Coca y sangre: la represi¨®n oculta del Ej¨¦rcito colombiano
Los militares hostigan a agricultores y periodistas y llegan a cometer asesinatos durante las erradicaciones forzosas, seg¨²n documentos exclusivos a los que ha tenido acceso EL PA?S
Las manos callosas de Jefferson Parrado acarician las hojas de las matas. El viento mueve levemente el sombrero que le protege de un sol que irradia como una estufa. De repente, arranca una hoja y la tritura entre los dedos. ¡°La coca es nuestro ¨²nico medio de subsistencia¡±, dice el presidente de la junta comunal de Nueva Colombia, un peque?o pueblo junto a un r¨ªo en el que se cultiva hoja de coca que despu¨¦s, los mismos campesinos, convierten en pasta base, en una droga que se llama bazuco. Los soldados colombianos aparecen de vez en cuando por aqu¨ª, sin avisar, para quemarles los laboratorios...
Las manos callosas de Jefferson Parrado acarician las hojas de las matas. El viento mueve levemente el sombrero que le protege de un sol que irradia como una estufa. De repente, arranca una hoja y la tritura entre los dedos. ¡°La coca es nuestro ¨²nico medio de subsistencia¡±, dice el presidente de la junta comunal de Nueva Colombia, un peque?o pueblo junto a un r¨ªo en el que se cultiva hoja de coca que despu¨¦s, los mismos campesinos, convierten en pasta base, en una droga que se llama bazuco. Los soldados colombianos aparecen de vez en cuando por aqu¨ª, sin avisar, para quemarles los laboratorios y arrancar de ra¨ªz las matas y cumplir as¨ª con un programa de erradicaci¨®n consensuado con Estados Unidos.
¡ªNos acosan ¡ªdice ?Parrado con una mueca¡ª. Y amedrentan a la poblaci¨®n civil. La gente siente p¨¢nico cuando sabe que viene el Ej¨¦rcito.
EL PA?S ha tenido acceso a cientos de miles de documentos del Comando General de las Fuerzas Militares en Colombia filtrados por el colectivo hacktivista Guacamaya a trav¨¦s de Forbidden Stories, un consorcio de periodistas con sede en Par¨ªs. Las comunicaciones internas y los informes demuestran que los soldados cometieron violaciones de los derechos humanos durante la campa?a de erradicaci¨®n de coca de 2020, en pleno confinamiento. El ej¨¦rcito hostig¨® a agricultores y periodistas y lleg¨® a cometer al menos tres asesinatos durante los enfrentamientos que se desatan en esas operaciones entre los productores y los soldados.
Los archivos sacan a la luz que los militares aprovecharon la pandemia para ejecutar sus planes. Colombia instaur¨® en ese momento uno de los confinamientos m¨¢s estrictos de Am¨¦rica Latina, que se alarg¨® durante cinco meses. Se cerraron las fronteras terrestres y mar¨ªtimas, se cancelaron los vuelos internacionales y nacionales y se suspendieron los viajes en autob¨²s. Pero las operaciones para destruir manualmente los cultivos de coca, amapola y marihuana no cesaron nunca, jam¨¢s. Los documentos filtrados revelan que hasta ocho divisiones del ej¨¦rcito, dos fuerzas de tareas conjuntas y algunas unidades navales participaron en tareas de erradicaci¨®n forzosa en esas fechas. A principios de agosto de 2020, 338 pelotones desplegados en 14 de los 32 departamentos se dedicaban a la erradicaci¨®n.
Colombia, el mayor proveedor mundial de coca¨ªna, centra principalmente sus esfuerzos de erradicaci¨®n en la coca, en lugares como Nueva Colombia. A las afueras de ese pueblo se suceden campos de coca a ambos lados de un camino. Un hermoso paisaje que ha provocado r¨ªos de sangre. Militares, guerrilleros, paramilitares y otros grupos criminales compiten por el control de estas ¨¢reas clave de cultivo. La mayor¨ªa est¨¢ en manos de peque?os agricultores que no tienen otras oportunidades. En 2016, los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno inclu¨ªan un programa voluntario de sustituci¨®n de cultivos que, con el tiempo, se ha quedado sin respaldo.
