El aumento de los confinamientos forzados amenaza con disparar el hambre
Los grupos armados ejercen un control que en ocasiones limita el acceso a los alimentos en zonas ya en riesgo
Si hoy se repitiera la pregunta que lanz¨® el padre Francisco de Roux el 28 de junio de 2022 en la entrega del informe final de la Comisi¨®n de la Verdad que entonces presid¨ªa, la respuesta volver¨ªa a dejar un rotundo silencio: ¡°?c¨®mo nos atrevimos a dejar que pasara y c¨®mo nos podemos atrever a permitir que contin¨²e?¡±. Fue un dardo a la conciencia colectiva despu¨¦s de desentra?ar de la memoria los horrores de seis d¨¦cadas de conflicto armado fre...
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Si hoy se repitiera la pregunta que lanz¨® el padre Francisco de Roux el 28 de junio de 2022 en la entrega del informe final de la Comisi¨®n de la Verdad que entonces presid¨ªa, la respuesta volver¨ªa a dejar un rotundo silencio: ¡°?c¨®mo nos atrevimos a dejar que pasara y c¨®mo nos podemos atrever a permitir que contin¨²e?¡±. Fue un dardo a la conciencia colectiva despu¨¦s de desentra?ar de la memoria los horrores de seis d¨¦cadas de conflicto armado frente a una Colombia adormecida. Casi dos a?os despu¨¦s del recordado discurso, nuevos ataques, confinamientos y desplazamientos forzados amenazan la integridad de comunidades abandonadas en la indiferencia que cuestion¨® el sacerdote jesuita.
El Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirti¨® en su m¨¢s reciente informe humanitario un aumento del 19% en las restricciones a la movilidad en zonas de conflicto durante el a?o 2023, en comparaci¨®n con el a?o inmediatamente anterior. En total, 47.013 personas dejaron de transitar libremente por sus territorios debido a intimidaciones de grupos al margen de la ley. Adem¨¢s de generar temor, el fen¨®meno afecta la seguridad alimentaria en ¨¢reas apartadas y de por s¨ª vulnerables. El conflicto, en otras palabras, no solo impacta la seguridad, sino una de las principales banderas del presidente Gustavo Petro: la lucha contra el hambre.
Los departamentos m¨¢s golpeados por las restricciones de movilidad son los del Pac¨ªfico colombiano, atrapado en la disputa por el control de rutas del narcotr¨¢fico y otras rentas il¨ªcitas como la miner¨ªa ilegal, as¨ª como amplias ¨¢reas con altos niveles de pobreza. La situaci¨®n m¨¢s cr¨ªtica est¨¢ en el Choc¨®, uno de los m¨¢s pobres del pa¨ªs, que concentr¨® el 44% de la poblaci¨®n confinada, con 20.720 v¨ªctimas. Le siguen Nari?o con 9.563 personas, Cauca con 4.000 y Valle del Cauca con 3.304 damnificados. Tambi¨¦n hubo aislamientos en otras regiones; en Arauca, Caquet¨¢, Putumayo, Antioquia, Bol¨ªvar y C¨®rdoba.
La limitaci¨®n a la movilidad de los pobladores encarna uno de los efectos silenciosos de la guerra. Aunque no deja im¨¢genes que llamen la atenci¨®n a kil¨®metros de distancia, quienes la soportan saben que su vida est¨¢ en riesgo. No solo por el peligro de los fusiles o explosivos, sino por la falta de acceso a los alimentos, que atenta contra su salud f¨ªsica y mental.
La inseguridad por los enfrentamientos armados, los toques de queda que imponen organizaciones ilegales o el veto para transitar en ciertas zonas u horarios, impiden a las comunidades acercarse a las parcelas que cultivan, cazar en la selva o pescar en los r¨ªos cercanos, como es costumbre en comunidades ind¨ªgenas y afrodescendientes, las m¨¢s perjudicadas por las presiones de grupos subversivos. Tambi¨¦n frena el comercio.
Los departamentos que el CICR se?ala como v¨ªctimas de este flagelo tienen por lo menos el 30% de sus hogares o m¨¢s en riesgo moderado o severo de inseguridad alimentaria, con la excepci¨®n de Antioquia y Valle del Cauca. Dicho de otra forma, seg¨²n el Programa Mundial de Alimentos, son departamentos donde hay hambre.
El escenario m¨¢s complejo se observa en Putumayo, C¨®rdoba, Arauca y Caquet¨¢, donde hasta cinco de cada diez personas resisten con el est¨®mago vac¨ªo o a medio llenar, mientras que en Choc¨® y Bol¨ªvar se estima que cuatro de cada diez personas no comen lo suficiente. Aunque la violencia no es la ¨²nica causa, van ligadas. El riesgo de hambre impacta al 43% de los hogares v¨ªctimas de alg¨²n hecho violento, frente a un 23% de los que est¨¢n alejados del conflicto.
El especialista del ¨¢rea de gesti¨®n del riesgo y rehabilitaci¨®n de medios de vida de la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas para la Alimentaci¨®n y la Agricultura (FAO), Harry Villarraga, explica que estas circunstancias producen un deterioro progresivo de la alimentaci¨®n. ¡°Las familias restringen la cantidad de alimentos que consumen en el d¨ªa, las porciones, limitan el consumo de los adultos para preferir el de los ni?os. Hay gente comiendo escasamente un arroz vac¨ªo acompa?ado de nada. Son condiciones muy dram¨¢ticas¡±, relata.
