A tiempo de parar la crisis social

En Espa?a hay seis millones de personas usuarias de los servicios sociales, son las familias m¨¢s vulnerables y a las que de manera m¨¢s rotunda les va a afectar esta crisis sanitaria y econ¨®mica. En un sistema disperso y maltratado por los recortes inmisericordes, donde las decisiones se toman desde los Gobiernos aut¨®nomos y los Ayuntamientos, no acaban de llegar las prestaciones y servicios que eviten los riesgos sociales e incluso la quiebra de la cohesi¨®n social.

La actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes operados sobre el sistema de los servicios sociales y que han provocado dispositivos residenciales y de atenci¨®n domiciliaria escasos e insuficientemente dotados para afrontar el tsunami de la Covid-19. Y, desgraciadamente, si nadie lo remedia, se volver¨¢n a hacer evidentes los efectos de esos mismos recortes sobre la atenci¨®n primaria del sistema cuando afloren sus peores consecuencias sobre la pobreza y la exclusi¨®n social de enormes sectores de poblaci¨®n.

Por una parte, los gobernantes en este sector suelen hacer caso omiso de los profesionales e investigadores del sistema, por otra los procedimientos son complejos y eternos para la situaci¨®n de emergencia social que estamos viviendo. La consecuencia es palmaria, una bomba de relojer¨ªa que de no desactivarse estallar¨¢ en un futuro pr¨®ximo y pondr¨¢ en la encrucijada a una sociedad cada vez con m¨¢s desigualdad.

Hay que simplificar los procedimientos y actuar diligentemente. Se debe considerar la prescripci¨®n de los facultativos de los servicios sociales como ¨²nico requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones del sistema de servicios sociales reconocidas.

Es preciso limitar el reparto de bolsas de comida, no solo por lo que pueda suponer de aumento de la cadena de contagio, sino tambi¨¦n por el riesgo de estigmatizaci¨®n o revictimizaci¨®n de las familias destinatarias. Hay que priorizar las prestaciones econ¨®micas mediante transferencia o tarjetas monedero hasta tanto se apruebe el ingreso m¨ªnimo vital y se agilicen los procedimientos de las rentas m¨ªnimas auton¨®micas.

Se debe volver a valorar el medio mill¨®n de prescripciones del servicio de ayuda a domicilio para ajustar las tareas m¨¢s adecuadas y reasignar con nuevas intervenciones a estas personas beneficiarias o a otras nuevas usuarias, especialmente las personas que vivan solas y sean mayores de 65 a?os. Potenciar los servicios de teleasistencia y asegurar la atenci¨®n a las 100.000 personas en situaci¨®n de dependencia beneficiarias de centros de d¨ªa que desde el decreto de alarma est¨¢n en sus casas.

Hay que continuar la tramitaci¨®n de los expedientes de las m¨¢s de 400.000 personas en situaci¨®n de dependencia que est¨¢n en las listas de espera en algunas de las fases de los procedimientos y priorizar la urgencia de la intervenci¨®n.

Casi la mitad de las familias atendidas por los servicios sociales tienen menores, tenemos que garantizar la continuidad de los proyectos de intervenci¨®n con ni?os y adolescentes en situaci¨®n de riesgo. De esta manera se ejercer¨¢ una acci¨®n preventiva sobre el estr¨¦s que a?ade la actual situaci¨®n de confinamiento y se reforzar¨¢ el ejercicio de la parentalidad positiva.

En las zonas desfavorecidas o barrios altamente vulnerables es imprescindible que se realicen planes espec¨ªficos donde se facilite el acceso de estas familias a prestaciones que garanticen sus ingresos mientras no les sea posible desarrollar sus actividades econ¨®micas habituales: ayudas econ¨®micas o materiales de emergencia, tramitaci¨®n de rentas m¨ªnimas o prestaciones extraordinarias que pudiesen implementarse con motivo de la crisis, etc.

Las entidades del tercer sector (al igual que se ha hecho con el sistema sanitario) deben poner a disposici¨®n de las autoridades sanitarias y de los servicios sociales aut¨®nomos y municipales aquellos centros y dispositivos que pudieran ser precisos para atender necesidades de urgencia provocadas por la epidemia del coronavirus.

La acci¨®n del voluntariado adscrito a las entidades sociales, al Ayuntamiento en cualquiera de sus ¨¢reas de actividad, o vinculado a los servicios sociales deber¨ªa ser coordinada por el personal t¨¦cnico de los servicios sociales municipales, en colaboraci¨®n con las entidades, a fin de garantizar la unidad de acci¨®n, la correcta priorizaci¨®n de las acciones y la necesaria rentabilizaci¨®n de los recursos.

La responsabilidad de los gobernantes, especialmente auton¨®micos y municipales, es la de acometer con rigor e inteligencia las decisiones que eviten el sufrimiento de las personas m¨¢s vulnerables y las manifestaciones de quiebra de la cohesi¨®n social.

Una de las herramientas para hacerlo es contar de verdad, respetar y reforzar los servicios sociales. A pesar del maltrato y de los recortes pasados, medio mill¨®n de profesionales sabremos asumir el nuevo reto si se nos dan los recursos necesarios.

De no hacerlo, no podr¨¢n decir que no se advirti¨® y tampoco, que siguieron las indicaciones de los profesionales a los que habitualmente desoyen. Ser¨¢n responsables (se incluye tambi¨¦n a los cargos de hacienda y a los interventores), se lo reclamaremos los profesionales, se lo reclamar¨¢ la sociedad y quedar¨¢ sobre su conciencia.

Est¨¢n a tiempo de parar la crisis social. H¨¢ganlo.

Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez Navarro es el presidente de la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

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