El Gobierno renuncia a la mezquita de C¨®rdoba en favor de la Iglesia

La Mezquita de C¨®rdoba se ha convertido en uno de los s¨ªmbolos m¨¢s visibles de la lucha de plataformas ciudadanas contra los privilegios de la Iglesia. Y en esa pelea, el Estado acaba de ponerse del lado de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. La Direcci¨®n General de Patrimonio del Estado, encargada de la defensa de los bienes p¨²blicos, no considera que el Obispado de C¨®rdoba haya ¡°usurpado¡± los m¨¢s de 22.000 metros cuadrados del monumento, como planteaba un particular en una denuncia que ha decidido archivar.

Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, se coloca al margen del debate asegurando que de su investigaci¨®n ¡°no ha resultado indicio alguno de que dicho inmueble pudiese ser de titularidad de la Administraci¨®n General del Estado¡±. A?ade que el ¨²nico ¡°titular catastral¡± del monumento es el Obispado de C¨®rdoba y pasa de puntillas sobre la constitucionalidad del art¨ªculo de la Ley Hipotecaria que convierte a los cl¨¦rigos en una suerte de notarios.

El art¨ªculo 206 de esta norma franquista de 1946 les ha permitido inmatricular (registrar por primera vez) a su nombre miles de propiedades con un proceso sencillo que distintos expertos jur¨ªdicos consideran inconstitucional. La citada Ley Hipotecaria equipar¨® a la Iglesia con un funcionario para registrar propiedades. En 1998, el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar extendi¨® este privilegio para que tambi¨¦n pudiera aplicarse a los templos de culto. Desde entonces son miles las propiedades de todo tipo ¡ªcementerios, huertos, ermitas o catedrales¡ª que han pasado a sus manos.

Solo en Navarra se han registrado 1.087 propiedades con esta f¨®rmula, entre ellas la Catedral. Una estimaci¨®n realizada por este peri¨®dico hace un a?o con fuentes cercanas al Registro de la Propiedad alud¨ªa a unas 4.500 en Espa?a, aunque la cifra real no se conoce porque el Gobierno no da datos.

En medio de este debate, en el que las plataformas ciudadanas piden el fin de esos privilegios con car¨¢cter retroactivo, el Ministerio de Justicia present¨® en abril una reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el art¨ªculo 206. Pero, adem¨¢s de los meses de tramitaci¨®n que quedan por delante, ha fijado un a?o desde su publicaci¨®n el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor los cambios.

El Obispado de C¨®rdoba registr¨® la Mezquita en 2006 por 30 euros. A finales de 2013 un grupo de ciudadanos crearon una plataforma c¨ªvica para exigir que la titularidad y la gesti¨®n pasaran a manos p¨²blicas y tratar as¨ª frenar el intento del obispado de borrar las huellas isl¨¢micas del monumento (lleg¨® a borrar el t¨¦rmino mezquita de folletos y carteles). Otra Administraci¨®n, la Junta de Andaluc¨ªa, ha dado tambi¨¦n alg¨²n paso en este debate y pidi¨® un informe en febrero que le indique si es competente para pedir su gesti¨®n o la titularidad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad hace 30 a?os.

La postura del Estado ha quedado definida por ahora en la respuesta a la denuncia de un particular, Fernando Jabonero, que acudi¨® por su cuenta a la Direcci¨®n General de Patrimonio para denunciar la ¡°usurpaci¨®n¡± de este bien por parte de la Iglesia. Patrimonio le responde en un escrito fechado el 6 de mayo, haciendo suya la misma referencia hist¨®rica que us¨® el Obispado de C¨®rdoba cuando inmatricul¨® la Mezquita a su nombre en 2006. Ambos citan que Fernando III el Santo decidi¨® en 1236 que fuera ¡°consagrada y convertida en Catedral¡±.

¡°El C¨®digo Civil no recoge la consagraci¨®n de un bien como una de las f¨®rmulas para adquirir una propiedad, eso es solo un acto religioso¡±, se?ala Isabel Urzainqui, abogada de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, el colectivo que ha sido referencia en esta batalla ciudadana contra la inmatriculaci¨®n de m¨¢s de un millar de propiedades en la Comunidad Foral y ha conseguido arrebatar algunas de ellas a la Iglesia. Urzainqui considera que los argumentos de Patrimonio para archivar la denuncia por la Mezquita son una ¡°dejaci¨®n del Estado por no defender un patrimonio p¨²blico¡±.

El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad P¨²blica de Navarra, Alejandro Torres, comparte que la postura del Estado incluye argumentos ¡°m¨¢s pol¨ªticos que t¨¦cnicos¡±. ¡°Es sorprendente que el ¨®rgano que debe defender el patrimonio no se plantee la menor duda sobre la inconstitucionalidad¡± de las inmatriculaciones, a?ade. Patrimonio lo zanja se?alando que no existe un pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional, que ni siquiera tiene encima de la mesa una petici¨®n para analizar este asunto.