El largo camino del canon digital

La reforma del canon digital espa?ol, dise?ado para compensar a las sociedades de gesti¨®n de derechos de autor por la copia privada (el derecho que tiene el propietario de un CD, por ejemplo, a reproducirlo para uso propio), y la tramitaci¨®n de la ley de Internet son dos procesos te¨®ricamente independientes que esta primavera, sin embargo, est¨¢n coincidiendo en los titulares de actualidad. La culpa: una negociaci¨®n bloqueada, y una situaci¨®n de par¨¢lisis en el Ejecutivo, que han extendido la guerra por el c¨¢non al frente de la nueva norma sobre la Red.

Este galimat¨ªas de propuestas, globos sonda, contrapropuestas y desmentidos no es m¨¢s que el pen¨²ltimo cap¨ªtulo de un largo enfrentamiento entre las entidades de gesti¨®n de derechos de propiedad intelectual (de las que la SGAE es la m¨¢s conocida) y la alianza formada por las empresas encargadas de cobrar el citado canon (las fabricantes de CDs v¨ªrgenes y otros dispositivos) y y los agrupaciones de consumidores (que no en vano son quienes terminan pag¨¢ndolo finalmente).

Del cassete al CD

La regulaci¨®n de la copia privada en Espa?a, y con ella la del canon compensatorio a los autores se remonta a 1996, cuando se reforma la Ley de Propiedad Intelectual. Desde entonces y hasta 2003, las entidades de gesti¨®n percib¨ªan una cantidad fija por cada cinta virgen de audio o de v¨ªdeo vendida. Pero la generalizaci¨®n de los ordenadores personales y con ella de las unidades de grabaci¨®n de CDs primero, y de DVDs despu¨¦s, terminaron multiplicando las posibilidades de copia, y por desatar una oleada de demandas judiciales en las que las entidades de gesti¨®n reclamaban a las fabricantes de estos dispositivos (agrupados en ASIMELEC) el pago del canon.

Para cerrar esta guerra ambas partes llegaron a un acuerdo en 2003, por el cual ambos tipos de discos pasaban a estar gravados con una cantidad fija que los fabricantes deb¨ªan remitir a los propietarios de los derechos de propiedad intelectual, y que terminaron repercutiendo fundamentalmente en los consumidores.

La reacci¨®n de los usuarios no tard¨® en llegar en forma de campa?as de protesta como las emprendidas por algunas asociaciones, que en 2004, s¨®lo unos meses despu¨¦s del cambio de Gobierno, le solicitaban al Ejecutivo que retirase el canon a los discos digitales, y calificaban su aplicaci¨®n de indiscriminada e ilegal. Se iniciaba as¨ª una guerra de declaraciones de bajo nivel en el que cada parte defend¨ªa o atacaba el acuerdo de 2003, y que arreci¨® en cuanto comenz¨® la tramitaci¨®n de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

Esta iniciativa legislativa sirvi¨® para atraer la atenci¨®n de los medios de comunicaci¨®n sobre el sistema del canon, y de hecho la plataforma 'todoscontraelcanon', que agrupa a varias asociaciones de usuarios junto a fabricantes de dispositivos gravados por el canon y empresas que prestan servicios de telecomunicaciones o en Internet, present¨® ante el Senado casi 100.000 firmas en contra de ¨¦l. Pese a todo, la reforma se aprob¨® durante el verano de 2006, dejando el campo abierto a que el sistema gravase cualquier dispositivo que sirviese para almacenar datos (y con ellos, contenidos protegidos por derechos de autor).

Bloqueo incluso en el Ejecutivo

Pero ese articulado no daba m¨¢s detalles. En cambio, invitaba a las dos partes enfrentadas -nueve entidades de gesti¨®n (SGAE, CEDRO, AGEDI, AIE, VEGAP, EGEDA, AISGE y DAMA) y dos asociaciones de empresas (AETIC y ASIMELEC)- a sentarse a negociar a qu¨¦ dispositivos le aplicaban el c¨¢non. Lo hicieron, pero sus posiciones estuvieron tan enfrentadas que el acuerdo se hizo imposible.

Llegado ese punto, la intervenci¨®n del Ejecutivo (prevista en la norma) tampoco sirvi¨® para mucho. Sin una postura clara, los Ministerios de Industria y Cultura reproduc¨ªan en el seno del Consejo de Ministros las discrepancias de ambos bandos. As¨ª, si la responsable de cultura defend¨ªa los intereses de los propietarios de los derechos, el de Industria hac¨ªa lo propio con la industria que fabrica esos dispositivos.

La receta para el bloqueo se completaba a mediados del mes de abril, cuando el ejecutivo remit¨ªa al Congreso el texto del proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n (tambi¨¦n conocida como LISI), que nada tiene que ver con el pol¨¦mico canon, pero que en alg¨²n momento de su dise?o lleg¨® a contener un art¨ªculo que facultaba a las entidades de gesti¨®n para exigir directamente y de manera ejecutiva - sin mandato jucial- a las operadoras de telecomunicaciones el bloqueo del servicio a aquellos de sus usuarios que descargasen archivos piratas.

El 17 Bis, texto para la pol¨¦mica, desapareci¨® despu¨¦s del articulado, pero suministr¨® m¨¢s armamento a la batalla del canon, mezclando as¨ª la cuesti¨®n de la pirater¨ªa a trav¨¦s de la Red con el dise?o del nuevo canon. A s¨®lo unas semanas de que se celebren elecciones municipales y auton¨®micas, y dado lo delicado del asunto, es poco probable que la situaci¨®n salga del callej¨®n en el que se encuentra. Pero cuando lo haga, es muy probable que tampoco sea de forma pac¨ªfica. Nunca ha sido as¨ª.