¡°Colombia ha apelado desde los a?os 70 a las pol¨ªticas de erradicaci¨®n forzada. Esa ha sido su pol¨ªtica para combatir los fen¨®menos de las econom¨ªas de la marihuana, de la coca, y de la amapola¡±, dice Salom¨®n Majbub, investigador de pol¨ªticas de drogas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). ¡°Eso es respondiendo a unas l¨®gicas de una pol¨ªtica prohibicionista que se instaura en Estados Unidos desde los 70¡å.
En 2020, hasta el 5 de agosto, dos miembros de las fuerzas armadas hab¨ªan muerto y ocho hab¨ªan resultado heridos en medio de operaciones de erradicaci¨®n forzada, seg¨²n un borrador de respuesta militar filtrada a unos senadores que hab¨ªan solicitado informaci¨®n. La pregunta de los senadores sobre muertes y heridos claramente tambi¨¦n se refer¨ªa a la poblaci¨®n civil en general, pero los militares ignoraron ese punto.
La realidad es que conoc¨ªan la respuesta: al menos tres civiles murieron en operaciones de erradicaci¨®n. El 26 de marzo de 2020, apenas el segundo d¨ªa del confinamiento, un soldado mat¨® de un disparo a Alejandro Carvajal en la regi¨®n del Catatumbo, en el Norte de Santander. Menos de un mes despu¨¦s, el 18 de mayo, en esa misma regi¨®n fue asesinado Digno Em¨¦rito Buend¨ªa. Y dos d¨ªas despu¨¦s, mataron a Ariolfo S¨¢nchez en Anori, Antioquia.
¡°Se da durante el Gobierno de Iv¨¢n Duque M¨¢rquez, el expresidente de la Rep¨²blica, tras sus anuncios de realizar acciones de fuerza en el territorio, especialmente all¨ª en el Catatumbo, a pesar de que la comunidad campesina desde hace d¨¦cadas le est¨¢ insistiendo a los pasados gobiernos en buscar una soluci¨®n concertada y pac¨ªfica¡±, cuenta Gustavo Quintero, abogado que trabaja en los casos de Carvajal y Buend¨ªa en nombre de la Asociaci¨®n Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
Alejandro Carvajal, seg¨²n Quintero, trataba de explicarle a los soldados, el d¨ªa que fue asesinado, que las familias se hab¨ªan inscrito en el programa de sustituci¨®n voluntaria de cultivos, pero que el Gobierno no cumpli¨® su parte del acuerdo. ¡°De repente son¨® un disparo y justo el sonido y la direcci¨®n del origen de ese proyectil sale de donde estaba el Ej¨¦rcito Nacional e impacta a Alejandro. Este proyectil ingres¨® por la parte de la espalda perforando su pulm¨®n, su coraz¨®n lo atraves¨® y tambi¨¦n le amput¨® un dedo¡±, contin¨²a Quintero. ¡°En ning¨²n momento hab¨ªa habido un escenario de hostilidad, de ataques de grupos armados a la fuerza p¨²blica, ni mucho menos de la comunidad, para que se justificara accionar un arma de fuego¡±. Su cliente muri¨® en el acto.
Las muertes de los tres hombres fueron noticia, pero se diluyeron en el mar de informaci¨®n violenta que ocurre en Colombia. Los asesinatos a manos de militares suelen estancarse cuando las autoridades aseguran que investigar¨¢n, pero esos resultados muy pocas veces se hacen p¨²blicos. El ej¨¦rcito suele tratar a las v¨ªctimas como miembros de grupos armados para no escandalizar a la poblaci¨®n. Los casos de Carvajal, Buend¨ªa y S¨¢nchez son excepciones a la regla. El soldado que mat¨® a Carvajal fue enviado a juicio en 2022 despu¨¦s de una exitosa batalla legal para que el caso se escuchara en el sistema de justicia ordinaria en lugar de los tribunales militares. La misma batalla ocurri¨® en los otros dos casos.
