El Consejo de Estado falla que el CNE puede investigar a Petro, pero no sancionarlo

Hace dos semanas, el pasado 8 de mayo, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciaron otro drama pol¨ªtico en Colombia. ?lvaro Hern¨¢n Prada y Benjam¨ªn Ortiz presentaron ese d¨ªa una ponencia en la que proponen formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta violaci¨®n a los topes de financiaci¨®n en su campa?a de 2022. Petro reaccion¨® con ira. ¡°Ha comenzado el...

Hace dos semanas, el pasado 8 de mayo, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciaron otro drama pol¨ªtico en Colombia. ?lvaro Hern¨¢n Prada y Benjam¨ªn Ortiz presentaron ese d¨ªa una ponencia en la que proponen formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta violaci¨®n a los topes de financiaci¨®n en su campa?a de 2022. Petro reaccion¨® con ira. ¡°Ha comenzado el golpe blando¡±, declar¨® en X. ¡°Estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la Rep¨²blica. Es una abierta ruptura constitucional¡±, continu¨®. Este lunes, el Consejo de Estado, el tribunal m¨¢s alto en todos los procesos que se hacen contra entidades del Estado, resolvi¨® que ese supuesto golpe blando no se har¨¢. La alta corte fall¨® que el CNE tiene la potestad a investigar la financiaci¨®n de la campa?a, pero que no puede suspender ni retirar al presidente.

El dictamen legal, redactado por el magistrado Omar Joaqu¨ªn Barreto Su¨¢rez, explica que el CNE, una entidad administrativa integrada por nueve abogados elegidos por las bancadas en el Congreso y cuestionada por ese origen partidista de sus magistrados, no tiene jurisdicci¨®n para discutir la continuidad del jefe de Estado en su cargo. Si llegara a ocurrir, esa tarea le competer¨ªa al Congreso. Es decir, cuando el CNE termine su investigaci¨®n, debe mandar los hallazgos pertinentes a la Comisi¨®n de Acusaciones de la C¨¢mara para que esta revise la informaci¨®n y defina si da inicio al proceso de un juicio pol¨ªtico. Barreto a?ade que si el Congreso decidiera sancionar a Petro, tambi¨¦n tendr¨ªa que hacerlo con su vicepresidente, Francia M¨¢rquez: ¡°De presentarse una posible violaci¨®n de topes, dicha irregularidad afectar¨ªa ambos cargos¡±.

El pronunciamiento del Consejo de Estado se dio en respuesta a una demanda ciudadana interpuesta por Jos¨¦ ?ngel Espinosa Henao, un sargento retirado del ej¨¦rcito que ha abogado en los ¨²ltimos a?os en redes sociales por los derechos de los militares en retiro, y en contra de la corrupci¨®n de los pol¨ªticos colombianos. En su demanda, solicitaba la p¨¦rdida del cargo de Petro y M¨¢rquez, sancionar a los partidos de la coalici¨®n Pacto Hist¨®rico ¨Dque llev¨® a Petro a la presidencia¨D, la ¡°nulidad o inexistencia de todo lo actuado por la f¨®rmula presidencial¡± Petro-M¨¢rquez, y el nombramiento de una junta de gobierno transitoria. El Consejo de Estado se neg¨® a todo ello.

La ponencia del CNE

Aunque sus solicitudes son extremas, Espinosa no es el ¨²nico en pedir sanciones a Petro por las presuntas violaciones de los topes de financiaci¨®n. Los dos magistrados ponentes del CNE tambi¨¦n lo hacen. La ponencia se?ala varias supuestas irregularidades, como la donaci¨®n de 500 millones de pesos (unos 125.000 d¨®lares) de la Federaci¨®n Colombiana de Educadores (Fecode), el sindicato m¨¢s numeroso del pa¨ªs. El giro fue hecho al partido Colombia Humana, el del presidente Petro, pero los magistrados alegan que termin¨® en la campa?a, lo cual ser¨ªa una violaci¨®n de las normas electorales, que proh¨ªben el financiamiento por parte de sindicatos.

Entre las otras presuntas irregularidades est¨¢ una supuesta donaci¨®n del sindicato de Ecopetrol, la Uni¨®n Sindical Obrera (USO), por 1.030 millones de pesos (unos 260.000 d¨®lares); los presuntos pagos no registrados de 60.000 pesos a 35.000 testigos electorales en el d¨ªa de los comicios, que sumar¨ªan unos 2.100 millones de pesos (alrededor de 525.000 d¨®lares); y una violaci¨®n a los topes financieros, que estaban establecidos en 28.536 millones de pesos en primera vuelta y otros 13.347 millones en segunda.

Petro ha sido contundente en su rechazo de la ponencia y de la investigaci¨®n. Una de las razones que da es que uno de los dos ponentes, el magistrado ?lvaro Hern¨¢n Prada, es aliado pol¨ªtico del expresidente de derecha ?lvaro Uribe. Prada, al igual que Petro y muchos pol¨ªticos colombianos m¨¢s, tiene abierta una investigaci¨®n en su contra. La Corte Suprema lo acusa del delito de soborno en actuaci¨®n penal, como c¨®mplice. Es se?alado de intentar torcer el testimonio del testigo estrella del caso por el que fue llamado a juicio su exjefe, el expresidente Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos. De hecho, su juicio empez¨® el pasado 14 de mayo. Ese d¨ªa, Petro celebr¨® en X. ¡°Le inician juicio a mi juez¡±, declar¨® en un trino acompa?ado de una foto de Prada y Uribe.

El Consejo de Estado

Mientras el CNE es cuestionado por el origen partidista de sus magistrados, el Consejo de Estado no enfrenta ese tipo de cr¨ªticas. Desde que empez¨® el mandato de Petro, en agosto 2022, el tribunal ha fallado en contra y a favor de pol¨ªticos y partidos de diferentes ideolog¨ªas. Por ejemplo, anul¨® hace un mes la personer¨ªa jur¨ªdica del partido Creemos, del derechista alcalde de Medell¨ªn, Federico Guti¨¦rrez; y en las ¨²ltimas semanas ha anulado las decisiones del CNE que han dado vida a diversos partidos bajo una argumentaci¨®n jur¨ªdica que la Alta Corte ha se?alado que es errada. Por otro lado, en noviembre pasado, el Consejo de Estado tambi¨¦n anul¨® por doble militancia la elecci¨®n de Alexander L¨®pez Maya, del izquierdista Polo Democr¨¢tico, como senador de la Rep¨²blica, y lo ha hecho con toros congresistas gobiernistas, de nuevo por una comprensi¨®n jur¨ªdica reiterada.

Aunque la decisi¨®n de este lunes favorece a Petro, el Consejo tambi¨¦n ha fallado en contra de ¨¦l. En marzo del a?o pasado, el tribunal suspendi¨® un decreto con el que el mandatario hab¨ªa asumido las funciones para definir las tarifas de energ¨ªa, en una decisi¨®n que produjo gran inter¨¦s pol¨ªtico. El Consejo dio la raz¨®n a los demandantes, que hab¨ªan alegado que en una ley, la 143, el Congreso deleg¨® las funciones de fijar esas tarifas a la Comisi¨®n de Regulaci¨®n de Energ¨ªa y Gas (CREG), y no al presidente.

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