La CIDH impone a Argentina garantizar tierra, agua potable y alimentos a comunidades ind¨ªgenas

Existen cientos de reclamos de pueblos ind¨ªgenas al Estado argentino para que reconozca la propiedad ancestral de las tierras, pero es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expide en uno. Se trata del conflicto m¨¢s grande y antiguo en este pa¨ªs, involucra 400.000 hect¨¢reas del Chaco salte?o (noreste del pa¨ªs) habitadas por unas diez mil personas, y la sentencia se conoci¨® el jueves. ¡°Argentina es responsable por violar los derechos a la propiedad comunitaria ind¨ªgena, a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentaci¨®n y al agua¡±, dijo la CIDH. Las...

Existen cientos de reclamos de pueblos ind¨ªgenas al Estado argentino para que reconozca la propiedad ancestral de las tierras, pero es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expide en uno. Se trata del conflicto m¨¢s grande y antiguo en este pa¨ªs, involucra 400.000 hect¨¢reas del Chaco salte?o (noreste del pa¨ªs) habitadas por unas diez mil personas, y la sentencia se conoci¨® el jueves. ¡°Argentina es responsable por violar los derechos a la propiedad comunitaria ind¨ªgena, a un ambiente sano, a la identidad cultural, a la alimentaci¨®n y al agua¡±, dijo la CIDH. Las v¨ªctimas son 132 comunidades originarias, a quienes Argentina deber¨¢ expedir un t¨ªtulo de propiedad colectivo y reparar en varios aspectos. Por ejemplo, garantiz¨¢ndoles acceso al agua potable y a una alimentaci¨®n adecuada. La zona es cr¨ªtica, all¨ª se vive en la indigencia y los ni?os mueren regularmente de hambre, sed o infecciones.

¡°Estoy contento, fue una lucha larga. Las comunidades se sienten bien, tranquilas. Saben ahora que su territorio es recuperado¡±, dijo Francisco P¨¦rez, cacique de la comunidad Ca?averal y uno de los coordinadores de la asociaci¨®n Lhaka Honhat. ¡°La sentencia es muy importante: acepta la raz¨®n de nuestro pedido. Estamos contentos. Faltar¨ªa pensar c¨®mo vamos a desarrollar, a usar nuestro territorio para el futuro. Para nuestros hijos¡±, sostuvo P¨¦rez en Lhapakas (¡°Nuestras voces¡±, en wich¨ª), una emisora popular ind¨ªgena.

Salta es la provincia argentina con mayor diversidad cultural. Este conflicto se remonta hasta 1984, en el retorno de la democracia, cuando ind¨ªgenas del departamento Rivadavia, una franja inmensa de monte y calor agobiante situada en el l¨ªmite con Bolivia y Paraguay, empezaron a pedir que se reconociera su propiedad en las tierras que ocuparon hist¨®ricamente; ped¨ªan un t¨ªtulo ¨²nico ¨Csin subdivisiones¨C. Ellos pertenecen a las etnias wichi, chorote y chulup¨ª, y viven all¨ª hace siglos. Son pescadores, cazadores, recolectores de frutos y miel, y hacen artesan¨ªas con madera de palo santo y fibra de chaguar, aunque hoy suelen vivir asentados en aldeas m¨¢s sedentarias y depender de beneficios sociales del Estado.

El caso se conoce como Lhaka Honhat (¡°nuestra tierra¡±, en lengua wich¨ª), por la asociaci¨®n que nuclea a los peticionantes. La superficie reclamada fue primero de 643.000 hect¨¢reas y despu¨¦s, de 400.000. Muchas familias criollas (no ind¨ªgenas) tambi¨¦n habitan la zona hist¨®ricamente, y en muchos casos son igualmente pobres. Pero los demandantes le plantearon al Estado que el desarrollo de su forma tradicional de vida ¡ªsu mundo social y cultural¡ª resulta alterada por las actividades de los criollos. Por ejemplo, el pastoreo de la ganader¨ªa, la instalaci¨®n de alambrados o la tala ilegal.

En d¨¦cadas, el conflicto recorri¨® todos los pelda?os provinciales, nacionales e internacionales. Los wich¨ªs elaboraron un mapa de top¨®nimos para demostrar su antigua presencia en el territorio, se dictaron soluciones amistosas y acuerdos para que el Estado repartiera la tierra entre ind¨ªgenas y criollos y hubo un refer¨¦ndum provincial. En 1998 el caso lleg¨® a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos y luego, a la Corte.

