La fiscal¨ªa defiende en el Constitucional la posici¨®n de las radios frente a la Liga

En un negocio que mueve cientos de miles de euros, el ministerio p¨²blico se posiciona junto a las radios en el Tribunal Constitucional (TC). La Fiscal General del Estado (FGE), Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, ha presentado un escrito de alegaciones en el tribunal de garant¨ªas donde pide que se desestime la cuesti¨®n de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo contra el art¨ªculo 19.4 de la Ley General de Comunicaci¨®n Audiovisual, que permite a los periodistas de las emisoras entrar en los estadios para retransmitir en directo los partidos sin abonar la tasa que quer¨ªa imponerles La Liga. La FGE mantiene que dicha norma no contraviene la ley fundamental al prevalecer la libertad de informaci¨®n y de servicio por ¡°la funci¨®n social inherente a la difusi¨®n de los acontecimientos deportivos¡±.

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El Constitucional decidir¨¢ si las radios pueden entrar gratis a los estadios de f¨²tbol

¡°Debemos se?alar que, a nivel del derecho de la Uni¨®n Europea, la funci¨®n social y educativa del deporte es reconocida expresamente en el art¨ªculo 165.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE¡±, se arranca Segarra en su escrito de 26 p¨¢ginas, al que ha tenido acceso EL PA?S. Un documento en el que rechaza las pretensiones de La Liga de F¨²tbol Profesional (LFP), que en 2011 impidi¨® a los periodistas de radio entrar en los estadios y abri¨® un conflicto que dura ya m¨¢s de un lustro. Tras la negativa de las cadenas a pagar, el Gobierno de Mariano Rajoy aprob¨® un decreto que permite a los reporteros entrar en los campos, aunque deben abonar el precio de la entrada y los gastos ocasionados por el uso de las instalaciones.

La Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones fij¨® entonces ese importe en 85 euros por estadio, partido y operador. Pero la LFP recurri¨® a los tribunales al considerar que se le imped¨ªa la posibilidad de "comercializaci¨®n" de los derechos de retransmisi¨®n radiof¨®nicos. La Audiencia Nacional desestim¨® primero sus demandas ¡ªaunque elev¨® a 100 euros la cuant¨ªa establecida¡ª, pero el Tribunal Supremo acept¨® posteriormente el caso y lo elev¨® al Tribunal Constitucional al considerar que la ley podr¨ªa contravenir los art¨ªculos 33 y 38 de la Constituci¨®n, que protegen el derecho a la propiedad y la libertad de empresa y econom¨ªa de mercado.

Una tesis que la FGE no comparte: "Lo dispuesto en dicho precepto legal no vulnera [esos derechos]". Seg¨²n la fiscal¨ªa, las competiciones deportivas "tienen una clara dimensi¨®n social y colectiva, en cuanto contribuyen al desarrollo de los valores humanos y culturales propios de nuestra sociedad". "El acceso de los ciudadanos a esos acontecimientos a trav¨¦s de su retransmisi¨®n radiof¨®nica en directo sirve a esa funci¨®n social", prosigue el escrito, donde expone que esa dimensi¨®n se garantiza a trav¨¦s del derecho a la libertad de informaci¨®n. Y, por tanto, la limitaci¨®n de la mercantilizaci¨®n de la retransmisi¨®n "responde al fin leg¨ªtimo de garantizar la libertad de informaci¨®n de los prestadores de servicios de comunicaci¨®n y, especialmente, el acceso a la informaci¨®n que corresponde a los ciudadanos".

El ministerio p¨²blico expone, a su vez, que esta restricci¨®n a la Liga "no puede considerarse desproporcionada", ya que la normativa prev¨¦ una compensaci¨®n econ¨®mica por los gastos que conlleva el uso de los periodistas de las instalaciones. "Adem¨¢s, los titulares de los derechos de retransmisi¨®n obtienen unos beneficios indirectos para sus clubs, como consecuencia de las retransmisiones radiof¨®nicas de los eventos deportivos que, sin duda, pueden reportarles otras ventajas y beneficios, que no excluyen actividades econ¨®micas paralelas", advierte tambi¨¦n la Fiscal¨ªa General del Estado sobre el negocio millonario que mueve el f¨²tbol.