El antiguo secretariado de las FARC acusa a la JEP de provocar ¡°graves alteraciones¡± al acuerdo de paz
El tribunal de justicia transicional defiende su autonom¨ªa y argumenta que se trata de opiniones equivocadas
Siete antiguos miembros del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC han enviado este mi¨¦rcoles una carta al presidente Gustavo Petro. En ella se?alan a la Jurisdicci¨®n Especial de Paz (JEP), el tribunal creado en el acuerdo de paz con el Gobierno, de apartarse de la esencia del pacto firmado en 2016. Advierten de que, de continuar con lo que consideran un incumplimiento, ellos y otros cientos de firmantes del acuerdo podr¨¢n apartarse de las decisiones judiciales de esa justicia. El texto, en el que aplauden ...
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Siete antiguos miembros del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC han enviado este mi¨¦rcoles una carta al presidente Gustavo Petro. En ella se?alan a la Jurisdicci¨®n Especial de Paz (JEP), el tribunal creado en el acuerdo de paz con el Gobierno, de apartarse de la esencia del pacto firmado en 2016. Advierten de que, de continuar con lo que consideran un incumplimiento, ellos y otros cientos de firmantes del acuerdo podr¨¢n apartarse de las decisiones judiciales de esa justicia. El texto, en el que aplauden la pol¨ªtica de paz del Gobierno Nacional, est¨¢ firmado por Rodrigo Londo?o, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Juli¨¢n Gallo, Pablo Catatumbo, Joaqu¨ªn G¨®mez y Jaime Alberto Parra, todos ellos miembros del partido Comunes.
Seg¨²n argumentan en la comunicaci¨®n, la JEP se ha empe?ado en ¡°alejarse del esp¨ªritu y la letra de lo acordado¡±, al hacer una interpretaci¨®n propia del acuerdo para llevarlo a un ¡°terreno judicial punitivista¡±, que, en su opini¨®n, est¨¢ m¨¢s cercano al sometimiento a la justicia que a un acuerdo entre dos partes y a un esquema transicional. De acuerdo con la carta, existe una ¡°apertura interminable de macrocasos¡±, lo que aleja la idea de un cierre de las conductas por investigar. Eso, aseguran, ¡°vulnera de manera grave la seguridad jur¨ªdica de los comparecientes¡± y puede ocasionar demoras para cumplir con los tiempos para los que fue dise?ada la Jurisdicci¨®n.
En el documento, los firmantes se?alan tambi¨¦n una supuesta vulneraci¨®n al debido proceso y a la presunci¨®n de inocencia por parte de la JEP, al tener la capacidad de expulsar de manera repentina de la justicia transicional a los comparecientes si considera que ha habido incumplimientos graves a las obligaciones a las que debe ce?irse al someterse al tribunal. Esa potestad, dicen los exjefes guerrilleros, niega al compareciente la posibilidad de controvertir con pruebas las acusaciones en su contra. ¡°Es una expulsi¨®n unilateral de la JEP¡±, aseguran.
Otra de las decisiones que el antiguo secretariado critica es la de vincular a exmiembros de la guerrilla de bajo nivel jer¨¢rquico a indagaciones sobre hechos puntuales ocurridos durante el conflicto. En su opini¨®n, esa postura va en contra de la idea original del acuerdo, que era centrar los esfuerzos de la justicia transicional en los m¨¢ximos responsables de los casos m¨¢s graves de las conductas que implicaran violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En otras palabras, el acuerdo buscaba procesar a las cabezas de los casos m¨¢s graves de secuestros o reclutamiento forzado. La tendencia a ir m¨¢s all¨¢ de ese universo limitado de hechos y responsables, afirman los firmantes, ha despertado ¡°desconfianza¡± en los excombatientes, lo que ha llevado a muchos de ellos a apartarse de los compromisos adquiridos con el acuerdo de paz y, en varios casos, a retomar las armas.
Los antiguos miembros del secretariado recuerdan que de las 4.485 solicitudes de amnist¨ªa que han sido presentadas ante el tribunal, solo 688 han sido concedidas, por 3.804 negadas. ¡°Este tipo de accionar de la Jurisdicci¨®n afecta y pone en riesgo el acuerdo final de paz¡±, abundan. Agregan que la manera en que ha funcionado el sistema hasta ahora, adem¨¢s de falta de confianza, provoca un ¡°alto grado de incredulidad¡± y viola el principio del DIH que conmina a los Estados a otorgar la m¨¢xima amnist¨ªa posible una vez finalizadas las hostilidades.
