La Fiscal¨ªa imputa a 24 militares por la masacre de Alto Remanso, Putumayo: ocho de las v¨ªctimas eran civiles

El proceso judicial contra 24 uniformados por las irregularidades del operativo militar en la vereda Alto Remanso (Putumayo), llevado a cabo el 28 de marzo de 2022, est¨¢ estancado hace un a?o desde que la Fiscal¨ªa orden¨® llevar a cabo la imputaci¨®n de cargos por el homicidio de 11 personas. Aunque el ente investigador tiene listas las pruebas desde agosto pasado, la diligencia se dilat¨® por once meses. EL PA?S conoci¨® la audiencia reservada, que dur¨® dos d¨ªas, en las que el fiscal Luis Alfonso Cabezas expuso sus razones para imputar los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio. Ninguno de los militares acept¨® los cargos.

Los imputados son un coronel, un capit¨¢n, un teniente, cuatro suboficiales y 17 soldados profesionales. En principio eran 25 militares investigados, pero uno de ellos falleci¨®. Una de las revelaciones m¨¢s importantes de la Fiscal¨ªa apunt¨® a que el Ej¨¦rcito fue el primero en abrir fuego en medio de poblaci¨®n civil en la vereda Alto Remanso, lo que desmiente la versi¨®n oficial que en su momento entreg¨® el Ej¨¦rcito y el Ministerio de Defensa, en cabeza entonces de Diego Molano durante el gobierno del expresidente Iv¨¢n Duque. ¡°El lunes 28 de marzo, sobre las 7:13 a.m. se imparti¨® la orden para que el tirador de alta precisi¨®n realizara el primer disparo en el caser¨ªo donde estaban transitando 50 personas civiles¡±, dijo el fiscal Cabezas. La Fiscal¨ªa tambi¨¦n argument¨® que, entre las 11 v¨ªctimas mortales ese d¨ªa, al menos ocho de ellas eran civiles.

El operativo militar investigado ocurri¨® el 28 de marzo de 2022, luego de una celebraci¨®n de tres d¨ªas en un bazar comunitario. La versi¨®n oficial apuntaba a que iba dirigido contra Carlos Emilio Loaiza, conocido como Bruno, y a quien las autoridades se?alaban de ser el responsable de las finanzas del grupo armado Comandos de Frontera, disidencias de las FARC al mando de Iv¨¢n M¨¢rquez. Sin embargo, el disidente no fue ni capturado ni asesinado ese d¨ªa. De acuerdo con el jefe investigador, el Ej¨¦rcito tuvo informaci¨®n de inteligencia militar que confirmaba que Bruno no estaba en la vereda al momento del bazar, sin embargo, el vicepresidente de la Junta de Acci¨®n Comunal de ese territorio, fue se?alado por los militares de ser el disidente.

En medio de la diligencia, el fiscal fue contundente con ese hecho. ¡°El se?or fue golpeado y fue obligado a que manifestara que ¨¦l era alias Bruno (...) en ese momento ¨¦l ten¨ªa la condici¨®n de vicepresidente de la comunidad. Gracias a Dios en ese momento ¨¦l sac¨® su c¨¦dula de ciudadan¨ªa, y se identific¨® con ellos, y gracias a Dios, su esposa junto a sus hijos menores, llorando, suplicaban que no le pegaran m¨¢s porque ¨¦l no era Bruno¡±. En su momento, el ministro de Defensa, Diego Molano, calific¨® como ¡°exitosa¡± la ofensiva militar en la que el Ej¨¦rcito hab¨ªa abatido a 11 integrantes del grupo armado. Despu¨¦s, una investigaci¨®n period¨ªstica de los medios El Espectador, Cambio y Vor¨¢gine, se revel¨® que, entre los muertos, hab¨ªa varios civiles a quienes el Ej¨¦rcito busc¨® hacer pasar como guerrilleros.

