La violencia en Putumayo, el gran reto de la paz total

El recrudecimiento de la violencia en el departamento de Putumayo ha puesto a prueba la ambici¨®n del Gobierno colombiano de pacificar el pa¨ªs. La disputa territorial entre el Frente Carolina Ram¨ªrez y los Comandos de la Frontera dej¨® al menos 18 muertos el pasado s¨¢bado, seg¨²n la Defensor¨ªa del Pueblo. Fue una alerta sobre la necesidad de mostrar m¨¢s inter¨¦s por un territorio hist¨®ricamente relegado. La ¡°paz total¡± se enfrenta en este departamento fronterizo con Ecuador a dos grupos h¨ªbridos, complejos en su composici¨®n: incluyen a antiguos firmantes de los Acuerdos de la Paz con las FARC, narcotraficantes y residuos paramilitares. De momento, ninguno hace caso al pedido del Ejecutivo de implementar un cese al fuego.

El Gobierno ha reaccionado. El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expres¨® el martes su rechazo a la violencia en la regi¨®n y advirti¨® de que la disposici¨®n al di¨¢logo ¡°tiene un l¨ªmite¡±. ¡°Les hacemos un llamado urgente a parar esta guerra fratricida. Paren el tormento al pueblo del Putumayo y escuchen la voz de la ciudadan¨ªa, que no quiere m¨¢s guerra¡±, declar¨® en un mensaje en redes sociales. Para Rueda, los enfrentamientos han adquirido ¡°dimensiones demenciales¡± e imposibilitan que el pueblo colombiano alcance la paz. Los videos que circularon en redes sociales tras la matanza muestran, seg¨²n el funcionario, ¡°la bajeza y la indignidad¡± de lo que ocurre en este territorio fronterizo.

Tanto el Frente Carolina Ram¨ªrez como los Comandos de la Frontera surgieron en los ¨²ltimos a?os a partir de disidencias de las FARC. El primero es el heredero de los miembros del frente 1 que nunca suscribieron los Acuerdos de Paz. Ha incorporado a elementos del frente 32 y afirma ser una guerrilla que lucha por ¡°el pueblo oprimido¡±. El segundo es una alianza narcotraficante entre los grupos La Mafia y Sinaloa, sucesora de estructuras que pertenec¨ªan al frente 48 de las FARC. Alega ser defensor de ¡°los despose¨ªdos¡± y es cercano a la Segunda Marquetalia, de Iv¨¢n M¨¢rquez, pese a que mantiene su autonom¨ªa para negociar potenciales acuerdos de paz. La violencia en las comunidades en las que se encuentran ambos grupos, no obstante, desmiente la lucha por los m¨¢s vulnerables. Seg¨²n Danilo Rueda, las familias de la regi¨®n viven ¡°presas del terror¡±.

El combate del s¨¢bado se produjo en una zona rural del municipio de Puerto Guzm¨¢n (22.679 habitantes). Fue parte de los intentos del Frente Carolina Ram¨ªrez de recuperar el control de zonas perdidas ante su rival, seg¨²n comentan por tel¨¦fono fuentes de la zona. Hist¨®ricamente, los grupos que componen los Comandos de la Frontera controlaron el Bajo Putumayo, la frontera y la salida al Amazonas. Quisieron ampliar su influencia hace poco m¨¢s de un a?o y ocuparon partes de Nari?o y el r¨ªo Caquet¨¢, hasta entonces bajo el dominio de los grupos que formaron el Frente Carolina Ram¨ªrez. La violencia explot¨®.

Putumayo (341.513 habitantes) es un departamento estrat¨¦gico para el narco, con importantes rutas de tr¨¢fico transfronterizo. Hay un volumen significativo de cultivos de coca: las Naciones Unidas registr¨® en 2021 alrededor de 32.000 hect¨¢reas sembradas, un 45% m¨¢s que en 2020. Para Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, hay una ausencia del Estado que ha dado lugar al fortalecimiento del narcotr¨¢fico. ¡°No hay oportunidades acad¨¦micas ni laborales, los j¨®venes est¨¢n a disposici¨®n de lo que los grupos armados proponen¡±, denuncia la activista por tel¨¦fono. Los narcotraficantes los reclutan, a veces de manera forzada y otras con salarios que para muchos son inaccesibles por v¨ªas legales.

Las fuentes consultadas atribuyen el recrudecimiento de la violencia al ¡°incumplimiento¡± del Estado de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz de 2016. La reintegraci¨®n social de los excombatientes, con tierras e incentivos econ¨®micos, no se ha materializado en la mayor¨ªa de los casos. Los grupos involucrados han crecido significativamente al incorporar a combatientes que apoyaron los Acuerdos de Paz y que despu¨¦s se arrepintieron. La falta de garant¨ªas pol¨ªticas y de oportunidades econ¨®micas se ha sumado a que el negocio de la coca es cada vez m¨¢s lucrativo.

