El jefe controla mi 'e-mail'

?Puede estar seguro un trabajador de que ning¨²n ojo oculto de la empresa lee sus correos electr¨®nicos? El mail se ha convertido en los ¨²ltimos tiempos en una herramienta indispensable en la mayor¨ªa de los empleos, pero la incertidumbre sobre su uso y control ha sido grande hasta hace poco.

El panorama, por fortuna, se ha despejado bastante gracias a una reciente sentencia del Tribunal Supremo. "Las empresas pueden fiscalizar el correo profesional de sus empleados para comprobar que cumplen con sus tareas, ver el n¨²mero de mensajes que env¨ªan, con qu¨¦ peso... Estos controles los suele admitir la justicia sin mayores exigencias", explica Javier Aparicio Salom, socio del departamento de Propiedad Intelectual y Protecci¨®n de Datos de Cuatrecasas.

Lo que tienen m¨¢s complicado es acceder al contenido de los correos. "S¨®lo se pueden leer los e-mail cuando existen circunstancias graves, cuando no pueden utilizarse otros medios de investigaci¨®n. La invasi¨®n de la intimidad debe ser siempre la m¨ªnima posible", apunta Aparicio Salom. "Cualquier sistema de control tiene que ser id¨®neo, proporcional y necesario", remata Javier Ribas, socio de Landwell- PricewaterhouseCoopers.

Las empresas no tienen carta blanca a la hora de vigilar. Los delitos que m¨¢s persiguen (deslealtades graves, desvelar secretos a la competencia...) son "abstractos, lo que deja un gran margen a la interpretaci¨®n, pero esto no significa que puedan entender lo que les convenga en cada momento, sino que deben valorar si las circunstancias son tan graves como para justificar una limitaci¨®n de las libertades de los empleados", se?ala Javier Aparicio, de Cuatrecasas. Las compa?¨ªas se mueven a menudo, pues, en terrenos pantanosos y poco claros, con el riesgo de extralimitarse en su control, con lo que eso puede suponer legalmente para ellas.

Cada vez m¨¢s despidos por un mal uso

Proteger la propiedad intelectual e industrial es la preocupaci¨®n principal de las compa?¨ªas a la hora de ejercer unos controles que cada vez son mayores, tal como recalcan Aparicio y Ribas. Conocer a qu¨¦ dedican exactamente los trabajadores su jornada laboral tambi¨¦n importa, aunque en un segundo plano.

No existen datos oficiales, pero ambos abogados expertos en esta materia, tanto Javier Ribas como Javier Aparicio, aseguran que el n¨²mero de despidos ha crecido por este motivo. La horquilla de medidas sancionadoras cuando un empleado es cazado in fraganti oscila entre no hacer nada y perseguirlo penalmente.

Los trabajadores, eso s¨ª, tienen derecho a conocer si su correo electr¨®nico de empresa puede ser controlado. C¨®mo se informa de ello depende de cada empresa. En Cuatrecasas, por ejemplo, aconsejan la firma de un documento que explique las normas de uso de las diferentes herramientas de trabajo. Ribas, por su parte, de Landwell- PricewaterhouseCoopers, cree que "es recomendable que se establezcan cl¨¢usulas espec¨ªficas en los contratos de trabajo o, incluso, en los convenios".

Los correos personales, inviolables

Todos estos controles afectan a las cuentas de correo profesionales, pero nunca a las personales. ?stas se encuentran protegidas de forma total por el C¨®digo Penal, al igual que una carta tradicional o el tel¨¦fono. Se trata de un medio de comunicaci¨®n absolutamente privado y personal. "Cualquier intento del empresario de acceder a su contenido sin un mandato judicial ser¨¢ constitutivo de delito", subraya Aparicio Salom.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado septiembre ha resultado clave para sentar los criterios que a partir de ahora seguir¨¢n los jueces en este asunto. "La jurisprudencia no era un¨ªvoca y ello generaba inseguridad jur¨ªdica e incertidumbre en el momento de fijar una pol¨ªtica corporativa para el uso de los sistemas", comenta Javier Ribas. "La sentencia del Tribunal Supremo ha eliminado esta incertidumbre, pero ahora las empresas deben realizar un esfuerzo para adaptarse a los nuevos criterios, ya que en la mayor¨ªa de las compa?¨ªas no hay normas", concluye el socio de Landwell- PricewaterhouseCoopers.