Cuatro funcionarios se enfrentan a cinco a?os de prisi¨®n por usar el s¨ªndrome de alienaci¨®n parental
Los servicios sociales de Bizkaia separaron a una ni?a de su madre en contra del criterio del juez. El auto exige a la Diputaci¨®n una fianza de 600.000 euros como responsable subsidiaria
La vista contra los servicios sociales de la Diputaci¨®n de Bizkaia por arrebatar una ni?a a su madre usando el s¨ªndrome de alienaci¨®n parental y sin conocimiento del juez, est¨¢ m¨¢s cerca de celebrarse. El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Bilbao ha dictado ya el auto de apertura de juicio oral, en el que ordena a la instituci¨®n foral a depositar una fianza de 600.000 euros como responsable civil subsidiaria de los posibles delitos de cuatro de sus funcionarios, acusados de prevaricaci¨®n administrativa y de lesiones f¨ªsicas y ps¨ªquicas contra una madre y su hija, a la que arrebataron de sus brazos, con enga?os, y con el argumento de que estaba influenciando a la ni?a para que no estuviera con su padre, es decir en base al denominado s¨ªndrome de alienaci¨®n parental. Por esos presuntos delitos, la acusaci¨®n solicita cinco a?os, seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n, adem¨¢s de 15 a?os de inhabilitaci¨®n especial para cargo o empleo p¨²blico. Los funcionarios ejecutaron una orden interna que daba por concluido el r¨¦gimen de custodia compartida dictado por un juez sin consultar con ¨¦l.
Despu¨¦s de dos archivos de la causa, el juzgado de instrucci¨®n ha dictado el auto a instancias de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que apreci¨® indicios de delito en los funcionarios en base al escrito de la acusaci¨®n, ejercida por el abogado de la madre. En una resoluci¨®n muy dura, este ¨²ltimo tribunal explicaba que el s¨ªndrome de alienaci¨®n parental (SAP) es ¡°otra forma de violencia contra la mujer¡± sin base cient¨ªfica, descartado adem¨¢s en numerosas sentencias judiciales, y descalificado por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud y por el Consejo General del Poder Judicial. Argumentaba adem¨¢s que la decisi¨®n de arrebatar a la ni?a de los brazos de su madre, con enga?os y violencia, adem¨¢s de puenteando al juez, encaja en el delito de prevaricaci¨®n administrativa continuada. Incluso la Fiscal¨ªa apercibi¨® a la Diputaci¨®n de que la orden foral no ten¨ªa la entidad suficiente, sin la ratificaci¨®n judicial, como para tomar una decisi¨®n de ese tipo. El padre sigue teniendo la custodia de la ni?a, con visitas puntuales, dos a la semana, de su madre, Irune Costumero.
La batalla judicial se prolonga ya casi tres a?os desde que Costumero denunci¨®, en agosto de 2017, a los cuatro funcionarios. Aquel verano la citaron en el Servicio foral de Infancia con otro motivo, y cuando acudi¨®, varios funcionarios de la Diputaci¨®n, acompa?ados por varios polic¨ªas y personal de seguridad, le quitaron a su hija de cinco a?os. Ahora tiene ocho reci¨¦n cumplidos. La secci¨®n sexta de la Audiencia Provincial denunci¨® el proceder de la Diputaci¨®n, porque ¡°no parece que la competencia¡± para revisar una resoluci¨®n judicial sea de la instituci¨®n, e imput¨® a la jefa del Secci¨®n de Recepci¨®n, Valoraci¨®n y Orientaci¨®n, Antonia Giner; a la jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso; al director general de Promoci¨®n de la autonom¨ªa personal, ahora diputado foral de Acci¨®n Social, Sergio Murillo, y a la trabajadora social que ejecut¨® la orden, Maika Urrutxurtu, por prevaricaci¨®n y por un posible delito de lesiones que se produjeron cuando usaron la fuerza contra Costumero y ¡°quiz¨¢s¡±, apuntaba el auto, contra la propia ni?a.
El juez de primera instancia ha dictado auto de apertura de juicio oral pese al escrito del Ministerio Fiscal que, como en dos anteriores ocasiones, pide el sobreseimiento provisional. Frente a esa posici¨®n, la acusaci¨®n particular, en sinton¨ªa con los planteamientos de la propia Audiencia, pide para los cuatro funcionarios 15 a?os de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por el delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa; tres a?os, seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n por el delito continuado de lesiones ps¨ªquicas a un menor; y dos a?os y un d¨ªa de prisi¨®n por el mismo delito, pero causadas a la madre.
El escrito de acusaci¨®n termina apelando al cumplimiento de las resoluciones ya dictadas. ¡°A pesar del tiempo transcurrido, de las sucesivas resoluciones judiciales dictadas en este tiempo por la Audiencia Provincial de Bizkaia, a pesar de que incluso las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron por unanimidad de todos los partidos pol¨ªticos integrantes de las mismas el pasado d¨ªa 22 de enero de 2020 una revisi¨®n de los instrumentos del Servicio Foral de Infancia para no aplicar el llamado s¨ªndrome de alienaci¨®n parental, lo cierto es que los encausados no han modificado su resoluci¨®n arbitraria y la siguen aplicando en el d¨ªa de la fecha¡±, cita.
Costumero y varias madres m¨¢s se reunieron con todos los grupos pol¨ªticos para ense?arles la argumentaci¨®n judicial sobre el SAP, y las consecuencias que puede generar en los ni?os. Hasta el PNV, que gobierna en la Diputaci¨®n, se sum¨® a una proposici¨®n que, aprobada por unanimidad a finales de diciembre, insta a la Diputaci¨®n Foral, en general, y al Servicio de Infancia, en particular, a que dejen de utilizar ese s¨ªndrome a la hora de valorar la situaci¨®n con los menores y sus madres o padres, y recurran a otro tipo de metodolog¨ªas.
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