Los funcionarios m¨¢s j¨®venes optan masivamente por la sanidad p¨²blica y precipitan la crisis de Muface

La crisis que viven las mutualidades de funcionarios ¡ªMuface, pero tambi¨¦n Mugeju, del personal de Justicia, e Isfas, de los militares¡ª puede ilustrarse con un solo dato: de cada 100 euros que ingresan en primas, las aseguradoras privadas acaban destinando 100,8 a la asistencia sanitaria de la poblaci¨®n protegida. Es decir, ni siquiera cubren gastos, seg¨²n los datos incluidos en el informe Sanidad privada, aportando valor 2023 de la Fundaci¨®n IDIS, que defiende los intereses del sector sanitario privado.

Las empresas y los sindicatos del sector acusan al Gobierno de no financiar adecuadamente a este colectivo, que en el caso de Muface atiende a 1,52 millones de empleados p¨²blicos y sus familias, seg¨²n datos de la mutualidad a los que ha tenido acceso EL PA?S. A diferencia del resto de la poblaci¨®n, que tiene derecho a la sanidad p¨²blica, los beneficiarios de Muface tienen una segunda opci¨®n: ir a la sanidad privada. Adem¨¢s, cada a?o pueden escoger qu¨¦ tipo de asistencia quieren, sin que nada les impida volver a la privada despu¨¦s de ir un a?o a la p¨²blica o a la inversa.

La supuesta infrafinanciaci¨®n del sistema, sin embargo, es solo una parte de ver un problema que, en el fondo, responde m¨¢s a cambios sociales y demogr¨¢ficos de los funcionarios. Estos han acabado por provocar una tormenta perfecta en la que aumentan los gastos por el envejecimiento de la poblaci¨®n protegida sin que esto se vea compensado por las primas de los m¨¢s j¨®venes. La raz¨®n es que los nuevos funcionarios, los que menos gastar¨ªan, est¨¢n eligiendo masivamente ser atendidos en la sanidad p¨²blica ¡ªdos de cada tres el a?o pasado¡ª y rechazan los seguros privados que les ofrece Muface.

¡°Es una situaci¨®n muy compleja de gestionar y que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de las mutualidades tal y como lo conocemos. Los beneficiarios cada vez son de mayor edad y suponen un mayor gasto. Muface siempre han sido un modelo cuestionado por lo que tienen de privilegio para los funcionarios en comparaci¨®n con el resto de la poblaci¨®n. Al final, parece que la tendencia es hacia una extinci¨®n natural del modelo por razones demogr¨¢ficas, aunque esto llevar¨¢ m¨¢s o menos tiempo seg¨²n c¨®mo se gestione la actual crisis¡±, sostiene Beatriz Gonz¨¢lez L¨®pez-Valc¨¢rcel, catedr¨¢tica en Econom¨ªa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El a?o pasado entraron a formar parte de Muface un total de 62.500 empleados p¨²blicos, seg¨²n los datos a los que ha tenido acceso este diario. De ellos, el 66,3% apost¨® por ser atendido en la sanidad p¨²blica. Este porcentaje es a¨²n mayor, del 74%, entre los 46.000 docentes de ense?anza no universitaria (ENU), que en 2023 fueron el mayor grupo de nuevos funcionarios debido a los procesos de estabilizaci¨®n del empleo p¨²blico. La mayor¨ªa de funcionarios, el 69,6%, sigue eligiendo la sanidad privada, aunque este porcentaje est¨¢ descendiendo a un ritmo notable en los ¨²ltimos a?os (en 2016 era el 80,4%).

La edad media de los nuevos titulares de Muface es, obviamente, notablemente menor que la media de los que ya llevan a?os en la mutualidad. En el caso de los docentes ENU esta fue de 38 a?os ¡ªde 48 entre los acogidos a los procesos de estabilizaci¨®n¡ª, mientras entre el resto de empleados p¨²blicos ¡ªpolic¨ªas, administraci¨®n central...¡ª ascend¨ªa a 40 a?os. Por el contrario, seg¨²n la memoria de Muface de a?o 2023, la edad media de los titulares se acercaba el a?o pasado a los 58 a?os. Esto son casi cuatro a?os m¨¢s que hace solo una d¨¦cada.

Las fuentes consultadas apuntan a varias razones que explican la decisi¨®n de las nuevas generaciones. Una ser¨ªa ¡°la fidelizaci¨®n del sistema p¨²blico de salud respecto a personas que lo han conocido¡±, afirma Jos¨¦ Ram¨®n Repullo, profesor de Planificaci¨®n y Econom¨ªa de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Se trata, seg¨²n este experto, de ¡°personas que est¨¢n en la treintena o cuarentena, que llevan muchos a?os acudiendo a la atenci¨®n primaria, los m¨¦dicos especialistas y hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que, llegado el momento de elegir, prefieren seguir con ellos¡±.

