Per¨² aprueba una ley universitaria para evitar la corrupci¨®n y los paros

Desde 2011, 55 proyectos de ley buscaban soluciones para el incremento de las disputas por los fondos y los cargos administrativos, la mala calidad educativa, y la infraestructura inadecuada en centros de estudio p¨²blicos y privados, problemas que la Asamblea Nacional de Rectores no ha podido, hasta ahora, contrarrestar. Por ello, el Congreso peruano aprob¨® este jueves una ley para atender los problemas de las universidades p¨²blicas y privadas.

Cada semana, en al menos dos universidades p¨²blicas, es habitual que ocurran enfrentamientos en protesta por las irregularidades por la gesti¨®n del presupuesto o para exigir la salida del rector de la instituci¨®n. El jueves, un grupo de polic¨ªas de operaciones especiales ingres¨® a la Universidad San Crist¨®bal de Huamanga, una de las tres principales del sur andino, porque hab¨ªa un paro y un grupo de estudiantes quer¨ªa retomar sus clases y otro quer¨ªa mantenerlo. Los que apoyan la toma exigen, desde fines de abril, la salida del rector a quien acusan de irregularidades e ineficiencia.

Cuando las protestas llegan a los medios de comunicaci¨®n o a los congresistas, la Asamblea Nacional de Rectores suele formar una comisi¨®n interventora y nombra una nueva autoridad que resuelva los problemas, pero la f¨®rmula ya no da resultados.

En el ranking QS que eval¨²a 300 universidades latinoamericanas, figuran 16 peruanas, pero solo tres solo ocupan puestos destacados ¡ª30, 57 y 65¡ª.

Per¨² tiene 139 universidades y, aunque el Estado no logra controlar la ejecuci¨®n del presupuesto ni la calidad de la ense?anza, ha aumentado el n¨²mero de nuevas universidades con una pobre calidad educativa y locales inaceptables. De acuerdo al Directorio Universitario 2014 de la ANR, de las 139 universidades, 63 est¨¢n ¡°en proceso¡± de institucionalizarse (18 p¨²blicas y 45 privadas), es decir, son de creaci¨®n reciente y est¨¢n en proceso de evaluaci¨®n.

Una de estos centros de estudio, no consolidados, es la Universidad de Ja¨¦n, creada hace dos a?os y medio en la regi¨®n Cajamarca. Aunque dispone de casi 20 millones de d¨®lares de presupuesto, el campus es un local alquilado que fue un mercado. ¡°As¨ª no es posible estudiar, estamos en el sal¨®n y el sudor nos cae en el cuaderno¡±, explica el alumno Jos¨¦ Oblitas y muestra una foto del techo de calamina y los cables sueltos de las conexiones el¨¦ctricas en las aulas.

Una estudiante de tecnolog¨ªa m¨¦dica de esa misma universidad, Issela Coronel, indica que no hay desag¨¹e y el segundo piso carece de agua. ¡°No tenemos un laboratorio para las clases¡±, agrega.

Una delegaci¨®n de estudiantes de esa universidad realiz¨® gestiones en Lima en mayo, denunciando el uso irregular del presupuesto por parte del rector, y lograron que la ANR nombrara una comisi¨®n interventora.

¡°Si se cumplieran las normas, esa universidad no deber¨ªa existir¡±, asegura el historiador Manuel Burga, exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual vicerrector de la Universidad Ruiz de Montoya, acerca del panorama en Ja¨¦n.

Pero el problema ocurre tambi¨¦n en Lima, en universidades privadas creadas gracias a una ley de los a?os noventa, que autoriza a que se puedan constituir con un modelo de empresa. Por ejemplo, en Lima Norte, la Universidad San Juan Bautista ofrece la carrera de medicina en el edificio de un centro comercial con spa, debajo de un casino con tragamonedas.

A mediados de mayo, la ANR cre¨® una comisi¨®n interventora para la universidad particular Garcilaso de Lima luego de meses de investigaciones fiscales de apropiaci¨®n del presupuesto por parte del rector y de sus hijos durante nueve a?os. En 2010, el rector percibi¨® 4,7 millones de d¨®lares de ingresos, m¨¢s del doble que el rector de la Universidad de Columbia. La Fiscal¨ªa lo investiga tambi¨¦n por lavado de activos. La comisi¨®n no ha podido entrar a la universidad debido a que matones pagados por el rector investigado controlan el acceso.

Burga, quien conoce las universidades peruanas hace 45 a?os, explica que las universidades cuyo presupuesto recibe parte del canon minero tienen ¡°problemas de gobernanza¡±, la f¨®rmula que han encontrado para gastar ese dinero extra son pagos extraordinarios a los empleados, por eso ¡°cada quien negocia su voto por las autoridades de los ¨®rganos de gobierno: as¨ª est¨¢ en cuesti¨®n el sistema de representaci¨®n de las universidades¡±.

El experto cree que la Asamblea Nacional de Rectores cuenta con las normas para evitar que surjan m¨¢s universidades deficientes, pero hay fuerzas ocultas que impiden que ejerza autoridad: ¡°Si no, no habr¨ªan intervenido la Universidad Garcilaso. El problema es que el cambio de autoridades no garantiza que resuelvan los problemas: ellos no se pueden autorregular¡±.

El punto de mayor controversia en la ley universitaria que aprob¨® el Congreso es la creaci¨®n de la Superintendencia Nacional de Educaci¨®n Superior Universitaria, en reemplazo de la ANR. El superintendente ser¨¢ nombrado por el ministro de Educaci¨®n y algunos miembros del colegiado ser¨¢n escogidos mediante concurso p¨²blico, sin embargo, congresistas de diversos partidos indican que las universidades estar¨¢n sujetas al Gobierno de turno. El nuevo ¨®rgano debe verificar el cumplimiento de las condiciones b¨¢sicas de calidad en las nuevas universidades y en las ya existentes. La norma, pendiente de promulgaci¨®n, dispone adem¨¢s que un 25% de profesores trabaje a tiempo completo y cumpla funciones de investigaci¨®n, no solo de docencia.