Tierra, agua, alimentos

La sentencia da al Estado argentino un m¨¢ximo de seis a?os para terminar de delimitar los terrenos (se hab¨ªa hecho parcialmente) y otorgar un t¨ªtulo que reconozca la propiedad conjunta de las 132 comunidades. Adem¨¢s, el pa¨ªs debe quitar los alambrados y el ganado de los criollos, y reubicar a estos pobladores en otras zonas productivas, aunque sin forzar desalojos, en principio. Tambi¨¦n tiene que identificar en seis meses los puntos de esta zona donde falta agua potable ¡ªla situaci¨®n es dram¨¢tica¡ª, y tomar medidas para garantizar el acceso permanente a ella y a una alimentaci¨®n ¡°nutricional y culturalmente adecuada¡± para los pobladores. Adem¨¢s, Argentina debe reforestar el lugar, impedir la tala indiscriminada, crear un fondo de desarrollo comunitario y difundir este fallo tambi¨¦n en las lenguas originarias.

En las comunidades beneficiadas la exclusi¨®n social es alarmante. Las Vertientes, Ca?averal, Pozo de Tigre, Buen destino, El Porvenir, Pim Pim, La Esperanza, La Curvita, Misi¨®n la Paz y Misi¨®n Anglicana (misi¨®n es un t¨¦rmino en desuso, huella de la evangelizaci¨®n inglesa de la esta zona a principios del siglo XX) son algunos de sus nombres. No tienen agua, no llegaron los suplementos de alimentos secos ni el agua mineral prometidos por el gobierno ante una oleada de muertes de ni?os, y tampoco productos de higiene para afrontar la emergencia por coronavirus. Muchos cr¨ªos son analfabetos y no est¨¢n vacunados, y faltan enfermeros, agentes sanitarios y ambulancias.

En un comunicado y en una serie de twits, la Secretar¨ªa de la CIDH subray¨® el car¨¢cter in¨¦dito de la sentencia. Sostuvo: ¡°Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analiz¨® los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentaci¨®n adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma aut¨®noma a partir del art¨ªculo 26 de la Convenci¨®n Americana, ordenando medidas de reparaci¨®n para la restituci¨®n de esos derechos (¡­)¡±.

En funci¨®n de este fallo, ahora Argentina tendr¨¢ que consultar con los originarios antes de hacer cualquier obra en este lugar. Esto se relaciona con un cap¨ªtulo importante de esta historia: el de la construcci¨®n del puente internacional Misi¨®n La Paz (Argentina)-Pozo Hondo (Paraguay), sobre el r¨ªo Pilcomayo, mencionado en el fallo de la Corte. En 1995, el gobierno de Carlos Menem lo anunci¨® como parte de un ambicioso plan para integrar la postergada regi¨®n chaque?a con el Mercosur, proyecto que se combinar¨ªa con un ¡°corredor bioce¨¢nico¡± (Atl¨¢ntico-Pac¨ªfico), carreteras y la urbanizaci¨®n de la zona.

Pero los ind¨ªgenas no fueron consultados ni hubo evaluaciones del impacto ambiental, por lo que decidieron tomar pac¨ªficamente ese puente, medida que sostuvieron casi un mes. El documental Misi¨®n La Paz, de Gianfranco Quattrini y Sebasti¨¢n Antico, recoge parte de esta historia. Otros de los hitos ind¨ªgenas de los a?os noventa ligados a esta historia fueron una toma que hicieron del atrio de la catedral de la ciudad de Salta, y la llegada de la referente wich¨ª Octorina Zamora a la Casa Rosada, en Buenos Aires, donde la recibi¨® Menem.

En todo el Chaco argentino (provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y C¨®rdoba) hay m¨¢s de 380 conflictos abiertos entre comunidades y el Estado. Algunos est¨¢n motivados por la tenencia de la tierra, otros por demandas ambientales y varios conjugan ambas cuestiones, seg¨²n estimaciones de la asociaci¨®n civil Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf). El grueso de ellos surgi¨® despu¨¦s del a?o 2000, seg¨²n Redaf, por las tensiones entre el agronegocio ¡°y la cultura ind¨ªgena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida¡±.

Son millones de hect¨¢reas en juego, y este fallo podr¨ªa ser un precedente. Sin embargo, en sus fojas se reprocha que la justicia argentina no resuelve en plazos razonables y que el pa¨ªs ¡°no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria¡±.