Repullo destaca que este es un fen¨®meno conocido y que tambi¨¦n se produce a la inversa: ¡°Con la asistencia sanitaria el paciente es muy fiel y no le suelen gustar los cambios. Esto tambi¨¦n lo notamos con los beneficiarios de Muface de mayor edad. Llevan toda la vida con el mismo seguro m¨¦dico, est¨¢n acostumbrados a c¨®mo funciona, a poder ir directamente al especialista y, salvo imperiosa necesidad, se resisten a cualquier cambio¡±.

Juan Abarca, presidente de la Fundaci¨®n IDIS, apunta tambi¨¦n otras razones. ¡°Los docentes est¨¢n dispersos por todo el territorio nacional y, en algunas provincias, la oferta de la sanidad privada no es tan completa como en las grandes ciudades. Esto puede hacer que estos empleados p¨²blicos elijan la p¨²blica. En las grandes capitales, al contrario, es m¨¢s frecuente que la gente de esa edad ya tenga un seguro m¨¦dico privado complementario y prefiera mantener la doble cobertura¡±, explica.

Estos nuevos datos confirman una tendencia que viene observ¨¢ndose desde hace tiempo: que cada vez son m¨¢s los funcionarios que eligen la sanidad p¨²blica frente a la privada. Y el proceso est¨¢ aceler¨¢ndose. Si en 2016, del total de beneficiarios, el 80,4% eleg¨ªa la sanidad privada, este porcentaje hab¨ªa descendido al 74,6% en 2021. Y este a?o ya es del 69,6%.

Esta tendencia est¨¢ sostenida por un doble trasvase de pacientes hacia el sistema p¨²blico. ¡°Una parte importante de los que van eligiendo la p¨²blica son personas j¨®venes. Pero nuestras investigaciones muestran que hay otra parte de personas con patolog¨ªas graves y complejas, que suelen ser m¨¢s frecuentes con la edad, que dejan la sanidad privada para ser atendidos en la p¨²blica. Esto parece indicar que se produce una selecci¨®n de riesgos por los seguros m¨¦dicos y que los enfermos que mayor gasto causan acaban siendo atenidos de una forma u otra en la sanidad p¨²blica¡±, sostiene Beatriz Gonz¨¢lez L¨®pez-Valc¨¢rcel.

Los datos de beneficiarios mayores de 65 a?os corroboran esta hip¨®tesis, que vendr¨ªa a aligerar algo las maltrechas cuentas de los seguros privados con Muface. Si en 2016 solo el 15,2% de los beneficiarios mayores de 65 a?os eleg¨ªa la red p¨²blica, este porcentaje ya es actualmente del 22,6%. Si se tienen en cuenta c¨®mo se distribuye entre la sanidad privada y la p¨²blica el incremento del grupo de los mayores de 65 a?os, esa tendencia se observa m¨¢s claramente. Desde 2016, los mayores de 65 a?os crecen a un ritmo de 10.000 u 11.000 personas al a?o. Ese a?o, menos del 30% iba a la p¨²blica. Ahora ya lo hace pr¨¢cticamente la mitad.

¡°Este incremento puede parecer peque?o, pero la selecci¨®n de riesgos puede ser sustancial si tenemos en cuenta que la mayor parte del gasto sanitario se concentra en un grupo reducido de personas. Entre el 5% y el 10% de los pacientes acaparan m¨¢s del 50% del gasto total¡±, sostiene Jos¨¦ Ram¨®n Repullo.

Desde el sector privado, Juan Abarca niega que esta selecci¨®n de riesgos se produzca. ¡°No tiene sentido, nuestro objetivo es siempre ofrecer una asistencia integral a todo el colectivo y nuestros datos nos dicen que gran parte de los beneficiarios, pero sobre todo los de mayor edad, prefieren ser atendidos por la sanidad privada¡±, defiende.

Adeslas, Asisa y DKV son los tres seguros privados que ahora atienden al mill¨®n largo de funcionarios de Muface que han elegido ser atendidos por la sanidad privada. Ninguna de las compa?¨ªas se present¨® al nuevo convenio, vigente en el periodo 2025-2026, a pesar de que este preve¨ªa un aumento de las primas del 17%. Las aseguradoras afirman que este porcentaje no les permitir¨ªa salir de las p¨¦rdidas acumuladas en los ¨²ltimos a?os, en los que adem¨¢s del envejecimiento de los beneficiarios se ha producido un importante repunte de la inflaci¨®n. El Gobierno busca ahora la f¨®rmula para resolver la crisis y alcanzar un acuerdo. Por ahora, ha recordado a los funcionarios que, al menos, tiene los instrumentos para prorrogar la actual asistencia hasta octubre de 2025.