?La Iglesia es m¨¢s fuerte que el Estado?

¡°Decidme en el alma: ?qui¨¦n, qui¨¦n levant¨® los olivos?¡±, preguntaba Miguel Hern¨¢ndez a los jornaleros de Ja¨¦n. La misma pregunta podr¨ªa hacerse de las catedrales, de las iglesias, de las ermitas y de la generalidad de los templos en Espa?a. Y la respuesta tambi¨¦n ser¨ªa id¨¦ntica: ¡°No los levant¨® la nada, ni el dinero, ni el se?or, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor¡±. Porque la inmensa mayor¨ªa de estos inmuebles de incalculable valor hist¨®rico y cultural preexist¨ªa antes de su afectaci¨®n al culto cat¨®lico o fueron construidos con el trabajo y el sudor del pueblo. Y, a pesar de ello, la jerarqu¨ªa de la Iglesia se los ha apropiado utilizando normas franquistas que la equiparaban con la Administraci¨®n p¨²blica, sin m¨¢s prueba que la palabra del obispo que los registradores tomaron como dogma de fe.

Sirva como ejemplo la privatizaci¨®n de la Iglesia de San Juan de los Panetes, inmatriculada sin t¨ªtulo de propiedad por el arzobispado de Zaragoza antes de que el presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar abriera las puertas del Registro a los templos de culto en 1998. Sorprende la falta de diligencia del registrador que, por su naturaleza arquitect¨®nica evidente y por su enorme trascendencia patrimonial, sab¨ªa o deber¨ªa haber sabido que ten¨ªa prohibida su inscripci¨®n al tratarse de un bien p¨²blico. Pero sorprende a¨²n m¨¢s que no contrastara su condici¨®n jur¨ªdica con la Administraci¨®n ni con nadie. Dec¨ªa Max Planc que ¡°para la personas creyentes, Dios est¨¢ al principio; para los cient¨ªficos, al final de todas sus reflexiones¡±. Y, en este caso, parece que el registrador actu¨® m¨¢s como creyente que como jurista. Porque la Direcci¨®n General de Patrimonio ha dictaminado, tras la consulta elevada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que la Iglesia de San Juan de los Panetes est¨¢ inventariada a nombre de la Administraci¨®n General del Estado, afecta al Ministerio de Educaci¨®n, Cultura y Deporte, y declarada Bien de Inter¨¦s Cultural y Monumento Nacional desde 17 de noviembre de 1933. En consecuencia, no se trata de un error sino de una apropiaci¨®n en toda regla. Tanto es as¨ª que cuando el arzobispado de Zaragoza tuvo conocimiento de la posible apertura de un expediente, compareci¨® ante notario para prometer que la devolver¨ªa, sin que a fecha de hoy tengamos constancia de que se haya cancelado la inmatriculaci¨®n.

El caso de San Juan de los Panetes es revelador y un peligroso precedente. Primero, porque demuestra que el mero hecho de tratarse de un inmueble con un posible destino religioso, no arrastra la l¨®gica simplista y equivocada de que deba pertenecer a la jerarqu¨ªa cat¨®lica. En varias ocasiones, el Tribunal Supremo ha manifestado que el uso no condiciona la titularidad, de la misma manera que los m¨¦dicos no son los due?os de los hospitales, ni las maestras de los colegios. En segundo lugar, porque confirma que la jerarqu¨ªa cat¨®lica ha inscrito edificios similares incluso estando catalogados como bienes p¨²blicos o constando su titularidad privada en manos distintas de las de la Iglesia. Un esc¨¢ndalo si lo hubiera perpetrado un concejal de pueblo y que ha pasado inadvertido por tratarse del arzobispo de Zaragoza. ?A qu¨¦ intereses obedece este silencio medi¨¢tico generalizado sobre el mayor esc¨¢ndalo inmobiliario de la historia de Espa?a?

"Los m¨¦dicos no son los due?os de los hospitales, ni las maestras de los colegios"

Pero quiz¨¢ lo m¨¢s alarmante haya sido el proceso de presunta devoluci¨®n, totalmente impune y clandestino. Porque mucho nos tememos que cuando el Gobierno haga p¨²blico el listado de bienes inmatriculados con estas normas franquistas por la jerarqu¨ªa cat¨®lica, en sus m¨²ltiples denominaciones, y conste la apropiaci¨®n indebida de estos bienes ya inventariados como p¨²blicos, junto a plazas, calles, barrios, solares, caminos, viviendas, garajes, frontones, bungalows, kioscos, palacios, castillos, montes, cementerios o locales comerciales, la Conferencia Episcopal pedir¨¢ perd¨®n por los errores cometidos y se comprometer¨¢ a devolver los casos m¨¢s sangrantes, apropi¨¢ndose de todo lo dem¨¢s. Ah¨ª radica la trampa que los pol¨ªticos que han prometido cumplir y hacer cumplir la Constituci¨®n, no pueden tolerar.

Desde luego, los ciudadanos no vamos a consentirlo. Y vamos a denunciar que el listado es incompleto porque no comprende las inmatriculaciones practicadas desde que en 1946 se implant¨® este mecanismo injustificable en un Estado aconfesional, nulo por inconstitucionalidad sobrevenida desde 1978, y contrario a los derechos humanos como ha sentenciado reiteradamente el Tribunal de Estrasburgo. Exigiremos una soluci¨®n global que comienza por brindar la oportunidad a la propia jerarqu¨ªa cat¨®lica para que rectifique, no con un simple perd¨®n por sus pecados, sino con la devoluci¨®n registral de lo inmatriculado sin prueba alguna, pudiendo inscribir a continuaci¨®n aquellos bienes que considere propios como un ciudadano m¨¢s. Y, de no ser as¨ª, instaremos al Parlamento y al Gobierno para que no consienta esta aberraci¨®n democr¨¢tica de ilegalidades en masa, encuentre v¨ªas legislativas que no pasen por abocarnos a miles de pleitos, y se dirija a la jerarqu¨ªa cat¨®lica para que nos explique por qu¨¦ reconoce en Portugal lo que niega en Espa?a. Deben saber que, desde los tiempos del dictador Salazar, los monumentos religiosos de inter¨¦s nacional pertenecen al Estado portugu¨¦s por expreso reconocimiento del Vaticano. Una anomal¨ªa que ocurre en este pa¨ªs porque quiz¨¢ hoy la Conferencia Episcopal Espa?ola sea m¨¢s poderosa que el propio Francisco. Y, de seguir consintiendo esta apropiaci¨®n patrimonial sin coste fiscal, que el propio Estado espa?ol.

Profesor de Derecho Civil de la Universidad de C¨®rdoba