Los detenidos en las protestas: ¡°Est¨¢n hablando de nuestra libertad sin discutirlo con nosotros¡±
Las familias y las organizaciones que desde hace meses intentan demostrar la inocencia de los j¨®venes judicializados cuestionan la falta de claridad del Gobierno sobre el proceso de liberaci¨®n
Ang¨¦lica Socha espera ya haber pasado lo peor. Durante 16 meses, uno de sus tres hijos, Kevin Sebasti¨¢n, estuvo detenido como sindicado de terrorismo por supuestamente haber incendiado una estaci¨®n de polic¨ªa en el sur de Bogot¨¢ en las protestas de 2020. Hace dos meses su defensa logr¨® la libertad condicional y aunque el proceso judicial sigue, dice que al menos termin¨® una parte de la ¡°pesadilla¡±. Socha conf¨ªa en que la justicia lo absuelva y no vuelva a pisar una prisi¨®n. ¡°Ni siquiera lo ten¨ªan en la c¨¢rcel, siempre estuvo en una URI en condiciones indignas. Para todo hab¨ªa que pagar, si se quer¨ªa ba?ar o dormir en un colch¨®n y no el piso. Est¨¢bamos realmente desesperados¡±, dice la mujer, que espera que el anuncio de Gustavo Petro de liberar a j¨®venes que participaron en las protestas sea el paso previo para hablar de los montajes judiciales que, dice ella, se cometieron en algunas detenciones masivas, como en la que cay¨® su hijo.
Kevin Sebasti¨¢n Hern¨¢ndez Socha estuvo m¨¢s de un a?o en la Unidad de Reacci¨®n Inmediata (URI) de Puente Aranda, un lugar que se supone debe ser solo de tr¨¢nsito mientras los detenidos son llevados a c¨¢rceles. Su defensa asegura que es inocente y que el 4 de mayo, el d¨ªa que una unidad policial (un CAI) en Usme fue incendiada, ¨¦l no estaba en ese lugar, sino celebrando el cumplea?os de su novia. ¡°Hay fotos que pueden probar que ¨¦l no estaba ah¨ª¡±, dice su mam¨¢, que lo ha acompa?ado en todas las audiencias, van m¨¢s de 20, la ¨²ltima fue el pasado 1 de diciembre. Cuenta que cuando fue detenido llevaba apenas unos meses de haber regresado de prestar servicio militar en la Fuerza A¨¦rea. Ten¨ªa 20 a?os y buscaba trabajo.
¡°Es injusto que pongan a nuestros hijos al mismo nivel de Pablo Escobar, como si fueran criminales, unos terroristas. Mi hijo ni siquiera particip¨® en las protestas, pero pas¨® m¨¢s de 400 d¨ªas detenido y todav¨ªa tiene un proceso por algo que no hizo¡±, asegura la mujer, que ha buscado llevar el caso a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. A su hijo, la Fiscal¨ªa lo acusa por los delitos de terrorismo, da?o en bien ajeno, violencia contra servidor p¨²blico e incendio. El testimonio de un hombre que jura haberlo visto esa noche cuando el CAI ardi¨® en llamas y una foto son las principales pruebas en su contra. ¡°Tenemos mucho miedo de que lo condenen por cargos que podr¨ªan sumar una pena de hasta 30 a?os. Queremos que usen el pol¨ªgrafo, que pongan a prueba la verdad de mi hijo, no queremos sufrir m¨¢s¡±, dice. Para ella y otras familias, la decisi¨®n de Petro es un alivio, aunque sepan poco sobre c¨®mo los beneficiar¨¢. ¡°No nos han dicho nada, no hay claridad sobre los casos de quienes est¨¢n en libertad condicional¡± dice.
