Y ahora, ?qui¨¦n reclama a la Iglesia?

El listado que ha presentado el Gobierno de m¨¢s de 30.000 bienes p¨²blicos que la Iglesia ha puesto a su nombre desde 1998 hasta 2015 no es m¨¢s que una herramienta para que los ciudadanos y los Ayuntamientos consulten y quiz¨¢ se encuentren con la sorpresa de que aquella casa de campo que uno cre¨ªa propiedad de la familia desde varias generaciones ahora est¨¢ inscrita por alg¨²n obispado. O que la ermita del pueblo que construyeron los vecino...

El listado que ha presentado el Gobierno de m¨¢s de 30.000 bienes p¨²blicos que la Iglesia ha puesto a su nombre desde 1998 hasta 2015 no es m¨¢s que una herramienta para que los ciudadanos y los Ayuntamientos consulten y quiz¨¢ se encuentren con la sorpresa de que aquella casa de campo que uno cre¨ªa propiedad de la familia desde varias generaciones ahora est¨¢ inscrita por alg¨²n obispado. O que la ermita del pueblo que construyeron los vecinos para celebrar cultos ya no les pertenece. Despu¨¦s de la sorpresa lo que sigue es incierto. Organizaciones civiles han clamado durante a?os para que el PSOE o el Defensor del Pueblo llevaran ante el Constitucional la ley franquista que equiparaba a los obispos con fedatarios p¨²blicos, lo que les permiti¨® durante d¨¦cadas registrar estas fincas a su favor sin m¨¢s documento que su palabra. No hubo manera. Si el tribunal hubiera declarado inconstitucional aquella ley ¡ªmuchos constitucionalistas lo cre¨ªan probable¡ª, ahora los ciudadanos podr¨ªan invocar ese veredicto para reclamar sus propiedades en los tribunales, lo que les abrir¨ªa las puertas para recuperar lo suyo. Sin ese aval jur¨ªdico, poco podr¨¢n hacer los afectados. Miles de personas heredaron propiedades sin papeles, algo muy com¨²n en las zonas rurales. Y otros tantos Ayuntamientos no se preocuparon de inscribir los templos como bienes p¨²blicos. ?Qui¨¦n iba a pensar que la Iglesia, en silencio, se estaba haciendo con ellos?

Aznar extendi¨® en 1998 ese privilegio, algo a lo que ni Franco se hab¨ªa atrevido: una reforma legal permiti¨® a los obispos inmatricular los templos, algo que no hab¨ªan podido hacer hasta entonces. Eso destap¨® el pastel, cuando se descubri¨® que monumentos que son patrimonio mundial, como la mezquita de C¨®rdoba, icono de este expolio, ya no pertenec¨ªan al pueblo, ni a la humanidad, sino al obispado. Por eso dice la vicepresidenta Carmen Calvo que la Iglesia ha actuado amparada en la legalidad. Y eso ya vaticina una complejidad enorme para restituir lo usurpado.

A falta de certezas, se suscitan varias preguntas. ?Qu¨¦ porcentaje de lo inmatriculado volver¨¢ a sus leg¨ªtimos propietarios? Seguramente, apenas algunos bienes inscritos a pesar de que los due?os tienen documentos que demuestran su propiedad. Porque eso tambi¨¦n ha ocurrido en estas d¨¦cadas: los notarios y registros de la propiedad han permitido que los obispos pusieran a su nombre fincas e inmuebles que ya estaban registrados con anterioridad. Errores o malas pr¨¢cticas ha habido por doquier en este asunto. ?Devolver¨¢ de buena fe la Iglesia algunos de los monumentos m¨¢s significativos, como la Giralda de Sevilla, para acallar la pol¨¦mica? ?Qu¨¦ se ha negociado con el Gobierno a este respecto?

Las organizaciones civiles que luchan por recuperar este patrimonio cultural siempre han sospechado que asunto tan espinoso tendr¨ªa entre bambalinas arduas negociaciones. Algunos se preguntan tambi¨¦n qu¨¦ ofrecer¨¢ a cambio el Gobierno a las sotanas para cerrar este cap¨ªtulo sin menoscabo pol¨ªtico. Es una pregunta leg¨ªtima, habida cuenta de que, en otras ocasiones, cuando se le ha puesto freno a la Iglesia en algunos privilegios, por ejemplo, en materia impositiva, la instituci¨®n cat¨®lica recibi¨® en compensaci¨®n ping¨¹es beneficios econ¨®micos. Ocurri¨® con el IVA, a instancias de Europa. Exigirles que paguen el IBI de miles de propiedades por toda Espa?a es otro cantar. Negociar con la Iglesia nunca fue f¨¢cil.