Los hechos de violencia empeoran las condiciones en lugares con altos niveles de pobreza donde las dietas son poco variadas y bajas en nutrientes, explica Zandra Estupi?¨¢n, nutricionista especializada en gobierno y pol¨ªticas p¨²blicas. ¡°Hay casos de ni?os con desnutrici¨®n cr¨®nica o retraso en talla porque se adaptan a condiciones de deficiencias por periodos prolongados y eso afecta su capacidad cognitiva y de desarrollo¡±, subraya.
Estas consecuencias se expresan ¨Cde la manera m¨¢s tr¨¢gica¨C en las muertes de menores de cinco a?os asociadas a desnutrici¨®n. A nivel nacional han disminuido de 82 muertes confirmadas entre enero y marzo de 2023, a 56 probables en el mismo trimestre de este a?o. En el Choc¨®, sin embargo, suman 10 las muertes que probablemente se deben al hambre, cuando el hist¨®rico ha sido de seis en los primeros meses, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Salud. Los lugares con m¨¢s confinamientos enfrentan, a su vez, un peor acceso a servicios de salud. Muchos dependen de la medicina tradicional para atender sus dolencias, pero obtener plantas medicinales tambi¨¦n es dif¨ªcil cuando no es seguro poner un pie en el monte. Y, por lo menos hasta ahora, la pol¨ªtica de paz total del Gobierno no ha ayudado.
Los ceses al fuego bilaterales que se han pactado con varios grupos ilegales como parte de las negociaciones no se han traducido en garant¨ªas para la poblaci¨®n civil. Por ejemplo, en febrero, a pocos d¨ªas de haber confirmado la ampliaci¨®n de la suspensi¨®n de hostilidades entre la Fuerza P¨²blica y la guerrilla del ELN, su Frente de Guerra Occidental declar¨® un paro armado en la subregi¨®n del San Juan, en Choc¨®. 27.000 personas quedaron confinadas.
La representante de la organizaci¨®n Gobierno ancestral territorial de los pueblos ind¨ªgenas del Choc¨®, Irma Cabrera, dice que all¨ª se est¨¢ imponiendo el temor con las armas. ¡°Los grupos tambi¨¦n llegan y cogen todo lo que las familias han cultivado, incluso se llevan las gallinas, los cerdos, todo esto genera una crisis alimentaria. La poblaci¨®n civil no tiene mucha fuerza cuando est¨¢ delante de alguien armado¡±, expresa.
Adem¨¢s de los confinamientos, los artefactos explosivos intimidan y limitan el acceso a fuentes de agua y alimentos, entre otros recursos esenciales. ¡°La presencia de as¨ª sea un solo artefacto o su sospecha puede confinar a una comunidad entera por largos periodos¡±, se?ala el informe humanitario del CICR. En 2023 se registraron 380 v¨ªctimas directas ¨C54% civiles¨C de minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonaci¨®n controlada. De ellas, 61 murieron.
En Sip¨ª, un municipio chocoano con 4.700 habitantes, al menos dos personas han sufrido amputaciones por explosiones de minas en la ¨²ltima semana. La gobernadora Nubia Carolina C¨®rdoba hizo un llamado urgente para que se realice un desminado. ¡°Los grupos armados organizados que hacen presencia en el Choc¨® est¨¢n violando abiertamente el derecho internacional humanitario, sembrando terror y generando el confinamiento de las comunidades¡±, afirm¨® la mandataria.
El alcalde de Sip¨ª, Jairo Antonio Murillo, comenta en di¨¢logo con EL PA?S que la poblaci¨®n no quiere asomarse afuera de sus viviendas. ¡°La gente piensa que al salir va a explotar alg¨²n artefacto, est¨¢ sumergida en el miedo, la zozobra. Ac¨¢ viven de los quehaceres del campo, no pueden visitar sus parcelas porque les genera un trauma psicol¨®gico, hay afectaci¨®n de la salud mental en el territorio y el hambre duele¡±, declara. Los suicidios reportados se han duplicado este a?o en el departamento, pasando de 20 a 40 casos.
El defensor del pueblo en Choc¨®, Luis Murillo, sostiene que el confinamiento es un evento masivo de victimizaci¨®n, una especie de secuestro colectivo que ahora es m¨¢s prolongado. ¡°La ruta que tenemos para atender estas emergencias es transitoria, de tres meses. Ahora hay comunidades que llevan dos o tres a?os sin poder hacer uso del territorio para su subsistencia. No hay una ruta desde el Estado para entender y atender esta nueva modalidad de confinamientos largos, se necesita otro abordaje¡±.
El Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja ha hecho un llamado a los actores armados estatales y no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario. ¡°Si bien el DIH no tiene una menci¨®n expresa a los confinamientos como consecuencia humanitaria, s¨ª establece obligaciones de las partes en conflicto a tratar con dignidad a toda persona que se encuentre bajo su control. Llama a evitar tratos humillantes y todo aquello que genere sufrimientos innecesarios en la poblaci¨®n civil. El confinamiento es algo que deben evitar los actores armados¡±, explica Laura Santamar¨ªa, coordinadora de comunicaciones de esa organizaci¨®n en Colombia.
La Misi¨®n de Verificaci¨®n de las Naciones Unidas se?al¨® en su informe del ¨²ltimo trimestre que el desplazamiento y el confinamiento forzado afectaron de manera desproporcionada a las comunidades ¨¦tnicas con un 64% de los afectados, el 42% ind¨ªgenas y el 22% afrocolombianos. Como lo precisa el nombre que lleva el cap¨ªtulo del informe final de la Comisi¨®n de la Verdad sobre violencias y da?os contra los pueblos ¨¦tnicos de Colombia, ¡°resistir no es aguantar¡±. Las comunidades siguen aguantando.
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