Falta de transparencia y de verdad
El informe que acompa?a al listado de inmatriculaciones es resultado de negociaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal que nunca han visto la luz y seguro explican el retraso de casi tres a?os en su publicaci¨®n
Apenas concluido el Consejo de Ministros y Ministras, el PSOE public¨® este tuit con el hashtag #TransparenciaYVerdad: ¡°El listado de bienes inmatriculados por la Iglesia que el Gobierno env¨ªa al Congreso responde a una iniciativa presentada por el Grupo Socialista en el Congreso. Fue una ley de Aznar la que facilit¨® las inmatriculaciones de la Iglesia Cat¨®lica¡±. En ambas afirmaciones no dice toda la verdad y nunca fue transparente.
No dice la verdad porque la reforma de Aznar en 1998 sirvi¨® para priva...
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Apenas concluido el Consejo de Ministros y Ministras, el PSOE public¨® este tuit con el hashtag #TransparenciaYVerdad: ¡°El listado de bienes inmatriculados por la Iglesia que el Gobierno env¨ªa al Congreso responde a una iniciativa presentada por el Grupo Socialista en el Congreso. Fue una ley de Aznar la que facilit¨® las inmatriculaciones de la Iglesia Cat¨®lica¡±. En ambas afirmaciones no dice toda la verdad y nunca fue transparente.
No dice la verdad porque la reforma de Aznar en 1998 sirvi¨® para privatizar los templos de culto, hasta entonces ajenos al Registro de la Propiedad por su consideraci¨®n hist¨®rica como bienes de dominio p¨²blico. Sin embargo, el privilegio que ha permitido a la jerarqu¨ªa cat¨®lica perpetrar el mayor esc¨¢ndalo inmobiliario de la historia es de origen franquista, equiparando a la Iglesia con la Administraci¨®n P¨²blica y a los Obispos con Notarios. Estas normas devienen inconstitucionales desde la entrada en vigor de nuestra Carta Magna por chocar frontalmente contra el principio de aconfesionalidad del Estado. En consecuencia, este listado de 35.000 bienes inmatriculados tampoco responde a toda la verdad porque debi¨® solicitarse desde 1946 o, en el peor de los casos, desde 1978. La Iglesia inmatricul¨® miles de bienes desde entonces, incluidos templos de culto a pesar de la prohibici¨®n registral, como La Seo y muchas iglesias mud¨¦jares de Arag¨®n o del prerrom¨¢nico asturiano, por citar algunos ejemplos sangrantes.
Tampoco es transparente. Como ha reconocido el Gobierno y la propia Conferencia Episcopal, el informe que acompa?a al listado es el resultado de negociaciones mantenidas entre ambas partes que nunca han visto la luz y que seguro explican el retraso de casi tres a?os en su publicaci¨®n, lleg¨¢ndose incluso a recurrir la decisi¨®n del portal de transparencia para impedirla. En medio, han coincidido silencios atronadores de la jerarqu¨ªa cat¨®lica en cuestiones tan espinosas como la exhumaci¨®n de Franco o la ley Cela¨¢. Algo similar ocurri¨® cuando el Gobierno de Zapatero increment¨® la asignaci¨®n a la Iglesia en el IRPF, a la par que se aprobaban las leyes del aborto o del matrimonio igualitario.
El resultado es que, contra lo prometido en el discurso de investidura y en sus programas electorales, el Gobierno de coalici¨®n elude pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones para no tener que declarar su nulidad. Y tampoco se compromete a regular en qu¨¦ casos los bienes de car¨¢cter religioso deben pertenecer al patrimonio p¨²blico, como ocurre en Francia o en Portugal, donde los monumentos m¨¢s relevantes son de todos y todas, sin cuestionar en ning¨²n caso su uso religioso. Se lava las manos y endosa el problema a los Ayuntamientos y particulares que ahora tendremos que probar lo que la Iglesia se apropi¨® sin prueba alguna.
Antonio Manuel Rodr¨ªguez Ramos es profesor de Derecho Civil de la Universidad de C¨®rdoba y portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando.