Un tribunal obliga a adaptar la ense?anza a la necesidad de un ni?o disl¨¦xico

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de la comunidad aut¨®noma a tomar medidas para que la ense?anza que recibe un ni?o con dislexia se adapte a sus necesidades de aprendizaje. La sentencia reconoce a unos padres que la consejer¨ªa vulner¨® el derecho constitucional a la igualdad de su hijo, al no atender sus reiterados requerimientos para que el ni?o fuera sometido a una evaluaci¨®n pedag¨®gica y para que la ense?anza se adaptara a su problema.

Al cumplir los seis a?os, los padres se dieron cuenta de que el ni?o era muy inteligente, pero a la hora de pasar sus conocimientos al papel, se frustraba. Esto hizo que empezara a tener problemas en el colegio concertado Juan Ram¨®n Jim¨¦nez, al que acud¨ªa en Las Palmas de Gran Canaria, y provoc¨® que se negara a ir a las clases, llorara y se comportara mal.

Tras un primer examen externo, descubrieron que el peque?o sufr¨ªa dislexia y solicitaron sin ¨¦xito al centro que se le hiciera una evaluaci¨®n psicopedag¨®gica para adecuar su metodolog¨ªa de estudio. Por ejemplo, mediante la modificaci¨®n de la forma en que se le hac¨ªan los ex¨¢menes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC relata que la familia recibi¨® en los a?os siguientes respuestas evasivas por parte del colegio: primero, que no dispon¨ªan de gabinete psicopedag¨®gico; despu¨¦s, que el ni?o no padec¨ªa dislexia, sino una falta de estimulaci¨®n del lenguaje; m¨¢s tarde, que avanzaba bien; y por ¨²ltimo, que su coeficiente intelectual estaba en la media.

El centro lo incluy¨® en un grupo con necesidades especiales durante dos horas por semana. La respuesta ¡°fue peor, porque lo que necesitaba era una adaptaci¨®n metodol¨®gica y no eso. Me preguntaba si era tonto¡±, se?ala la madre del menor, que prefiere quedar en el anonimato.

La situaci¨®n no mejor¨® con el tiempo y al no adoptar el centro las medidas requeridas, ¡°se cansaba y empezaba a molestar al de al lado¡±. Los progenitores decidieron contratar apoyo fuera de las aulas para que el ni?o evolucionara. Sin embargo, seg¨²n su versi¨®n, cuando llegaba a las clases le? rega?aban diciendo que no ten¨ªa dislexia. ¡°T¨² lo que tienes es que eres un gandul, te portas mal", asegura la familia que le dec¨ªan. "Tiraban a la basura todo el trabajo que ten¨ªamos hecho de fuera¡±, apostilla.? La familia present¨® una demanda judicial contra la Consejer¨ªa de Educaci¨®n del Gobierno auton¨®mico, que termin¨® con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dando la raz¨®n a los padres.

Admisi¨®n de informes privados

Los progenitores solicitaron al centro la evaluaci¨®n en 2013, seg¨²n la sentencia. Al no obtener respuesta, elevaron la petici¨®n a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n en 2016 y un a?o despu¨¦s se expidi¨® un preinforme psicopedag¨®gico que concluy¨® que el estudiante ten¨ªa un coeficiente intelectual de 116, una evoluci¨®n positiva, un nivel adecuado en lectura y progreso en escritura. ¡°Sin embargo, se dice que la orientadora no se reuni¨® con el menor en ning¨²n momento¡±, apostilla el texto.

Unas conclusiones que la Sala no considera ¡°concluyentes¡±, puesto que ¡°el hecho de que el menor tenga un coeficiente intelectual de 116, no implica que no existan las dificultades de aprendizaje, las cuales han sido puestas de manifiesto a trav¨¦s del estudio realizado por el gabinete privado al que tuvieron que acudir los padres por la nula respuesta dada por el centro y las autoridades educativas¡±.

La Asociaci¨®n Casa del Funcionario, que ha difundido este jueves la sentencia, recuerda que los departamentos de orientaci¨®n de los colegios no realizan diagn¨®sticos de dislexia y hasta la fecha tampoco admit¨ªan los provenientes de centros privados.

En la actualidad, el menor cursa sexto de Primaria en un centro escolar p¨²blico y hasta la fecha no ha repetido curso. Los padres aseguran que han gastado 18.000 euros en apoyo privado. La madre se?ala que luchar¨¢ para que Educaci¨®n haga la correspondiente evaluaci¨®n psicopedag¨®gica a su hijo y adapte sus estudios en Secundaria.? Una evaluaci¨®n que, seg¨²n denuncia la asociaci¨®n, todav¨ªa no se ha hecho pese a la sentencia judicial, fechada en diciembre de 2018, por lo que el colectivo solicitar¨¢ la ejecuci¨®n de la misma. Preguntado al respecto, el Gobierno de Canarias guarda silencio.