¡°Vemos riesgos muy grandes si en la paz total se reabre un debate sobre la JEP¡±

Roberto Carlos Vidal se ha convertido en el tercer presidente de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz, el tribunal creado ad hoc encargado de juzgar a los m¨¢ximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC y del Estado por los delitos cometidos durante este conflicto armado en Colombia. Este abogado y doctor en Derecho, nacido en Bogot¨¢ hace 54 a?os, ha emprendido una gira por Europa. Ha llegado a La Haya (Pa¨ªses Bajos), donde est¨¢ la sede de la Corte Penal Internacional, a pedir que abran una oficina en Colombia. ¡°Es importante es poner a disposici¨®n de la Corte las experiencias colombianas que puedan ayudar a otras iniciativas de paz en el mundo¡±, explica en Bruselas, en la residencia del embajador colombiano en B¨¦lgica. De ah¨ª, a Ginebra. A lo largo de la entrevista muestra, en varias ocasiones, la disponibilidad del tribunal que dirige para contribuir a una paz completa en el pa¨ªs, pero advirtiendo que esto no debe implicar poner en riesgo lo conseguido hasta ahora.

Pregunta. ?C¨®mo se ha recibido en La Haya la experiencia de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP)?

Respuesta. Encontramos un ambiente muy positivo y muchas expectativas, particularmente en c¨®mo se articula la experiencia que ha tenido el Tribunal, que viene de los acuerdos del Gobierno colombiano con la antigua guerrilla de las Farc en 2016. Tambi¨¦n respecto de las expectativas que ha abierto el Gobierno actual sobre la paz total y c¨®mo se hila la experiencia que tenemos con lo que viene. Hay grandes expectativas ahora mismo.

P. El presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha la iniciativa de la Paz Total, que ha levantado cr¨ªticas y acusaciones de que mina los acuerdos de 2016. ?Teme que esto le perjudique a la JEP?

R. Siempre hay riesgos. Una de las cosas que hemos dicho al Gobierno y al Congreso es que no quisi¨¦ramos que se abriera nuevamente un debate, por ejemplo, sobre las competencias [actuales] o el funcionamiento legal de la JEP. Ah¨ª vemos riesgos muy grandes. En cambio, lo que vemos es que nuevas competencias o lo que puede venir hacia el futuro es bienvenido. Pero, por ejemplo, arriesgarse a modificar hoy la JEP e introducir cambios en lo que est¨¢ funcionando bien podr¨ªa ser peligroso. En eso s¨ª vemos un riesgo, pero en lo que viene el futuro somos optimistas y estamos a disposici¨®n de los acuerdos de paz.

P. Cuando dice que es un riesgo, ?a qu¨¦ se refiere?

R. Si usted coge la arquitectura de la JEP y la del sistema de justicia y de paz y reconciliaci¨®n en Colombia, ver¨¢ que fue una negociaci¨®n muy compleja que produjo un sistema que tiene sus usos, su complejidad interna, pero que ha funcionado bien. El trabajo que hizo la Comisi¨®n de la Verdad estuvo bien. La Unidad de B¨²squeda de Personas Dadas por Desaparecidas ya est¨¢ funcionando a todo vapor. Nosotros tambi¨¦n los estamos. Y creemos que esa arquitectura hay que preservarla con mucho cuidado.

P. Siete a?os despu¨¦s de que se pusiera en marcha la JEP, todav¨ªa no hay ninguna sanci¨®n. ?Cu¨¢ndo llegar¨¢ la primera?

R. Hemos avanzado en cinco a?os de trabajo, hemos construido los 11 macrocasos en que vamos a trabajar y que tienen avanzadas sus investigaciones. Hemos cerrado las primeras investigaciones, lo que en justicia normal ser¨ªa la acusaci¨®n, que adem¨¢s han estado acompa?adas del reconocimiento de responsabilidad del 90% de los perpetradores. Se acaban de abrir los juicios, que van a ser breves. Cuando hay reconocimiento no hay un gran debate, pasamos directamente a las sanciones. Esperamos que este a?o sean las primeras sentencias de primera instancia.

P. ?Y esas sanciones ser¨¢n compatibles con el ejercicio de la pol¨ªtica de quienes ahora son congresistas, como los l¨ªderes las FARC?

R. Esto no lo resuelve la JEP, sino la ley y la Constituci¨®n. En el acuerdo se previ¨® que las sanciones son compatibles con el ejercicio de funciones pol¨ªticas. Esto se entiende en el contexto de los proyectos de sanci¨®n: se previ¨® que cuando hay reconocimiento, los perpetradores o, como lo llamamos nosotros, comparecientes, tienen acceso a sanciones fuera de la prisi¨®n. No tienen esa restricci¨®n, ning¨²n tipo de prisi¨®n ni nada parecido, sino que pasan de cinco a ocho a?os realizando proyectos para contribuir a la reparaci¨®n de las v¨ªctimas. Eso tiene mucho sentido en la reconciliaci¨®n y en el proceso de paz.

