Un tribunal de pol¨ªticos, gastos dudosos de campa?a y alta tensi¨®n: todo sobre el caso de Petro en el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es en muchos casos un resguardo burocr¨¢tico al que van a parar congresistas que fracasan en sus intenciones de hacerse reelegir. A pesar de eso, lo componen nueve magistrados que, de tanto en tanto, aparecen en las primeras planas por sus decisiones, aunque quiz¨¢s nunca con tal grado de tensi¨®n como el que se desencadenar¨ªa si el tribunal decide formular cargos al presidente Gustavo Petro y su gerente de campa?a, el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades electorales en 2022.

Un borrador de la ponencia, o propuesta de fallo, firmada por dos magistrados fue filtrado a la prensa. Su contenido no deja bien parados a Petro y Roa: hay indicios de presuntos gastos no reportados en sus cuentas, que, adem¨¢s, llevar¨ªan a que los gastos superen los m¨¢ximos permitidos, en lo que puede incluso ser un delito. La ponencia ser¨¢ sometida a votaci¨®n entre los nueve magistrados que componen el CNE y, de ser aprobada, implicar¨ªa una formulaci¨®n de cargos, no una decisi¨®n final. No obstante, desde ya causa un cataclismo pol¨ªtico que se puede enredar entre nombres, tecnicismos y figuras contables. Estas son las claves.

Los argumentos de la ponencia: ingresos no registrados y gastos por encima del tope

Todas las campa?as pol¨ªticas en Colombia tienen un l¨ªmite de gastos. El tope para la m¨¢s reciente elecci¨®n presidencial fue de 28.536 millones de pesos (cerca de 7,1 millones de d¨®lares) para la primera vuelta y otros 13.347 millones (unos 3,5 millones de d¨®lares) para la segunda. Oficialmente, la campa?a de Petro report¨® gasto que estuvieron a menos del 0,01% de superar el m¨¢ximo legal. Ese baj¨ªsimo margen, evidenciado en una auditor¨ªa que conoci¨® el CNE en febrero, levant¨® sospechas sobre el manejo financiero de la que result¨® siendo la aspiraci¨®n triunfante. Posteriores pesquisas del tribunal revelaron otros posibles gastos y donaciones que hasta ahora se desconoc¨ªan y demostrar¨ªan que la campa?a, que tiene una personer¨ªa jur¨ªdica propia y de la que es representante legal un gerente ¡ªno el candidato¡ª se gast¨® m¨¢s dinero del permitido. Cambio y La Silla Vac¨ªa accedieron a la ponencia del CNE y encontraron que en ella se indica que hay pruebas de sumas no registradas que llegan a 5.355 millones de pesos (1,33 millones de d¨®lares), sumados a otros ingresos irregulares.

Una donaci¨®n de 500 millones de pesos (125.000 d¨®lares) realizada por el sindicato Federaci¨®n Colombiana de Trabajadores de la Educaci¨®n (Fecode) es una de las que fue rese?ada durante la investigaci¨®n. Aquella transferencia acapar¨® titulares de medios en enero, despu¨¦s de que fuera el motivo por el que la Fiscal¨ªa llev¨® a cabo un allanamiento a la sede del sindicato en Bogot¨¢. ¡°Siempre pens¨¦ que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian a los pol¨ªticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores¡±, asegur¨® Petro en ese momento.

Fecode ha sostenido que el dinero no estaba destinado a las arcas de la campa?a presidencial ¨Dy que por ende no lo registr¨®¨D, sino a las de la Colombia Humana, uno de los partidos que conforma el Pacto Hist¨®rico, la coalici¨®n de izquierda por la que se postul¨® Petro. La ponencia cuestiona esa versi¨®n y sugiere que el dinero fue a parar a la campa?a. Para burlar los topes y la limitaci¨®n legal de las contribuciones monetarias de empresas o gremios a las aspiraciones presidenciales, Colombia Humana se encarg¨® de transferir esos 500 millones a Ingenial Media, una compa?¨ªa que coordin¨® el pago a testigos electorales en distintas regiones del pa¨ªs. Se trat¨®, seg¨²n el tribunal, de una triangulaci¨®n del dinero. Un cr¨¦dito del Polo Democr¨¢tico Alternativo, otro partido del Pacto, y una donaci¨®n hecha por otro sindicato, la Uni¨®n Sindical Obrera (USO), tambi¨¦n hacen parte de esos hallazgos.

Ingenial aparece tambi¨¦n en m¨¢s cuestionamientos. La Silla Vac¨ªa se?ala que en las dos vueltas esa empresa pag¨® m¨¢s de 1.100 millones de pesos (cerca de 275.000 d¨®lares) para sufragar los costos de 35.584 testigos electorales, quienes recib¨ªan su dinero a trav¨¦s de empresas dedicadas al giro y recaudo de dinero, que hab¨ªan firmado acuerdos previos con Ingenial. Seg¨²n la ponencia, del dinero solo se han podido rastrear los 500 millones donados por Fecode y el origen del resto es incierto, por lo que presuntamente hay m¨¢s ingresos ocultos. ¡°Desconoce esta Corporaci¨®n el origen de tales recursos utilizados para la dispersi¨®n de los pagos efectuados a los testigos electorales, lo que permite entrever un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campa?a y una presunta triangulaci¨®n de recursos en la que hipot¨¦ticamente pudieran estar inmersas las empresas de giros¡±, se lee en la ponencia. Sobre este asunto, uno de los m¨¢s gruesos, la defensa ha sido que el gasto de testigos electorales jur¨ªdicamente no es de la campa?a, pues se entiende que esta no incluye la fecha de las votaciones.

