la de Reino Unido, durante 2014 podr¨ªamos conocer las revelaciones que Leopoldo Calvo Sotelo hizo a los miembros de su Gobierno reci¨¦n estrenado tras el intento de golpe de estado del 23-F de 1981. Tambi¨¦n podr¨ªamos descubrir c¨®mo Felipe Gonz¨¢lez justific¨® ante sus interlocutores internacionales su giro en la campa?a a favor de la entrada en la OTAN. Acceder¨ªamos a los reproches de las autoridades de Madrid ante la Administraci¨®n francesa durante la primera legislatura de la democracia por su tolerancia con los atentados de ETA.
Pero, en Espa?a, los papeles son secretos a perpetuidad. Los del 84, los del 74, los del 64, 54... Antonio Malalana precisa que ¡°en nuestro pa¨ªs, como en otros, un archivo tambi¨¦n pasa a ser clasificado como hist¨®rico despu¨¦s de 50 a?os, pero la diferencia es que en ning¨²n sitio est¨¢ escrito que cuando eso sucede se tenga que hacer p¨²blico su contenido¡±.
El historiador y experto en investigaci¨®n Malalana resalta la contradicci¨®n que supone que Espa?a conozca m¨¢s de los episodios conflictivos gracias a las desclasificaciones de archivos por otros pa¨ªses que por sus Gobiernos. ¡°Aqu¨ª los historiadores que se dedican a los acontecimientos recientes est¨¢n ciegos. Sencillamente no pueden trabajar si no acceden a esos archivos¡±.
Reino Unido saca a la luz sus documentos pasados 30 a?os
El a?o pasado, 300 investigadores e historiadores exigieron al Gobierno el desbloqueo inmediato de los 10.000 documentos del franquismo cuya desclasificaci¨®n hab¨ªa sido impedida.
El Gobierno del PP abort¨® en 2012 ¡°el primer intento en democracia de desclasificar un lote de documentos significativo¡±, como se refiere el profesor Malalana a la iniciativa de la anterior ministra de Defensa, la socialista Carme Chac¨®n, de dar a conocer un archivo con 10.000 papeles de la Guerra Civil y el franquismo de los a?os 1936 a 1968. Para ello se elabor¨® un listado con todos los documentos clasificados esos a?os ¡°cuya difusi¨®n no planteaba ya riesgos para la seguridad nacional¡±. En aquel material se inclu¨ªan archivos de la Guerra Civil, la posguerra o el conflicto de Ifni, ocurrido hace m¨¢s de 60 a?os. Pero nunca vieron la luz. Cuando el PP lleg¨® al poder, Pedro Moren¨¦s, el nuevo titular de Defensa, bloque¨® la desclasificaci¨®n de esos documentos al considerar que no era ¡°una prioridad¡± de su departamento y que requer¨ªa un ¡°extraordinario trabajo¡± que solo contribuir¨ªa a generar ¡°ruido medi¨¢tico¡±.
El diplom¨¢tico e historiador ?ngel Vi?as fue uno de los investigadores que firm¨® el escrito al Gobierno para exigir la desclasificaci¨®n. Vi?as es conocido por sus estudios sobre esa etapa hist¨®rica espa?ola. Desde que comenz¨® en Alemania, en 1970, su investigaci¨®n le ha obligado a colaborar constantemente con los archivos norteamericanos, brit¨¢nicos, alemanes y rusos.
Afirma que los argumentos aducidos p¨²blicamente por el ministro Moren¨¦s ¡°son insostenibles; a saber, las Fuerzas Armadas tienen otras cosas en las que pensar ¡ªsi su cometido fuera examinar papeles, apa?ados estar¨ªamos¡ª pero se le olvid¨® indicar que los papeles en cuesti¨®n hab¨ªan sido ya examinados, as¨ª que no era necesario mayores esfuerzos¡±.
Vi?as afirma que, de esta manera, ¡°se deja que la historia de Espa?a, en la Dictadura sobre todo, sigan escribi¨¦ndola autores extranjeros¡±. Con la negativa del Gobierno de desclasificar los documentos de la Guerra Civil, Espa?a se convierte en ¡°el farolillo de cola del mundo occidental en materia de acceso a archivos pol¨ªticos, diplom¨¢ticos y militares¡±.
Castigos franquistas a quien desvele secretos
La rigidez con la que el legislador ha fijado los ¡°limites del acceso a la informaci¨®n¡± en la reci¨¦n estrenada Ley de Transparencia y el rigor con que mantiene su vigencia la ley franquista de Secretos Oficiales provoca una extra?a situaci¨®n.
Casos como la reciente revelaci¨®n de los correos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, pueden ser considerados como actividades delictivas a la luz de la norma de diciembre, pero las penas que se dicten a los que se consideren responsables se aplicar¨¢n conforme a la m¨¢xima severidad de la ley de 1968.
El art¨ªculo 26 de la Ley de Transparencia advierte que ¡°las personas comprendidas en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n¡± de la norma, esto es, pol¨ªticos y funcionarios, ¡°guardar¨¢n la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasi¨®n del ejercicio de sus competencias¡±.
En el art¨ªculo 29 indica que ¡°la publicaci¨®n indebida de la informaci¨®n que hayan obtenido por raz¨®n de su cargo¡± o ¡°la negligencia en la custodia de secretos oficiales¡± ser¨¢n ¡°infracciones muy graves¡±.
La Ley de Secretos Oficiales de 1968, por su parte, utiliza un lenguaje expeditivo, de ordeno y mando, propio de la ¨¦poca, para indicar que ¡°los intereses fundamentales de la naci¨®n y que constituyen los verdaderos secretos oficiales¡±, ya se encontraban con anterioridad ¡°protegidos por sanciones penales que, tanto en el C¨®digo Penal Com¨²n como en el de Justicia Militar, alcanzan penas de la m¨¢xima severidad¡±. Pero ¡°esta sanci¨®n penal, especialmente represiva¡±, solo evitaba ¡°de manera indirecta el descubrimiento o revelaci¨®n de secretos¡±.
Para ¡°asegurar su protecci¨®n efectiva¡± la ley establece cinco principios que todav¨ªa siguen en vigor. Primero, ¡°tendr¨¢n car¨¢cter secreto, sin necesidad de previa clasificaci¨®n, las materias as¨ª declaradas por ley¡±. Segundo, ¡°podr¨¢n ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda da?ar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado¡±. Tercero, ¡°la calificaci¨®n corresponder¨¢ exclusivamente al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor¡±. Cuarto, ¡°la cancelaci¨®n de cualquiera de las calificaciones ser¨¢ dispuesta por el ¨®rgano que hizo la respectiva declaraci¨®n¡±. Quinto, los incumplimientos ser¨¢n sancionados ¡°conforme a las Leyes penales, y por v¨ªa disciplinaria como falta muy grave¡±.
Finalmente, y como aviso a navegantes, afirma que es necesario habilitar un procedimiento para ¡°notificar a los medios de informaci¨®n la declaraci¨®n de materia clasificada cuando se prevea que esta puede llegar a conocimiento de ellos¡±.
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