En la audiencia, el fiscal revel¨® que los militares dispararon durante dos horas y media contra la poblaci¨®n. El primer disparo, seg¨²n la investigaci¨®n, comenz¨® a las 7:13 a.m. y termin¨® a las 9:45 a.m. Aunque en el bazar hab¨ªa, en ese momento, 50 personas civiles, el Ej¨¦rcito gast¨® 1.597 cartuchos calibre 5,56 ¡Á 45 mm; 32 cartuchos calibre 7,62 ¡Á 39 mm; nueve granadas de 40 mil¨ªmetros y cinco granadas de mano. Es decir, para un operativo militar contra una poblaci¨®n que no sobrepasaba las 100 personas, las Fuerzas Militares hicieron m¨¢s de 1.600 disparos y detonaron 14 explosivos. Cabezas tambi¨¦n se refiri¨® a la retenci¨®n de la poblaci¨®n por m¨¢s de seis horas en la mitad de la cancha de f¨²tbol, y asegur¨®: ¡°Estamos hablando de una comunidad que estaba integrada por mujeres y ni?os y limitaron el derecho fundamental a la locomoci¨®n¡±.

La defensa de las v¨ªctimas intervino para solicitarle al fiscal que tambi¨¦n se imputaran los delitos de desplazamiento forzado y tortura, porque despu¨¦s del operativo, 50 personas habr¨ªan estado retenidas en la cancha principal por al menos seis horas. Adem¨¢s, por los hechos que relat¨® el ente investigador sobre el vicepresidente de la Junta de Acci¨®n Comunal al que el Ej¨¦rcito le habr¨ªa pedido que se declarara como integrante de los Comandos de la Frontera. Sin embargo, la petici¨®n no prosper¨®.

Los cinco equipos militares implicados

De acuerdo con el expediente de la Fiscal¨ªa, al operativo se desplegaron cinco equipos de militares, entre integrantes del Ej¨¦rcito, la Armada Nacional y la Fuerza A¨¦rea, que empezaron a llegar al terreno 11 d¨ªas antes para labores de inteligencia. El primer equipo, seg¨²n C, estaba dirigido por el sargento segundo Michael Andr¨¦s Qui?onez Mendoza. Tambi¨¦n estuvo integrado por los soldados Dairo Jos¨¦ Arboleda (el francotirador), Franky Fabi¨¢n Hoyos P¨¦rez, Jhon Fredy Hoyos Qui?onez y Jeisson Rico Soto. Su labor era ¡°mantener la visual sobre el caser¨ªo en el que presuntamente hab¨ªa combatientes del Gaor 48¡å (Comandos de la Frontera).

El segundo equipo estaba liderado por el teniente Juli¨¢n Ernesto ?vila Mart¨ªnez y estaba conformado por los soldados R¨®binson Bele?o Herrera, Yeison David Becerra Guti¨¦rrez, Maycol Mauricio Abril Hern¨¢ndez y Yeison Andrade Rivera Holgu¨ªn. Su labor, seg¨²n el ente investigador, era bloquear y emboscar el sector. El tercer equipo fue comandado por el cabo primero Wilson Andr¨¦s Santamar¨ªa Ramos y lo acompa?aron los soldados Fernando Anama Escobar, Carlos Alberto Perdomo Romero, Luis ?ngel N¨²?ez Pe?a y Jos¨¦ Alex¨¢nder Villa Rico. Su funci¨®n era ¡°asegurar, bloquear y observar movimientos en el caser¨ªo de presuntos integrantes del grupo armado¡±.