La comunicaci¨®n, no obstante, no extiende ese tono cr¨ªtico con el Gobierno de Petro, al que reconoce los esfuerzos por sacar adelante la pol¨ªtica de paz total tras cuatro a?os ¡°perdidos¡± para la puesta en marcha del acuerdo durante la Administraci¨®n de Iv¨¢n Duque (2018-2022). Los exguerrilleros mencionan que, aparte de las dilaciones, los excombatientes han sido blanco de ¡°conspiraciones, desinformaci¨®n, estigmatizaci¨®n y, sobre todo, la falta de garant¨ªas para la vida¡±: recuerdan que, hasta la fecha, 418 desmovilizados han sido asesinados tras la firma del acuerdo paz, sin contar los atentados, intimidaciones y desplazamientos de los que han sido tambi¨¦n v¨ªctimas.
Al finalizar la carta, los excomandantes de la insurgencia afirman que ¡°algunos¡± se?alan a la JEP de ser, en este momento, la causante principal del aumento de miembros en los grupos armados ilegales y, por ese mismo camino, de la violencia. Por eso, piden al presidente un espacio para poder conversar sobre las que consideran unas ¡°graves alteraciones¡± del acuerdo de paz.
La carta de los exl¨ªderes de la guerrilla se da a conocer cuando se cumplen 21 a?os del atentado perpetrado por las FARC contra el club El Nogal, en el norte de Bogot¨¢, que provoc¨® la muerte de 36 personas y caus¨® heridas a otras 198. Por ese crimen, este martes la JEP cit¨® a nueve exmiembros de ese grupo armado para rendir versi¨®n. Entre ellos figuran tres integrantes del antiguo secretariado, dos de ellos firmantes de la carta: Rodrigo Londo?o y Juli¨¢n Gallo. Los exguerrilleros deber¨¢n comparecer ante el tribunal el 12 y 13 de agosto pr¨®ximos, en lo que es el primer llamado a versi¨®n hecha por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dentro del Caso 10, que investiga los cr¨ªmenes de la guerrilla que no son amnistiables.
Otro asunto delicado que se aproxima tiene que ver con las sanciones propias, que son las penas especiales que deber¨¢n cumplir los comparecientes ante la JEP que sean hallados culpables por cr¨ªmenes. Seg¨²n explica el tribunal, esas sanciones propias ¡°traen como consecuencia la realizaci¨®n de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) e implican un componente de restricci¨®n efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento¡±. No obstante, a¨²n hay muchas sombras acerca de en qu¨¦ consisten esas sanciones propias, que, cuando sean definidas, pueden dar pie a un debate intenso acerca de cu¨¢n duras o leves son esas penas.
Horas despu¨¦s de conocerse la carta, la JEP rechaz¨® las acusaciones que en ella se le endilgan. En una rueda de prensa, el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, dijo que los comparecientes que se aparten de las decisiones del tribunal o incumplan ¡°de manera grave¡± con sus compromisos, perder¨¢n los beneficios y se les reactivar¨¢n las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales que disponga la justicia ordinaria. Tambi¨¦n agreg¨®: ¡°La Jurisdicci¨®n reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal, que no les corresponde emitir ¨®rdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional¡±.
Acerca de las opiniones de los exguerrilleros acerca del proceder del tribunal, Vidal dijo que reciben el comunicado como ¡°una opini¨®n respetable¡±, que no representa ninguna amenaza para la jurisdicci¨®n, cuya competencia judicial ¡°no est¨¢ en discusi¨®n¡±. Sobre el mensaje que escribi¨® Juli¨¢n Gallo en X ¨Dantes Twitter¨D en el mismo sentido de la carta, replic¨® en t¨¦rminos similares: ¡°Nos merece respeto, pero es equivocada en t¨¦rminos de derecho. El poder judicial de la jurisdicci¨®n no est¨¢ en discusi¨®n. Lo que nos corresponde es ejercer esa competencia con autonom¨ªa dentro de las normas que la Constituci¨®n y la ley establecen¡±.
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