La violencia no es contra el Estado, sino entre los grupos que se han compenetrado con el narco para subsistir. Y las muertes no cesan. En lo que va del a?o se ha registrado el asesinato de 22 l¨ªderes sociales y de cinco firmantes de los acuerdos de paz, seg¨²n datos de varios organismos estatales. Decenas de familias han quedado en el medio del campo de batalla y se han visto forzadas a desplazarse. En el caso del Frente Carolina Ram¨ªrez y los Comandos de la Frontera, los municipios m¨¢s afectados son Puerto Guzm¨¢n, Puerto Legu¨ªzamo y Puerto As¨ªs, de acuerdo con un informe del proyecto de an¨¢lisis de datos humanitarios ACAPS y el Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencias (MIRE).

La Defensor¨ªa del Pueblo emiti¨® la primera alerta especifica por la rivalidad entre el Frente Carolina Ram¨ªrez y los Comandos de la Frontera en enero de 2021. Resaltaba que este ¨²ltimo ten¨ªa el narcotr¨¢fico y la generaci¨®n de terror en la poblaci¨®n como ejes principales. ¡°Le han ordenado a la poblaci¨®n venderles la hoja y la pasta base de coca, al tiempo que han emitido amenazas contra aquellos que sean informantes del Frente Carolina Ram¨ªrez¡±, alertaba entonces la entidad.

Inclusi¨®n en la paz total

Ambos grupos han expresado inter¨¦s en sumarse a la paz total, el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro para pacificar el pa¨ªs. No obstante, no han respetado el pedido del Ejecutivo de no continuar con disputas territoriales mientras se definen los marcos normativos para negociar la paz. La ambivalencia ha generado incertidumbre en un contexto donde hay varios grupos armados con los que el Estado deber¨¢ dialogar de manera individual.

Uno de los desaf¨ªos del Gobierno ser¨¢ definir la naturaleza de cada organizaci¨®n. Esto es importante porque no es lo mismo negociar con un grupo con reivindicaciones pol¨ªticas que con el crimen organizado. La ley de la paz total establece dos tipos de mecanismos: los acuerdos tradicionales con grupos que tienen un componente pol¨ªtico, como el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN); y el sometimiento a la justicia para las ¡°estructuras armadas de crimen de alto impacto¡±. La segunda categor¨ªa implica menos beneficios, pese a que permite la reducci¨®n de penas de los implicados.

La categorizaci¨®n de estos dos grupos es compleja porque hay una gran diversidad de actores dentro de cada uno, seg¨²n explica por tel¨¦fono el representante Andr¨¦s Cancimance (Pacto Hist¨®rico). El congresista opina que el Frente Carolina Ram¨ªrez y los Comandos de la Frontera son grupos criminales que deben someterse a la justicia: ¡°No hacen parte de estructuras con ideolog¨ªas claramente marcadas¡±. Sin embargo, reconoce que a¨²n no hay una postura definida dentro del partido del Gobierno sobre c¨®mo clasificar a cada grupo.

Un desaf¨ªo adicional para el Ejecutivo ser¨¢ recuperar el control de las zonas vulnerables. Cancimance demanda con ¡°urgencia¡± que el Estado se involucre m¨¢s en el departamento con programas sociales y educativos que sirvan de contenci¨®n para los j¨®venes. Afirma que hay un inter¨¦s por el departamento en el Ejecutivo, pero remarca que de momento se han priorizado otros territorios, como Catatumbo y Buenaventura. ¡°Mientras m¨¢s se demore el Gobierno, m¨¢s muertos vamos a tener¡±, comenta.

El problema es que para las instituciones del Estado es muy dif¨ªcil meterse al tiempo en las zonas m¨¢s afectadas. La comunidad de vecinos fue la que se encarg¨® el s¨¢bado de los cad¨¢veres. El relevamiento por parte de las autoridades del Estado reci¨¦n comenz¨® el lunes. La Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n ha confirmado a este peri¨®dico que un equipo de fiscales especializados trabaja para identificar a los muertos, aunque ha evitado dar m¨¢s precisiones. La Defensor¨ªa del Pueblo ha reiterado que son 18 los muertos contabilizados, pese a que el Frente Carolina Ram¨ªrez alega en un comunicado que son 23 y que son todos de Comandos de la Frontera. No hay informaci¨®n oficial a¨²n sobre sus identidades.

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