Las dudas que persisten sobre el plan de Petro para liberar a los detenidos en las protestas

A inicios de este mes, el presidente Gustavo Petro asegur¨® en un encuentro con l¨ªderes comunitarios en Pasto que antes de Navidad los j¨®venes detenidos en las protestas contra el anterior Gobierno ser¨ªan liberados. ¡°Centenares de j¨®venes detenidos por participar en protestas ser¨¢n declarados gestores de paz antes de Nochebuena¡±, dijo el mandatario. Petro hab¨ªa les hab¨ªa prometido justicia a quienes ...

A inicios de este mes, el presidente Gustavo Petro asegur¨® en un encuentro con l¨ªderes comunitarios en Pasto que antes de Navidad los j¨®venes detenidos en las protestas contra el anterior Gobierno ser¨ªan liberados. ¡°Centenares de j¨®venes detenidos por participar en protestas ser¨¢n declarados gestores de paz antes de Nochebuena¡±, dijo el mandatario. Petro hab¨ªa les hab¨ªa prometido justicia a quienes denuncian haber sido v¨ªctimas de montajes judiciales y sufrir un castigo por haber salido a las calles a manifestarse. La promesa de campa?a, sin embargo, ha resultado m¨¢s dif¨ªcil de cumplir de lo que Petro calculaba. Con un decreto, gracias a la ley de paz total, el presidente cre¨® una comisi¨®n que decidir¨¢ qui¨¦nes ser¨¢n liberados, pero los jueces tendr¨¢n la ¨²ltima palabra.

De los ¡°centenares¡± de j¨®venes que Petro asegur¨® que estar¨ªan en sus casas antes de Navidad, apenas siete lo podr¨¢n hacer. El viernes, el presidente nombr¨® como voceros de paz a cinco detenidos en c¨¢rceles y a dos que est¨¢n bajo medida domiciliaria. El Gobierno asegura que estudia ¡°minuciosamente¡± 200 casos m¨¢s, pero los anuncios sobre el proceso de liberaci¨®n, que se han dado a cuentagotas y sin mayores detalles, han generado confusi¨®n incluso entre los detenidos. Algunos, recluidos desde hace m¨¢s de un a?o en estaciones polic¨ªa, no saben si tambi¨¦n podr¨¢n ser gestores de paz o si es solo para quienes est¨¢n en c¨¢rceles o en detenci¨®n domiciliaria. Las dudas sobre qu¨¦ delitos entrar¨¢n en este alivio tampoco les da certezas a los j¨®venes que denuncian haber sido judicializados por delitos desproporcionados e injustos, ajenos a la protesta.

Desde 2019, Juli¨¢n Duarte espera librarse de un proceso judicial que carga desde el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno de Iv¨¢n Duque. La Fiscal¨ªa lo se?ala por fabricaci¨®n, tr¨¢fico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Ha podido llevar su proceso ante la justicia en libertad, pero ahora se pregunta si casos como suyo entran en los planes del Gobierno. ¡°La propuesta ha sido muy nebulosa en t¨¦rminos de su contenido. Por ejemplo, la Ley de paz total [con la que Petro da soporte legal a las liberaciones] no excluye ning¨²n delito ni plantea que los condenados no puedan participar¡±, dice Duarte por tel¨¦fono. Desde 2020 es parte de la campa?a Objetivo Libertad, una organizaci¨®n de familiares y personas judicializadas y otras formas de criminalizaci¨®n, que acompa?a, documenta y exige la liberaci¨®n de los detenidos o condenados injustamente por participar en las protestas. ¡°El Gobierno nacional, por no agudizar ciertas contradicciones con distintos sectores pol¨ªticos, ha intentado responderles a los compa?eros que est¨¢n encarcelados con las liberaciones, pero al mismo tiempo le da gusto a la derecha repitiendo el mensaje de que ¡°no todos saldr¨¢n¡±, apunta Duarte, de 33 a?os.

Los ministros de Justicia, de Defensa y de Interior, y el mismo Petro, han insistido en que solo quienes est¨¢n procesados por delitos menores y que no hayan sido condenados ser¨¢n liberados. Pero en las c¨¢rceles hay detenidos por delitos graves, como tortura y tentativa de homicidio, que dicen ser inocentes y esperan que el Gobierno los incluya en su propuesta. ¡°En este pa¨ªs se ha demonizado a las personas que fueron capturadas y si el Gobierno adopta la misma postura, con la narrativa de que los condenados o los sindicados por delitos graves no pueden ser gestores de paz, desconoce que el hecho de que existan condenas no significa que sean culpables. Los procesos judiciales estuvieron profundamente viciados¡±, denuncia Duarte.