En la documentaci¨®n filtrada aparecen los nombres de las tres v¨ªctimas. En un registro interno de los militares sus casos est¨¢n catalogados como ¡°presuntas violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por miembros del ej¨¦rcito¡±. Los dos presuntos act¨²an a modo de negaci¨®n. Ah¨ª aparece un documento en el que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) report¨® 11 casos en 2020 que involucraron a 13 personas muertas, presumiblemente a manos de personal militar. Un documento separado de presuntas violaciones de derechos humanos incluye a 31 personas muertas durante operaciones militares entre febrero de 2019 y septiembre de 2021. Carvajal, Buend¨ªa y S¨¢nchez est¨¢n incluidos en ambas listas.
Los militares, de acuerdo a la informaci¨®n encontrada, hacen un seguimiento de los casos. Las tres v¨ªctimas aparecen clasificadas como MDOM (muertes en desarrollo de operaciones militares). Esos formularios son muy escuetos: registran los responsables, algunos detalles de contexto, y dan seguimiento a diversas investigaciones penales y disciplinarias. Hasta finales del 2021, a¨²n segu¨ªan en curso las indagaciones internas sin que se conozca ning¨²n resultado. Y seguramente nunca lo hagan.
Los asesinatos de estas tres personas no retrasaron los planes del Ej¨¦rcito. El d¨ªa en que mataron a S¨¢nchez apenas fue el comienzo de una campa?a desaforada por arrancar matas de coca en la regi¨®n de Guayabero, donde se encuentra Nueva Colombia. ¡°Hab¨ªa un aislamiento, un encierro, y la fuerza p¨²blica aprovech¨® para salir a erradicar. Pero por supuesto los campesinos no lo permitieron y se dieron muchos enfrentamientos entre las comunidades y la Fuerza P¨²blica ¡±, explica Majbub.
Para llegar a Nueva Colombia hay que recorrer en coche una carretera pedregosa durante cuatro horas y m¨¢s tarde navegar en lancha por el r¨ªo Guayabero. Durante el trayecto se dejan ver caimanes, tortugas y delfines de agua dulce. Despu¨¦s de dejar la embarcaci¨®n en un atracadero y subir a pie un terrapl¨¦n, aparecen las primeras casas que conforman este lugar incrustado en medio de la selva. Toda la regi¨®n est¨¢ llena de pancartas del frente Jorge Brice?o Su¨¢rez, un grupo escindido de las extintas FARC compuesto por combatientes que no se acogieron al proceso de paz de 2016. Nunca dejaron de combatir en la selva. En uno de estos carteles se ve a Gentil Duarte, en su d¨ªa el hombre m¨¢s buscado de Colombia, que fue asesinado hace casi un a?o en territorio venezolano, decir: ¡°Estoy vivo y en pie de guerra contra el imperialismo global del norte¡±. El frente manda en esta orilla del r¨ªo y en casi toda la regi¨®n del Guayabero, donde colindan los departamentos de Meta, Guaviare y Caquet¨¢. Puro territorio guerrillero.
Sin su autorizaci¨®n es imposible llegar hasta aqu¨ª. Ellos mandan. El frente ejerce un severo control social. No se permite la prostituci¨®n, ni el juego. Los hombres no pueden llevar el pelo largo ni aretes. Por supuesto, est¨¢ penado el consumo de drogas. Parrado, el presidente de la junta de acci¨®n comunal ¡ªuna especie de alcalde¡ª, le ve el lado positivo a ese ojo que todo lo ve:
¡ªLas FARC hacen unos controles que uno agradece, porque eso hace que las regiones sean sanas. El Gobierno lo ve con malos ojos, pero en este pueblo usted se puede acostar con los bolsillos llenos de plata y amanece al otro d¨ªa igual. En otro lugar amanece usted sin ropa.
La vida del pueblo gira alrededor de la coca. Prueban distintos tipos de hoja para tener hasta cuatro cosechas al a?o. Una vez la recolectan, en el laboratorio la a?aden cal, sulfato de amonio y petr¨®leo, y de ah¨ª sale la pasta base. Los campesinos la venden as¨ª. En un siguiente proceso, para el que se necesita un mayor conocimiento de qu¨ªmica, es cuando se convierte en coca¨ªna.
