El anuncio de Petro de asumir la regulaci¨®n de los servicios p¨²blicos dispara un debate

La decisi¨®n del presidente Gustavo Petro de retomar la administraci¨®n y control de los servicios p¨²blicos domiciliarios, como la electricidad o el agua, recibi¨® un reto legal de una de ellas. Adem¨¢s de ese debate jur¨ªdico, el anuncio ha abierto otros sobre sus posibles consecuencias en la econom¨ªa y el funcionamiento de los servicios p¨²blicos, que en Colombia tiene fantasmas como los racionamientos de inicios de los a?os 90 o los problemas de electricidad en e...

La decisi¨®n del presidente Gustavo Petro de retomar la administraci¨®n y control de los servicios p¨²blicos domiciliarios, como la electricidad o el agua, recibi¨® un reto legal de una de ellas. Adem¨¢s de ese debate jur¨ªdico, el anuncio ha abierto otros sobre sus posibles consecuencias en la econom¨ªa y el funcionamiento de los servicios p¨²blicos, que en Colombia tiene fantasmas como los racionamientos de inicios de los a?os 90 o los problemas de electricidad en el Caribe.

El anuncio del presidente, que hizo en la noche del jueves, ten¨ªa antecedentes claros. En septiembre anunci¨® su intenci¨®n de retomar esas facultades, que la Corte Constitucional ha determinado que son del presidente pero delega en las comisiones. Lo hizo, ni m¨¢s ni menos, en el congreso del gremio de las empresas que prestan servicios p¨²blicos. ¡°Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en funci¨®n del derecho universal, no para afirmar procesos de especulaci¨®n financiera, como hasta ahora lo han realizado¡±, dijo entonces.

En ese momento hab¨ªa tensi¨®n particular porque los aumentos en las tarifas de energ¨ªa, que sumaban m¨¢s del 22% en lo que llevaba el 2022, impulsaban la inflaci¨®n hacia arriba. Pero el anuncio de que la soluci¨®n era concentrar poder en el funcionario m¨¢s poderoso de Colombia, preocup¨® a quienes temen que limite la autonom¨ªa de entidades clave, como la junta directiva del Banco de la Rep¨²blica. De otro lado tambi¨¦n record¨® que justo antes de salir del cargo Iv¨¢n Duque nombr¨® dos miembros de la Comisi¨®n de Regulaci¨®n de Energ¨ªa y Gas (CREG), como forma de asegurar un contrapeso a su sucesor.

Un mes despu¨¦s su ministra de Minas y Energ¨ªa lider¨® un acuerdo con las empresas y la CREG para cambiar la f¨®rmula para definir las tarifas y buscar que ¨¦stas bajaran, lo que calm¨® las aguas. En estos cuatro meses desde entonces Petro no se hab¨ªa vuelto a referir directamente al asunto y la tensi¨®n baj¨®.

Pero este mi¨¦rcoles el presidente se refiri¨® de nuevo las tarifas de energ¨ªa en Twitter, criticando la f¨®rmula actual y mostrando c¨®mo ser¨ªa una alternativa:

Ese mismo d¨ªa la Superintendencia de Servicios P¨²blicos, la entidad p¨²blica encargada de vigilar a las empresas del sector, le envi¨® un concepto legal: le dijo que, a su juicio, s¨ª puede asumir esas funciones o por lo menos algunas. Sobre ese punto parece haber consenso, pues la ley de servicios p¨²blicos y la Constituci¨®n son dicen que las comisiones se encargan de algunas funciones si el presidente les delega esa funci¨®n. ¡°Legalmente, creo que no hay mayor discusi¨®n. El presidente puede asumir las funciones que estaban delegadas en las comisiones de regulaci¨®n¡±, explica Juli¨¢n L¨®pez Murcia, experto en regulaci¨®n y antiguo superintendente delegado para acueducto y alcantarillado.

Los tres comisionados de la CREG que no pertenecen al Gobierno (en total son cinco; los otros dos son delegados del Ministerio de Minas y del Departamento Nacional de Planeaci¨®n), sin embargo, opinan que eso no incluyen todas las funciones. El viernes en la tarde reaccionaron al anuncio presidencial con un comunicado p¨²blico que, con argumentos legales, sostiene que esa comisi¨®n ¡°cumple las funciones que le asigna la ley¡±. En esa l¨ªnea, el abogado y economista Pablo M¨¢rquez, quien fue comisionado de la Comisi¨®n de Regulaci¨®n de Comunicaciones, explica que a su juicio es claro que el presidente puede reasumir funciones delegadas, pero no es claro cu¨¢les exactamente est¨¢n delegadas y cu¨¢les son propias de las comisiones, creadas por las leyes de servicios p¨²blicos.