Anyela Michele Rodr¨ªguez tambi¨¦n tiene dudas sobre el anuncio de Petro. No sabe, por ejemplo, qu¨¦ pasar¨¢ con los j¨®venes detenidos que contin¨²an en estaciones de polic¨ªa. Rodr¨ªguez y su novio, Janner Carre?o, fueron capturados en junio pasado porque supuestamente financiaban a la primera l¨ªnea en Bucaramanga. Ella logr¨® la libertad, aunque su proceso contin¨²a, pero ¨¦l sigue detenido como sindicado por el delito de concierto para delinquir agravado y tr¨¢fico de estupefacientes. ¡°El Gobierno no ha sido claro en decirnos qui¨¦nes podr¨¢n ser gestores o voceros de paz, qu¨¦ tareas tendr¨¢n quienes sean elegidos, en qu¨¦ ciudad, por cu¨¢nto tiempo, si podemos tener acceso a educaci¨®n y trabajo, ?vamos a estar completamente libres o habr¨¢ limitaciones?¡±, cuestiona.
Petro ha anunciado que antes de Navidad cientos de j¨®venes detenidos en el marco de las protestas ser¨¢n liberados, aunque no ha especificado c¨®mo ser¨¢ el procedimiento con los sindicados y qu¨¦ pasar¨¢ con quienes est¨¢n condenados, pero alegan procesos injustos. ¡°Necesitamos que nos incluyan en esta conversaci¨®n, ellos [el Gobierno] est¨¢n haciendo todo a su manera¡±, cuestiona Anyela, de 21 a?os.
Juliana Higuera, parte de la campa?a Objetivo Libertad, dice que el anuncio de Petro es apenas la respuesta a uno de los muchos reclamos que tienen los j¨®venes detenidos y sus familias. Ella misma estuvo en prisi¨®n durante 99 d¨ªas por participar en las protestas de Boyac¨¢, ahora est¨¢ libre, pero su judicializaci¨®n contin¨²a. ¡°A¨²n no existe una reglamentaci¨®n alrededor de c¨®mo se van a hacer las gestor¨ªas de paz, no hay claridad. Exigimos que nos hagan parte de estas discusiones como personas judicializadas o detenidas¡±, dice. Higuera cuestiona que desde el ministerio de Justicia se haya insistido en que la figura de gestores de paz solo vaya a ser aplicada para sindicados, cuando la norma, promovida por el mismo Ejecutivo, es m¨¢s amplia. ¡°Se admitir¨¢ como vocero a quienes act¨²an como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la Rep¨²blica considere puedan aportar el proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privaci¨®n de libertad¡±, se?ala un aparte de la ley de Paz Total.
Para Higuera, si el Gobierno aplica la norma como est¨¢ en el papel, tendr¨ªa que beneficiar a personas que incluso est¨¢n condenadas. ¡°No se ponen limitaciones de delitos, ni diferencia entre personas sindicadas y condenados¡±, explica. El decreto presidencial para agilizar la salida de las c¨¢rceles antes del 24 de diciembre crea una comisi¨®n para liderar el proceso y recomendar potenciales voceros, pero deja muchas preguntas sin resolver.
¡°Est¨¢n hablando de nuestra libertad sin discutirlo con nosotros. ?Cu¨¢les son las garant¨ªas de que quienes sean gestores puedan seguir defendi¨¦ndose de manera id¨®nea?, ?c¨®mo se va a lograr la liberaci¨®n en un tiempo tan corto?¡±, se?ala, entre muchas otras dudas. Desde que Petro anunci¨®, hace una semana, su intenci¨®n de liberarlos a trav¨¦s de las gestor¨ªas de paz, organizaciones como Objetivo Libertad han exigido claridad frente a c¨®mo aplicar¨¢ esta figura en sus casos. ¡°No vamos a ser representantes de ning¨²n grupo armado, ni queremos que nos equiparen con un grupo al margen de la ley. El Gobierno ha sido irresponsable con sus pronunciamientos. Petro con su anuncio de que iba a lograr la liberaci¨®n de todos antes de Navidad cre¨® expectativas demasiado altas. No estamos hablando de un tema menor, sino de la vida de personas¡±.
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