Cuando escasea el efectivo los vecinos compran y venden con gramos de pasta base como moneda. Una cerveza vale un gramo, cinco unos zapatos. Los due?os de las tiendas y los bares tienen peque?as b¨¢sculas donde pesan la mercanc¨ªa. Los agricultores del lugar, donde vive un buen n¨²mero de exguerilleros que s¨ª se acogi¨® al proceso de paz, se pasan todo el a?o pendientes de que no aparezca el ej¨¦rcito de la nada y quiera arrasar con los cultivos. Los principales testigos de esa erradicaci¨®n han sido los periodistas locales, que se han jugado la vida para retransmitir lo que estaba ocurriendo.
¡°Nosotros al principio pod¨ªamos grabar bien, sin que nadie nos molestara, pero despu¨¦s los militares se fueron enfadando y nos llamaban guerrilleros. Si nos hac¨ªamos visibles nos daban plomo¡±, cuenta Edilson ?lvarez, uno de los fundadores de Voces del Guayabero. El medio de comunicaci¨®n comenz¨® con la iniciativa de peque?os caser¨ªos que pusieron dinero para comprar c¨¢maras de fotograf¨ªa y traer a una periodista de fuera para que instruyera a los n¨®veles reporteros.
En mayo de 2020, los informadores viajaron a El Tercer Milenio, donde los militares reprim¨ªan las protestas de los campesinos que se opon¨ªan a la erradicaci¨®n forzada. Cuando ellos llegaron, se desplegaron m¨¢s tropas y comenzaron a disparar contra los manifestantes. Tambi¨¦n contra los periodistas. ?lvarez escuch¨® a los militares decir: ¡°tenemos los fot¨®grafos de la guerrilla, tenemos los periodistas de la guerrilla¡±. Era una forma de convertirlos en un objetivo: al asociarlos con un grupo armado de forma impl¨ªcita se justifica que se les pueda disparar.
Para ese momento, el medio llevaba funcionando dos a?os. Sus miembros usaban principalmente WhatsApp para compartir fotograf¨ªas, v¨ªdeos y mensajes de los l¨ªderes sociales de la regi¨®n. M¨¢s adelante crearon una p¨¢gina de Facebook para llegar a m¨¢s gente. El primer video que subi¨® ?lvarez, en mayo, era un clip de 26 segundos del conflicto por la erradicaci¨®n forzada en el que se ve a varias personas cargando a un hombre que ha recibido un disparo en la pierna.
El primer ataque directo contra los periodistas lleg¨® apenas dos semanas despu¨¦s de haber iniciado la cobertura. Uno de ellos, Fernando Montes, grababa la represi¨®n militar a las protestas de campesinos cuando una bala atraves¨® la mano con la que sosten¨ªa su c¨¢mara. Un segundo proyectil fue a parar a la bolsa de la c¨¢mara que llevaba en la espalda.
¡°Perdi¨® su dedo me?ique totalmente y, en los otros tres dedos, alrededor del 60% de movilidad¡±, cuenta ?lvarez. ¡°La Omega ven¨ªa arrasando con todo¡±, a?ade el reportero. Se refiere a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad militar que opera en esta zona. La fuerza de Tarea Conjunta Omega se cre¨® en 2003, cuando Estados Unidos invert¨ªa m¨¢s de 500 millones de d¨®lares al a?o en ayuda militar y policial en Colombia. En 1999, Bill Clinton y Andr¨¦s Pastrana establecieron el Plan Colombia, un paquete de ayuda masivo centrado en ayudar a las fuerzas policiales y militares en la erradicaci¨®n de la coca. Cuando se estableci¨®, George W. Bush y ?lvaro Uribe estaban en el poder y la unidad tambi¨¦n se dedicaba a operaciones antiinsurgentes.