Otro equipo, dirigido por el cabo primero Wilmer Leonardo Rodr¨ªguez Arango e integrado por los soldados Wilmer Mosquera Poscu¨¦, Jhon F¨¦lix Badel Correa, Santander Licona Ramos y Jos¨¦ Efra¨ªn Lectamo Yalanda ten¨ªan como funci¨®n ¡°emboscar el lado suroccidente del caser¨ªo y avisar de eventos significativos¡±. El ¨²ltimo equipo lo comandaba el capit¨¢n Jorge Erney Marroqu¨ªn Cadena y participaron tambi¨¦n el sargento segundo Gabriel P¨¦rez Morales, quienes junto a los soldados Edinson Javier Esteban Aguiar y Danilo Quintero Urrea ten¨ªan como misi¨®n ¡°asegurar y bloquear la zona, manteniendo el mando y control de los dispositivos¡±. Este grupo, adem¨¢s, era el que ten¨ªa comunicaci¨®n directa con el comandante del Batall¨®n contra el Narcotr¨¢fico No. 3.

La Fiscal¨ªa asegur¨® que el mando y control del operativo la tuvieron el teniente coronel N¨¦stor Andr¨¦s Cadena Bautista y el capit¨¢n Jorge Erney Marroqu¨ªn Cadena. Despu¨¦s de casi 19 horas de diligencia judicial, la jueza aval¨® la imputaci¨®n de cargos del ente investigador por los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio. Ninguno de los militares acept¨® los cargos y varios de ellos afirmaron que no entendieron la imputaci¨®n¡±. Lo que queda definir, por ahora, es la medida de aseguramiento que deber¨¢n cumplir mientras avanza el proceso de juicio.

Un juicio que ha tomado m¨¢s de lo esperado

En la audiencia del mi¨¦rcoles 17 de julio, el abogado del teniente coronel N¨¦stor Andr¨¦s Cadena Bautista, comandante del batall¨®n que ejecut¨® el operativo en el que murieron civiles, present¨® una excusa m¨¦dica y una orden de cirug¨ªa de rodilla que, seg¨²n ¨¦l, le realizaron apenas horas antes de la audiencia. Fue la tercera solicitud de aplazamiento que radican.

Un d¨ªa antes, el 16 de julio, Cadena Bautista, -el militar de m¨¢s alto rango que est¨¢ siendo investigado por este caso-, ya hab¨ªa presentado excusas m¨¦dicas alegando problemas de rodilla diagnosticados en 2014. Tambi¨¦n aleg¨® problemas de salud mental que, seg¨²n ¨¦l, le imped¨ªan rendir cuentas ante la justicia. En la misma diligencia, afirm¨® que su abogado, Pedro P¨¢ez Piraz¨¢n, ¡°no representaba sus intereses¡±. Con esta ¨²ltima afirmaci¨®n busc¨® que se aplazara la audiencia, una vez m¨¢s, mientras consegu¨ªa un defensor de su confianza. La jueza neg¨® sus solicitudes y pidi¨® a la Fiscal¨ªa que comenzara con la imputaci¨®n.

Esta era la tercera citaci¨®n que hac¨ªa el Juzgado Penal Municipal de Puerto Legu¨ªzamo. La segunda estaba fechada para el 25 de junio pasado, pero el mismo abogado Pedro P¨¢ez Piraz¨¢n, quien representa al coronel Cadena, pidi¨® aplazamiento porque para ese d¨ªa ya ten¨ªa programada otra diligencia. Antes de eso, la fecha original era el 1? de agosto de 2023, pero tampoco se llev¨® a cabo porque los mismos militares solicitaron que su caso saliera de la justicia ordinaria y fuera investigado por la Justicia Penal Militar. El caso lleg¨® hasta la Corte Constitucional, quien decidi¨® el pasado 10 de abril que el expediente seguir¨ªa en la Fiscal¨ªa.

Ante las m¨²ltiples solicitudes de aplazamientos, la misma jueza aleg¨® que, desde que la Fiscal¨ªa radic¨® la solicitud de imputaci¨®n y medida de aseguramiento, se han dado ¡°varias circunstancias que el despacho hoy considera como algo dilatorio al desarrollo normal de esta clase de audiencias¡±.

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