Pero hay todav¨ªa m¨¢s revelaciones de dineros aparentemente gastados en la campa?a y no reportados por esta. Los ponentes se refieren a aportes en especie de compa?¨ªas de aviaci¨®n para traslados de Petro y su equipo, a la utilizaci¨®n de fondos que hab¨ªan sido reportados en la campa?a al Senado del Pacto Hist¨®rico y al alquiler del Movistar Arena, un coliseo multiusos de Bogot¨¢, para celebrar los resultados de la segunda vuelta.

Las caras detr¨¢s de la decisi¨®n

Los autores de la ponencia son los magistrados Benjam¨ªn Herrera y ?lvaro Hern¨¢n Prada. Ellos, como todos sus compa?eros, fueron elegidos en representaci¨®n de las bancadas del Congreso: Ortiz por el Partido Liberal y Prada, quien fue representante a la C¨¢mara, por el uribista Centro Democr¨¢tico. Ese origen, como ha ocurrido en el pasado, los pone a ellos y sus colegas bajo el se?alamiento de tener una motivaci¨®n pol¨ªtica. De hecho, congresistas oficialistas recusaron este jueves a Prada, quien tiene una larga trayectoria de pronunciamientos p¨²blicos contrarios al presidente Petro y, adem¨¢s, est¨¢ envuelto en otro esc¨¢ndalo notorio, el de los presuntos testigos falsos en favor del expresidente ?lvaro Uribe. El pr¨®ximo mi¨¦rcoles, 15 de mayo, est¨¢ citado para la primera audiencia del juicio penal que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por ese caso.

Lo que viene en el proceso

Las decisiones en el CNE e toman por una mayor¨ªa especial de seis votos. Ortiz y Prada necesitan cuatro votos m¨¢s. Inicialmente, cuentan con los de los excongresistas C¨¦sar Lorduy, del opositor Cambio Radical, y Maritza Mart¨ªnez, de La U, un partido bisagra. El oficialismo, por su parte, tiene tres votos asegurados: Cristi¨¢n Quiroz, del ala gobiernista de la Alianza Verde, y de Alba Vel¨¢squez y Fabiola M¨¢rquez, de la coalici¨®n de Gobierno, el Pacto Hist¨®rico. Los votos decisivos quedan en manos de Altus Baquero, un liberal que estuvo suspendido de su cargo hasta este jueves, y de Alfonso Campo, un excongresista conservador.

Si no suma seis votos, la ponencia quedar¨¢ como una acusaci¨®n m¨¢s en el nutrido historial de presuntas irregularidades en campa?as presidenciales. Pero si llegara a ser aprobada, se dar¨ªa inicio a un proceso administrativo que podr¨ªa extenderse por m¨¢s de un a?o. La campa?a del presidente podr¨ªa controvertir algunas de las pruebas, aportar otras y esgrimir sus argumentos. Si el proceso arroja conclusiones que inculpan al mandatario en las irregularidades, una posible acusaci¨®n en su contra le corresponde a la Comisi¨®n de Acusaciones de la C¨¢mara de Representantes, encargada de iniciar los juicios pol¨ªticos contra los mandatarios y otros funcionarios con fuero.

La guerra discursiva

El presidente, fiel a su costumbre de pronunciarse en redes sobre los sucesos nacionales, no tard¨® en reaccionar a la ponencia. ¡°Ha comenzado el golpe blando¡±, public¨® en su cuenta de X, reiterando su teor¨ªa de que la oposici¨®n est¨¢ buscando distintas alternativas para sacarlo del poder antes de que finalice su periodo constitucional. Tambi¨¦n hizo un llamado a sus seguidores: ¡°Estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la Rep¨²blica. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde con la fuerza del pueblo¡±.

La respuesta del CNE fue inmediata. ¡°Las graves declaraciones contra los miembros de esta Corporaci¨®n quebrantan el normal funcionamiento del sistema democr¨¢tico y ponen en riesgo a quienes est¨¢n a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones institucionales¡±, escribi¨® la entidad en un comunicado que difundi¨® en sus plataformas digitales.

Ese organismo ha sido objeto de cr¨ªticas y propuestas de modificaci¨®n por la composici¨®n partidista que le determina la Constituci¨®n y por lo engorroso de sus tr¨¢mites, que implican un largo proceso con rasgos judiciales que, sin embargo, no es la instancia final. Sus decisiones pueden ser demandadas ante el Consejo de Estado, lo que permite prever proceso legales largos y complejos.

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