La estrategia de seguridad de Petro est¨¢ entre par¨¦ntesis, dice informe de la FIP
El documento indica que la paz total a¨²n es ¡°de micr¨®fono¡± y no se ha concretado en alivios para las comunidades de los territorios
La estrategia de seguridad durante los tres primeros meses del gobierno de Gustavo Petro se encuentra entre ¡°par¨¦ntesis¡± y la paz total ¡°no ha logrado la tracci¨®n necesaria¡± para frenar la inercia de la violencia, por ahora es una paz de promesa y micr¨®fonos. As¨ª lo indica el informe Petro y la estrategia de paz y seguridad, de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP).
El an¨¢lisis de este centro de estudios del conflicto muestra que hubo una reducci¨®n del 73% de los combates y ofensivas de la Fu...
La estrategia de seguridad durante los tres primeros meses del gobierno de Gustavo Petro se encuentra entre ¡°par¨¦ntesis¡± y la paz total ¡°no ha logrado la tracci¨®n necesaria¡± para frenar la inercia de la violencia, por ahora es una paz de promesa y micr¨®fonos. As¨ª lo indica el informe Petro y la estrategia de paz y seguridad, de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP).
El an¨¢lisis de este centro de estudios del conflicto muestra que hubo una reducci¨®n del 73% de los combates y ofensivas de la Fuerza P¨²blica contra grupos armados ilegales al comparar con el mismo periodo de 2021. ¡°Hay una disminuci¨®n del conflicto entre grupos armados y el Estado, una disminuci¨®n de la operatividad¡±, dice Jorge Mantilla, director de Din¨¢micas del Conflicto de la FIP. Tambi¨¦n hay una disminuci¨®n del 74% de las acciones de esos grupos armados contra infraestructura y bienes estatales.
El informe concede que Petro ¡°asumi¨® la Presidencia en medio una situaci¨®n cr¨ªtica de seguridad y violencia con alto impacto humanitario y el fortalecimiento de los grupos armados a nivel local¡± y rescata que ha hecho anuncios y establecido tres estrategias que buscan disminuir la violencia letal, aunque es ¡°pronto para mostrar resultados¡±.
Una de ellas es la apuesta por la paz total, a la que buscan sumarse al menos 22 estructuras incluidas la guerrilla del ELN, las dos facciones disidentes y el Clan del Golfo. Otra es el Plan Perseo, que busca brindar seguridad en los territorios a trav¨¦s de la recuperaci¨®n del control territorial y los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMU), una serie de encuentros regionales en las zonas m¨¢s afectadas por el conflicto armado. El Gobierno ha priorizado 65 municipios.
Sin embargo, afirma Mantilla, la realidad es que ninguna de ellas ha conseguido hasta ahora frenar la violencia. De hecho, aumentaron en un 79% las confrontaciones entre distintos grupos armados, llegando a la cifra m¨¢s alta desde 2016, con 25 combates. ¡°Esas confrontaciones no son nuevas pero la inercia de la violencia no se ha logrado detener¡±, agrega el investigador.
La FIP identifica 7 disputas: una en Arauca, entre el ELN y la disidencia del Frente 1 de las extintas FARC; otra en Putumayo y Caquet¨¢, donde la violencia ha escalado entre el Frente Carolina Ram¨ªrez de Iv¨¢n Mordisco y los Comandos de Frontera, de la Segunda Marquetalia, ambos disidentes; una m¨¢s en el centro y sur del departamento del Cauca entre el ELN y la columna M¨®vil Carlos Pati?o, de las disidencias de las FARC; en el pac¨ªfico nari?ense donde se enfrentan distintas facciones disidentes; en Buenaventura, donde la confrontaci¨®n es entre el ELN y el Frente Jaime Mart¨ªnez de las FARC; en Choc¨®, donde combaten el ELN y el Clan del Golfo; lo mismo que en el Bajo Cauca y nordeste de Antioquia.
Aunque muchas de esas se han querido sumar a la paz total, no est¨¢n cumpliendo con los requisitos del gobierno para entrar en las negociaciones: ¡°no matar, no torturar y no desaparecer¡±. El informe, entonces, asegura que ¡°el pa¨ªs nunca entr¨® en cese multilateral como se anunci¨® y la paz total a¨²n es de micr¨®fonos y anuncios¡±.
El impacto humanitario mantiene niveles altos y muestra una tendencia al aumento. Una de las cifras m¨¢s preocupantes es el homicidio de l¨ªderes sociales que aument¨® considerablemente en los sitios donde se estableci¨® la estrategia del PMU. ¡°Quiere decir o que no est¨¢ funcionando o que hay que dar m¨¢s tiempo a que se consolide¡±, dice Mantilla. El asesinato de l¨ªderes sociales aument¨® en un 50 por ciento. Seg¨²n la ong Indepaz, octubre fue el mes m¨¢s mort¨ªfero y en noviembre se lleg¨® a tener 171 l¨ªderes asesinados, la misma cifra que en todo el 2022.
El documento tambi¨¦n indica que las masacres aumentaron en un 38 por ciento y que disminuyeron los desplazamientos en un 31 por ciento. ¡°El impacto humanitario contin¨²a concentrado en la regi¨®n que conecta el Urab¨¢ con la frontera con Venezuela (norte de Antioquia y sur de Bol¨ªvar), el Pac¨ªfico, la frontera con Venezuela (Catatumbo y Arauca) y Putumayo¡±.
¡°Estamos en una suerte de entre par¨¦ntesis, se est¨¢ reformulando la estrategia, algo que es entendible. Pero se ha perdido la iniciativa militar del Estado en el territorio y no es muy claro cu¨¢l sea el rol de la fuerza p¨²blica en el marco de paz total¡±, dice el investigador. El Ministerio de Defensa ha dicho que no han cesado operaciones y que est¨¢n construyendo el Plan de Campa?a Estrat¨¦gico Conjunto 2023 ¨C 2026, que se centrar¨¢ en la protecci¨®n de la vida.
Por eso, la FIP lanza tres alertas que quisieran que active el gobierno de Gustavo Petro. Auguran que las disputas territoriales continuar¨¢n siendo uno de los principales desaf¨ªos para la pol¨ªtica de Paz Total si es que no se establecen ¡°estrategias complementarias ¡ªpor la v¨ªa del di¨¢logo o por la intervenci¨®n de la Fuerza P¨²blica¡ª que permitan des escalar la confrontaci¨®n¡±.
Tambi¨¦n advierte que las medidas implementadas para reducir los homicidios contra l¨ªderes y lideresas han mostrado ser poco efectivas y sugieren que la estrategia contemple ¡°un an¨¢lisis territorial de riesgos y amenazas¡±, as¨ª como avanzar en el esclarecimiento de las motivaciones y casusas de estos asesinatos. En esencia, establecer estrategias de prevenci¨®n diferenciadas. Finalmente, alertan de que se agrava la situaci¨®n en las zonas donde se implementa el Acuerdo de Paz y los municipios priorizados por el Gobierno.
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