Los jueces valencianos ordenan que los alumnos de campus privados hagan pr¨¢cticas en hospitales p¨²blicos

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha ordenado a la Generalitat que firme convenios con la Universidad Cat¨®lica San Vicente M¨¢rtir, privada, para que sus alumnos de carreras sanitarias puedan hacer pr¨¢cticas en la red de hospitales p¨²blicos. Los magistrados aceptan as¨ª un recurso presentado por la instituci¨®n acad¨¦mica propiedad del Arzobispado de Valencia, a la que cada curso acceden m¨¢s de medio millar de nuevos alumnos de carreras del ¨¢rea de salud.

La decisi¨®n judicial, que ha causado sorpresa en el Gobierno valenciano integrado por socialistas y Comprom¨ªs, contradice una decisi¨®n pol¨ªtica adoptada en 2016. Los entonces consejeros de Sanidad, Carmen Mont¨®n, y de Educaci¨®n, Vicent Marz¨¤, anunciaron que las universidades privadas dejar¨ªan de poder realizar pr¨¢cticas en los centros sanitarios p¨²blicos. Los responsables de la Generalitat argumentaron que tales acuerdos con campus privados, que se generalizaron durante el periodo de gobierno de Francisco Camps, del PP, eran contrarios a derecho, si bien permitieron que los estudiantes que ya hubieran iniciado sus carreras en tales universidades continuaran haciendo pr¨¢cticas mediante acuerdos espec¨ªficos en cada centro sanitario que ofrecieran cobertura legal a la situaci¨®n, para no perjudicar los estudios de los alumnos.

Solo en la Universidad Cat¨®lica San Vicente M¨¢rtir se matriculan cada a?o en primer curso 420 estudiantes de Enfermer¨ªa y otros 119 de Medicina. Tambi¨¦n se vieron afectados, aunque en un grado muy inferior, los alumnos de centros privados de Farmacia, Psicolog¨ªa Cl¨ªnica y Biotecnolog¨ªa, que pasaban en alg¨²n momento por centros sanitarios p¨²blicos.

La sentencia de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior valenciano no solo resuelve que la Universidad Cat¨®lica ¡ªy por extensi¨®n, en caso de que lo soliciten ante el tribunal, los otros dos centros acad¨¦micos privados afectados¡ª s¨ª pueden tener esta clase de convenios con la Generalitat, sino que obliga al Ejecutivo a firmarlos en el plazo de cuatro meses. "Un tiempo suficiente y razonable para que se elaboren y suscriban los convenios de cooperaci¨®n a los que la actora tiene derecho", indican los magistrados Miguel ?ngel Olarte, Edilberto Narb¨®n y Manuel Domingo, que han fallado en contra de la pol¨ªtica educativa de la Generalitat en varias ocasiones esta legislatura.

Desde 2015 el Gobierno valenciano ha cambiado la pol¨ªtica del PP de facilitar recursos a las universidades privadas por diferentes v¨ªas, como las pr¨¢cticas sanitarias en centros p¨²blicos, que son infrecuentes en el resto de comunidades aut¨®nomas, seg¨²n fuentes de las universidades p¨²blicas. La Generalitat afirm¨®, en este caso, que la normativa estatal solo contempla de forma "excepcional" que un mismo hospital firme acuerdos con m¨¢s de una universidad, mientras que en la Comunidad Valenciana se hab¨ªa convertido en la norma: al convenio original con universidades p¨²blicas se hab¨ªan a?adido acuerdos con campus privados.

Ello hab¨ªa provocado quejas de las universidades p¨²blicas. El decano de Ciencias de la Salud de la Jaume I de Castell¨®n, Rafael Ballester, denunci¨® por ejemplo que la privada hab¨ªa "copado las pr¨¢cticas en los hospitales p¨²blicos", generando, adem¨¢s, una "aglomeraci¨®n" de estudiantes que pod¨ªa afectar a la calidad de las pr¨¢cticas.

El Ejecutivo auton¨®mo aleg¨® tambi¨¦n que, para realizar las pr¨¢cticas, las privadas contrataban a los m¨¦dicos de la p¨²blica durante su horario laboral, lo que contraven¨ªa la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones P¨²blicas.

Los magistrados de la Secci¨®n Cuarta rebaten ambos argumentos en una sentencia de cinco p¨¢ginas en la que se?alan que las pr¨¢cticas no plantean problemas al no interrumpir la actividad laboral del personal sanitario. Los jueces a?aden que la Universidad Cat¨®lica "ha acreditado que hay insuficiencia de hospitales privados para la pr¨¢ctica curricular de alumnos de medicina y enfermer¨ªa [de centros privados], y que las plazas disponibles para la pr¨¢ctica curricular en los hospitales p¨²blicos acreditados para la docencia son suficientes para atender sin tensiones a los alumnos procedentes de la universidad publica y privada". La Universidad Cat¨®lica no imparte estudios en Castell¨®n, donde el centro privado que opera es el CEU-Cardenal Herrera.

Posible recurso

Una portavoz de la Consejer¨ªa de Sanidad se?al¨® que la Generalitat estudiar¨¢ la sentencia para decidir si presenta recurso, que puede interponerse ante el Supremo. El Gobierno valenciano ha chocado en los ¨²ltimos tres a?os con la Secci¨®n Cuarta del Tribunal Superior de Justicia, que ha fallado contra buena parte de su normativa educativa. La Generalitat empez¨®, a ra¨ªz de ello, a transformar su normativa en ley para escapar del campo de actuaci¨®n de los magistrados del tribunal, ya que las leyes solo pueden impugnarse ante el Constitucional.

Como respuesta, la Secci¨®n Cuarta elev¨® hace unos meses a este ¨®rgano una cuesti¨®n de inconstitucionalidad contra la ley valenciana que regula el pluriling¨¹ismo. El Constitucional lo inadmiti¨® la semana pasada y record¨® a los jueces valencianos que "la cuesti¨®n de inconstitucionalidad no es un medio del que puedan servirse los ¨®rganos judiciales para pretender del Tribunal Constitucional la depuraci¨®n abstracta del ordenamiento jur¨ªdico".

La prohibici¨®n de que los alumnos de las universidades privadas hagan pr¨¢cticas en hospitales p¨²blicos tambi¨¦n ha sido llevada al Constitucional, aunque en este caso por un recurso presentado por 50 senadores del PP contra la reforma de la Ley de Sanidad de la Comunidad Valenciana. El cambio aprobado a principios de a?o estableci¨® que la Generalitat puede establecer convenios sanitarios con las universidades p¨²blicas. La anterior redacci¨®n alud¨ªa a universidades, sin distinguir entre si su titularidad era p¨²blica o privada. La modificaci¨®n de la ley, aprobada despu¨¦s de que la Universidad Cat¨®lica presentara el recurso sobre el que el Tribunal Superior acaba de pronunciarse, puede ser una de las v¨ªas que el Ejecutivo auton¨®mico utilice para resistirse a firmar los convenios con el centro acad¨¦mico privado.