Condenados seis hombres por la violaci¨®n en grupo de una ni?a ind¨ªgena en Argentina

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La violaci¨®n en grupo de una ni?a ind¨ªgena retrata la violencia machista en Argentina

Una ni?a argentina de 12 a?os que fue violada y cuya madre pidi¨® un aborto da a luz por ces¨¢rea

"Estaba firme yo. No estaba asustada. Estaba esperando si esto sale bien. Que se termine esto con justicia", dice por tel¨¦fono Francisca Ibarra con tono cansado. Esta mujer de 43 a?os migr¨® hace ya veinte desde una comunidad ind¨ªgena wich¨ª de Formosa a otra de Salta, en Alto de la Sierra, en la frontera argentina con Bolivia y Paraguay. All¨ª buscar¨¢ ahora remontar el golpe que supuso la violaci¨®n en grupo de su hija de 12 a?os, discapacitada, ocurrida en 2015. Desde entonces, Francisca lidi¨® con un Estado ausente y logr¨® una condena ejemplar para los culpables. El lunes, antes de lo previsto, un tribunal de la ciudad de Tartagal conden¨® a 17 a?os de c¨¢rcel efectiva a seis hombres por el abuso sexual con acceso carnal de la ni?a, que vive en una situaci¨®n de total indigencia. Otros dos acusados eran menores cuando participaron de la violaci¨®n en manada y fueron derivados a la justicia juvenil. La actuaci¨®n ¡ªen grupo y con menores¡ª y el uso de violencia f¨ªsica agravaron el delito.

Bastaron cuatro d¨ªas para cerrar el juicio. Declararon peritos, caciques de la comunidad wich¨ª, familiares de los acusados y de la ni?a, el ch¨®fer que la llev¨® al hospital y sus padres, que lloraron. Tensos, por primera vez en una sala de juicios, los wich¨ªs soltaron un pu?ado de palabras cada uno, pero sin apartarse de una idea colectiva: ¡°Ha sido violaci¨®n, que haya justicia¡±. Algunos hablaron espa?ol. Otros apostaron a su lengua materna, asistidos por una int¨¦rprete. Una declaraci¨®n de la v¨ªctima tomada en c¨¢mara Gesell se reprodujo en la sala. Y muchos testigos fueron desechados por las defensas, lo que aceler¨® el proceso.

Las condenas, finalmente, fueron las que pidi¨® el fiscal. Los defensores solicitaron, en cambio, la libertad de todos los acusados amparados en el beneficio de la duda. La querella y los wich¨ªs buscaban la pena m¨¢xima: 20 a?os. ¡°Pero actuaron como corresponde, es importante, hubo justicia¡±, dijo Julio D¨ªaz, presidente de la comunidad Chofway, de donde es la menor violada.

Asencio P¨¦rez, otro cacique y nexo pol¨ªtico con el mundo no ind¨ªgena, recre¨® ante el tribunal el minuto cero del caso, cuando la ni?a violada fue hallada en la cancha de f¨²tbol y ¡°toda la misi¨®n¡± ¨Cun t¨¦rmino en desuso, huella de la evangelizaci¨®n en la zona¨C irrumpi¨® con la v¨ªctima en el hospital. P¨¦rez cont¨® que certificar el abuso fue un calvario. El m¨¦dico que la examin¨® no pod¨ªa firmar documento alguno: de nacionalidad boliviana, era uno de los extranjeros sin t¨ªtulo revalidado que Salta ubica en zonas alejadas, donde pocos argentinos aceptan trabajar. La firma del gerente del hospital tampoco sirvi¨® porque era bioqu¨ªmico. Conclusi¨®n: los acusados quedaron libres.

Pero algo camb¨® seis meses despu¨¦s del ataque. La ni?a, v¨ªctima de un evidente retraso madurativo, estaba embarazada. El diagn¨®stico fue fortuito, obra de una fundaci¨®n que hac¨ªa trabajos de asistencia en la comunidad. A.S., esas son sus iniciales, viaj¨® entonces en un vuelo sanitario hasta a la capital de la provincia. Llevaba en su vientre un feto sin posibilidades de sobrevivir. El calvario de A.S. termin¨® en una ces¨¢rea. La prensa se enter¨® as¨ª de que una ni?a que por ley deber¨ªa haber abortado pero fue obligada a gestar. Juana, como se la apod¨®, se volvi¨® una bandera por el aborto, que no se cumple ni en casos de violaci¨®n de menores, seg¨²n el supuesto de una ley de 1921. El caso despert¨® a la pol¨ªtica y activ¨® una investigaci¨®n penal seria, medio a?o despu¨¦s.

Si el lunes hubo justicia por Juana fue por la difusi¨®n medi¨¢tica del embarazo de la menor. La sospecha es que el feto fue concebido antes del ataque grupal en el monte, es decir, que la ni?a ya era v¨ªctima de abuso. Un juez de la Corte provincial, promotor de un jury contra los primeros investigadores, hab¨ªa advertido que semejante posibilidad agravaba a¨²n m¨¢s ¡°el execrable e injusto trato al que fue sometida [la v¨ªctima], en total indefensi¨®n¡±. La pregunta es ahora qui¨¦n m¨¢s viol¨® a Juana en la peque?a sociedad de Alto de la Sierra. Existe otra investigaci¨®n que deber¨¢ responderla.

Un fallo reparador

El juicio se resolvi¨® en tiempo r¨¦cord. El Estado fue querellante con una defensora de violencia de g¨¦nero, resguard¨® siempre a los menores de esta historia (v¨ªctima y acusados), dispuso una int¨¦rpete wich¨ª-espa?ol (no siempre sucede, aunque corresponda y resulte evidente en un entorno pluriling¨¹e) y difundi¨® las audiencias a trav¨¦s de las redes sociales. Los jueces emitieron un fallo reparador, enmarcado en ¡°la violencia de g¨¦nero¡±.

La sala de juicios encontr¨® a wich¨ªs con ¡°chaque?os¡±, como llaman ellos a sus vecinos no ind¨ªgenas. Cerrar esta cicatriz quiz¨¢ sea el desaf¨ªo de un pueblo pobre donde la vida cotidiana es dura y la grieta ¨¦tnica muy profunda. Cuando la sentencia quede firme, todos los condenados engrosar¨¢n el ¡°registro nacional de violadores¡±, una base de datos reservada con perfiles gen¨¦ticos. Tambi¨¦n tendr¨¢n la oportunidad de ingresar al Programa de Tratamiento para Ofensores Sexuales (POS), un r¨¦gimen voluntario, centralizado en una c¨¢rcel de la Patagonia, en el extremo sur de Argentina, un experimento que el pa¨ªs del Ni Una Menos ensaya desde 2006 frente a la incesante violencia machista.