El ministro de Justicia, N¨¦stor Osuna, ha dicho que ninguno de los primeros siete beneficiados est¨¢ sindicado por delitos de lesa humanidad, homicidio, tortura, delitos sexuales o contra menores de edad. ¡°Son delitos de afectaci¨®n al bien p¨²blico o privado, obstrucci¨®n de v¨ªas p¨²blicas, transporte o irrespeto a autoridad. Lo que m¨¢s tuvimos en cuenta no fueron tanto los delitos, sino la utilidad que [los j¨®venes] pueden prestar para la reconciliaci¨®n del barrio¡±, aclar¨® a la prensa el ministro.

A menos de 48 horas de que se cumpla el plazo dado por el mismo Petro para liberarlos, no es claro cu¨¢les son las condiciones o criterios que debe cumplir quien quiera ser gestor de paz, una figura creada en 1997 para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que son liberadas de la c¨¢rcel para aportar con su presencia en acuerdos humanitarios o en acercamientos que permitan hacer la paz con el grupo al que pertenecen.

Petro concret¨® su propuesta con el decreto en el que nombr¨® la comisi¨®n intersectorial que estudiar¨¢ los casos, pero se han conocido pocos detalles sobre c¨®mo funcionar¨¢n las gestor¨ªas de paz, en qu¨¦ conflicto participar¨¢n y si podr¨¢n trabajar y estudiar mientras est¨¦n libres. El Gobierno, de momento, ha reconocido que la decisi¨®n final ser¨¢ de los jueces, que podr¨ªan aplicar una figura jur¨ªdica , la ¡°excepci¨®n de inconstitucionalidad¡±, que les da derecho de decidir no aplicar una norma si la consideran contraria a la Constituci¨®n.

Rodrigo Uprimmy, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, explicaba esta semana en un an¨¢lisis de El Tiempo que aunque ¡°el gabinete ministerial a cargo de recomendar los perfiles de los liberados ha sido claro en sus posturas, el fundamento legal que tiene para su funcionamiento es ¡°totalmente precario¡± . No est¨¢ del todo despejado el camino para que Petro pueda cumplir su promesa, pues bastar¨ªa que el Consejo de Estado suspenda el decreto tras una demanda para congelar la iniciativa, e incluso eventualmente anularla, explica el diario colombiano.

Marcela Garz¨®n es una de las madres que espera que la propuesta de Petro ayude a su hijo. Ella todav¨ªa no entiende c¨®mo fue que sali¨® a marchar y termin¨® detenido y condenado por la Fiscal¨ªa. ¡°?l simplemente sali¨® a marchar, yo no entiendo¡±, dice la mujer a punto de llorar. Su hijo, Duv¨¢n Felipe Tovar Garz¨®n, de 21 a?os, fue capturado el 28 de noviembre del a?o pasado en el Portal de las Am¨¦ricas, en Bogot¨¢. Desde entonces permanece recluido en la c¨¢rcel Distrital, sentenciado a una pena de 11 a?os. ¡°Mi hijo no es ning¨²n delincuente. Ojal¨¢ revisen su caso, as¨ª est¨¦ condenado¡±, suplica desesperada Garz¨®n, que denuncia haber sido enga?ada por un abogado que le asesor¨® mal y le cobr¨® una suma de dinero, que para poder pagar tuvo que acudir a una colecta. ¡°Todo ha sido muy injusto, el Gobierno tiene que escuchar tambi¨¦n nuestros casos¡±, dice la mujer que lleva meses buscando que alguna entidad del Estado la atienda.

El jueves pasado, despu¨¦s de dos citas pospuestas, el presidente Petro se reuni¨® con el fiscal general, Francisco Barbosa, para hablar de los gestores de paz. Al final del encuentro anunciaron que la figura tambi¨¦n beneficiar¨¢ a polic¨ªas involucrados en casos de uso de fuerza desmedida contra los manifestantes. Barbosa confirm¨® que ¡°la ¨²ltima palabra sobre las personas que se encuentran privadas de la libertad la tienen los jueces¡±. El fiscal se opone a cualquier posibilidad de liberar a quienes han sido condenados porque considera que ser¨ªa ¡°exceder los l¨ªmites¡±. El Gobierno ha hablado en un tono parecido. Desde los ministerios de Interior y Defensa han insistido en enviar un mensaje de ¡°no impunidad¡± y han recordado que las liberaciones no implican que los procesos sean borrados o que los j¨®venes vayan a gozar de un indulto o amnist¨ªa.

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