P. ?Han contado la verdad los guerrilleros y los militares?

R. Dir¨ªa que hay muchos aportes sustanciales a la verdad. Quienes comparecen ante la JEP tienen una obligaci¨®n de aportar verdad exhaustiva y detallada sobre su participaci¨®n en el conflicto. Y esa es una condici¨®n para poder permanecer en el sistema [de la JEP]. El 90% de los comparecientes hasta ahora han reconocido su responsabilidad y han hecho aportes sustanciales a la verdad.

P. Concr¨¦tele a un lector no colombiano qu¨¦ se entiende por decir la verdad.

R. La verdad es la narraci¨®n de los hechos y la participaci¨®n de esas personas en ellos. En el caso de las FARC, ellos han hecho aportes de verdad respondiendo por 23.000 secuestros de personas civiles a lo largo de diez a?os en una pol¨ªtica que ellos ordenaron. En el caso de la Fuerza P¨²blica, por primera vez, oficiales de alto rango, coroneles y un general, han reconocido una pol¨ªtica dentro de la fuerza p¨²blica de lo que llamamos falsos positivos, que era b¨¢sicamente comprar personas en un mercado oscuro, casi todos j¨®venes de zonas marginales, que se le entregaban a la fuerza p¨²blica. Ellos los asesinaban y los presentaban como falsas bajas en combate: hablamos de 6.400 casos. Esto tiene una gravedad enorme si se tiene en cuenta que las bajas reportadas de las FARC por el Ej¨¦rcito en diez fueron 12.000, la mitad de los cuales resultaron ser falsos positivos. De esas verdades estamos hablando.

P. ?Qu¨¦ le dicen las v¨ªctimas?

R. Han hecho una extraordinaria participaci¨®n. Nosotros les solicitamos que presentaran informes, algo como las denuncias que ellos hicieron. Con mucho esfuerzo logramos conseguir mil, poni¨¦ndonos en conocimiento de cuestiones que a veces no se hab¨ªan denunciado jam¨¢s. En segundo t¨¦rmino, tenemos participaci¨®n masiva, tanto individual como colectiva, que hoy suma alrededor de 400.000 personas que vienen a la JEP a participar. Eso n¨²meros tan grandes tambi¨¦n traen unas gigantescas expectativas respecto de la justicia, de la verdad. No solo la JEP, sino tambi¨¦n el Estado colombiano, tienen que llenar a las v¨ªctimas en Colombia.

P. El Gobierno y el ELN est¨¢n en negociaciones. Si llegaran a puerto a un buen puerto, ?servir¨ªa la JEP o se necesitar¨ªa otro organismo?

R. La JEP se ha puesto a disposici¨®n del Gobierno Nacional y el Congreso de la Rep¨²blica afirmando que Colombia tiene un modelo de justicia transicional que debe ser tenido en cuenta. Tenemos una experiencia que se pone al servicio de las nuevas negociaciones de paz. Ya le corresponder¨¢ a la negociaci¨®n y a los organismos pol¨ªticos definir cu¨¢l es la f¨®rmula que van a utilizar, que pueden implicar a la JEP o podr¨ªa implicar, no solo organismos nuevos, sino m¨¢s conexiones con la justicia ordinaria y la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n.

P. ?El resultado de esta negociaci¨®n puede afectar al trabajo actual de la JEP?

R. El trabajo que estamos haciendo ahora tiene su propia din¨¢mica. Nosotros tenemos una estricta temporalidad. Nos quedan cinco a?os de investigaci¨®n y cinco m¨¢s para terminar nuestras sentencias.

P. Me refiero m¨¢s a la legitimidad ante los ojos de la sociedad colombiana en caso de que el resultado de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN diera una soluci¨®n diferente para las personas implicadas en ese conflicto que al que se dio con las FARC.

R. Lo que la JEP ha contribuido, y eso est¨¢ muy en la mente de todos en la mesa de negociaci¨®n, es que las condiciones que se ofrecen a los comparecientes en la jurisdicci¨®n funcionan como un marco m¨ªnimo que habr¨ªa que sostener en negociaciones futuras. El Gobierno puede conceder las amnist¨ªas m¨¢s amplias que sean posibles, pero tiene el deber, bajo el pacto de Roma y el derecho internacional, de juzgar a los m¨¢ximos responsables de los m¨¢s graves cr¨ªmenes. El Gobierno lo ha manifestado mucho, tiene una comprensi¨®n muy clara al respecto, y de las limitaciones que tiene esto, la imposibilidad de hacer amnist¨ªas generales o perd¨®n y olvido, la necesidad de f¨®rmulas judiciales para cualquier negociaci¨®n futura y que los graves cr¨ªmenes tienen que ser juzgados y es una obligaci¨®n del Estado colombiano. Yo creo que ese es el marco que desarroll¨® la JEP y que se aplica hacia el futuro.

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