En suma, como tantas otras veces en Colombia, el debate pol¨ªtico termina o pasa por una discusi¨®n entre abogados. Pero no se queda all¨ª, pues la decisi¨®n de Petro es esencialmente pol¨ªtica. ?l mismo lo ha explicado a partir de la sospecha de que las comisiones de regulaci¨®n han definido las tarifas en favor de las empresas privadas y no de los usuarios. ¡°Este cobro de tarifas de energ¨ªa basado en cobros puramente especulativos va en contra del desarrollo nacional y solo produce hambre y crecimiento de la pobreza. Un gobierno del cambio no puede permitir que se subyugue a los usuarios de esa manera¡±, dice en Twitter.

Justamente argumentos similares aparecen en el concepto de la Superintendencia. El documento, que firma el superintendente Dagoberto Quiroga (designado en ese cargo por Petro), no dice que responda a una consulta del presidente. En su lugar, explica los motivos para dar el concepto as¨ª: ¡°buscar soluciones para avanzar en el cambio, en la reglamentaci¨®n de las tarifas de los servicios p¨²blicos domiciliarios y la necesidad que avancemos en la disminuci¨®n de la tarifa que aqueja a los usuarios en relaci¨®n con la creciente posici¨®n dominante de las empresas prestadoras de servicios p¨²blicos y frente a las diferencias que hemos tenido con las comisiones reguladoras¡±.

En suma, la Superintendencia aclara que su concepto busca que el Gobierno logre reducir las tarifas de la energ¨ªa - y posiblemente de otros servicios p¨²blicos domiciliarios como el agua, el gas o las basuras. Y que lo hace porque las comisiones reguladoras no han aceptado los cambios que ha propuesto para esa finalidad.

El sistema que cre¨® Colombia tras la Constituci¨®n de 1991, y que incluye la creaci¨®n de las comisiones, indica que las tarifas al p¨²blico deben ser suficientes para que las empresas recuperen sus costos. Sumado al sistema de subsidios cruzados (mediante el sistema de estratos, los hogares ubicados en mejores entornos f¨ªsicos pagan un sobreprecio para que los de entornos m¨¢s precarios paguen menos), as¨ª las empresas tienen asegurada su sostenibilidad.

Eso, m¨¢s la competencia cuando es posible, busca evitar que ocurra lo que pasada en los a?os 80 del siglo XX: monopolios p¨²blicos que requer¨ªan subsidios del presupuesto, muchas veces no ten¨ªan dinero suficiente para invertir y eran usados como fortines burocr¨¢ticos por los pol¨ªticos locales. Eso produjo un veloz aumento en la cobertura de muchos de ellos: el acueducto pas¨® de cubrir el 59,45% de los hogares en 1985 al 76,32% en 2005, por ejemplo.

Mover la decisi¨®n de las tarifas de un organismo con cinco personas a una sola, que adem¨¢s tiene un claro incentivo pol¨ªtico, puede ser riesgoso a la hora de revisar la sostenibilidad del sistema. ¡°Una decisi¨®n que es pol¨ªtica puede ser un retroceso hist¨®rico en servicios p¨²blicos¡±, ha dicho Camilo S¨¢nchez, director de Andesco, la agremiaci¨®n empresarial. ¡°La pol¨ªtica tiene incentivos de otro tipo, como las de subir ¨ªndices de favorabilidad¡± dice a este peri¨®dico Lorenzo Villegas, abogado experto en regulaci¨®n y antiguo comisionado de comunicaciones. ¡°Pasar la pol¨ªtica tarifaria al presidente es algo que Petro puede hacer pero me parece que es una mala idea¡±, concluye. Y ese debate, el de qui¨¦n deber¨ªa determinar las tarifas, es uno que crece en paralelo al jur¨ªdico.

Las implicaciones todav¨ªa no son claras pues no se pueden determinar hasta que no se concrete en decisiones sobre las tarifas o en documentos legales sobre c¨®mo las fijar¨ªa el presidente. Sin embargo, el anuncio ya tiene efectos pues crea incertidumbre entre las empresas privadas, que deben invertir para mantener o mejorar sus servicios. ¡°Hoy usted, como empresario, dice que no invierte m¨¢s hasta no tenerlo claro¡±, explica M¨¢rquez, el excomisionado de comunicaciones.

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