Los documentos filtrados incluyen detalles sobre los cr¨ªmenes de guerra de Omega durante ese per¨ªodo de m¨¢xima ayuda militar estadounidense a Colombia. Una hoja de c¨¢lculo rastrea investigaciones y casos judiciales de miembros de Omega. La unidad mat¨® a civiles y los present¨® como guerrilleros, una pr¨¢ctica conocida como falsos positivos en Colombia. Otros documentos dan seguimiento a denuncias de diversos delitos y a las violaciones de derechos humanos en la zona. Otro informe secreto muestra una inspecci¨®n a Omega realizada en el 2021 en la que se encuentran irregularidades. Un batall¨®n, por ejemplo, opera fuera del territorio en el que tiene jurisdicci¨®n.
En 2022, los colombianos eligieron a Gustavo Petro, un economista de izquierdas que milit¨® en su juventud en una guerrilla urbana conocida como el M-19. Petro est¨¢ convencido de que la guerra contra las drogas que inici¨® el presidente Richard Nixon en los a?os setenta y que han continuado sus sucesos es un verdadero fracaso que ha llenado de muertes Latinoam¨¦rica. En septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, dijo que hab¨ªa llegado el momento de dejar de invertir millones de d¨®lares en armamento y erradicaci¨®n forzosa para dedicarlo a financiar programas para los campesinos o proyectos para evitar la desforestaci¨®n en la amazonia. El discurso son¨® revolucionario.
Un semestre despu¨¦s de su llegada al poder, sin embargo, el Gobierno sigue d¨¢ndole vueltas al asunto. Iv¨¢n Cepeda, un senador de la plena confianza de Petro, sostiene que el objetivo ahora es erradicar grandes hect¨¢reas de cultivo de coca, claramente destinados a la financiaci¨®n del narcotr¨¢fico, y dejar en paz a los peque?os productores. Un par de semanas despu¨¦s de que Petro asumiera el cargo, su nuevo director de polic¨ªa dijo que se suspend¨ªa la erradicaci¨®n forzosa y que se priorizar¨ªa la sustituci¨®n voluntaria de cultivos en ciertas regiones. Aunque m¨¢s tarde, Petro, el ministro de Defensa, Iv¨¢n Vel¨¢squez, y otros funcionarios se reunieron con cocaleros en la regi¨®n del Catatumbo y prometieron apoyo para la sustituci¨®n de cultivos durante su visita, que fue bien recibida por los movimientos cocaleros.
Al mes siguiente, Vel¨¢squez aclar¨® p¨²blicamente que la erradicaci¨®n forzada no se hab¨ªa detenido, pero que hab¨ªa un di¨¢logo sobre el tema. Un par de semanas m¨¢s tarde, el 3 de octubre de 2022, el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, se reuni¨® con Petro en Bogot¨¢. En una conferencia de prensa conjunta inmediatamente despu¨¦s de su reuni¨®n a puerta cerrada, Petro dijo que la erradicaci¨®n forzosa continuar¨ªa, pero solo de cultivos que no est¨¦n en manos de peque?os agricultores.
Las operaciones militares para erradicar los cultivos de coca de los peque?os agricultores han continuado mucho despu¨¦s de todas las promesas de la Administraci¨®n Petro. En noviembre de 2022 se presentaron tropas para la erradicaci¨®n forzosa en Lejan¨ªas, una vereda del municipio de La Macarena, pero ahora las cosas han cambiado mucho. El ej¨¦rcito encuentra verdadera resistencia. La Guardia Campesina, una fuerza de protecci¨®n civil no armada basada en las comunidades, se ha organizado en toda la regi¨®n del Guayabero. En Lejan¨ªas se movilizaron r¨¢pidamente y rodearon a los soldados durante d¨ªas, lo que oblig¨® a los funcionarios del Gobierno a presentarse en el lugar para evitar un conflicto mayor y acordar una suspensi¨®n moment¨¢nea de la erradicaci¨®n.
Mientras tanto, en Nueva Colombia no se f¨ªan. En el pueblo se organizan peleas de gallos, el comit¨¦ de mujeres coordina actividades, se juega al billar, se pintan murales, suena m¨²sica mexicana que inunda cada rinc¨®n. Sin embargo, se mantienen en alerta porque no saben si en cualquier momento ver¨¢n llegar a lo lejos a los soldados con los fusiles. Su forma de vida sigue en peligro.
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