El jefe del Ej¨¦rcito de Colombia justifica la muerte de una mujer embarazada y un menor en la masacre en Putumayo

¡°No es la primera operaci¨®n donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes¡±. Las palabras del jefe del Ej¨¦rcito de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, sobre el operativo que termin¨® en masacre en Putumayo entregadas a un medio local prometen caldear a¨²n m¨¢s el ambiente pol¨ªtico en el pa¨ªs. Despu¨¦s de la pregunta del periodista de RCN Televisi¨®n que le se?ala la falta de precisi¨®n de la incursi¨®n militar que dej¨® civiles muertos y, al recordarle que no se trata de blancos leg¨ªtimos, Zapateiro mira a la c¨¢mara pronuncia la frase e insiste en que eran combatientes.

La legitimidad del operativo militar, que dej¨® 11 muertos en la comunidad El Alto Remanso y la desconfianza en las fuerzas militares durante el Gobierno de Iv¨¢n Duque han vuelto a estar en el centro de la pol¨¦mica. Una mujer embarazada, un menor de 16 a?os y un gobernador ind¨ªgena est¨¢n entre los fallecidos. Distintos sectores pol¨ªticos exigen estos d¨ªas la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano, que tendr¨¢ que comparecer ante el Congreso de la Rep¨²blica para dar explicaciones por el operativo.

Los congresistas solicitaron un debate de moci¨®n de censura sobre Molano ante las numerosas dudas que ha generado un operativo que Duque present¨® ante la opini¨®n p¨²blica como un ¨¦xito contra las disidencias de las FARC. Existen evidencias de manipulaci¨®n de los cad¨¢veres por parte del Ej¨¦rcito, a cuyas fotos ha tenido acceso este diario; se ha podido confirmar que al menos cuatro de los muertos eran civiles; se sabe que el operativo se llev¨® a cabo en un bazar comunitario y hay denuncias de robo de dinero a la poblaci¨®n por parte de los militares. El debate se celebrar¨¢ en dos semanas.

Esta nueva tormenta pol¨ªtica le llega a Iv¨¢n Duque mientras se encuentra en Nueva York para hablar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sus acciones para implementar el acuerdo de paz con la guerrilla firmado en 2016. Un proceso al que se opuso en su campa?a a la presidencia y cuya pol¨ªtica ha sido objeto de cr¨ªticas por el incesante asesinato de excombatientes y el deterioro de la seguridad en el pa¨ªs. Sin embargo y a pesar del esc¨¢ndalo de Putumayo, que ya lleva dos semanas, el presidente volvi¨® a hacer una defensa f¨¦rrea del operativo.

¡°Es importante tener claro que esa operaci¨®n ten¨ªa planificaci¨®n, ten¨ªa informaci¨®n de inteligencia, ten¨ªa informaci¨®n precisa sobre la presencia de cabecillas, miembros de c¨¦lulas terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Entonces se procedi¨® con una informaci¨®n clara. Hubo un intercambio de disparos, hay miembros heridos de la fuerza p¨²blica y se ha obrado con todos los protocolos¡±, asegur¨® Duque. El operativo buscaba capturar a Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, de los Comandos de la Frontera, un grupo de las disidencias de las FARC, pero no alcanz¨® el objetivo.

La incursi¨®n militar se produjo la ma?ana del 28 de marzo en la vereda El Alto Remanso, del municipio de Puerto Legu¨ªzamo, una zona inh¨®spita, apenas separada de Ecuador por un r¨ªo. Ese mismo d¨ªa, Duque celebr¨® el hecho y dijo que hab¨ªan ¡°neutralizado a 11 integrantes de disidencias de las FARC¡± y capturado ¡°a cuatro criminales¡±. Sin embargo, varias organizaciones sociales han confirmado que entre los muertos hab¨ªa civiles y la Fiscal¨ªa desminti¨® al Gobierno en relaci¨®n con la informaci¨®n de los capturados. El organismo investigador indic¨® que nunca recibi¨® actas que soportaran ning¨²n procedimiento de captura. Esas cuatro personas, que hab¨ªan resultado heridas, fueron atendidas en cl¨ªnicas de Putumayo, recibieron el alta m¨¦dica y est¨¢n libres. Ni Duque ni Molano han rectificado esa informaci¨®n.

En su mensaje, el presidente tampoco admite que alguno de los muertos fuera civil, como insiste la comunidad. Entre los muertos est¨¢ el gobernador ind¨ªgena del pueblo Kichwa, Pablo Panduro; Divier Hern¨¢ndez y Ana Mar¨ªa Sarrias, con dos meses de embarazo, presidente de la Junta de Acci¨®n Comunal y su esposa; y Brayan Santiago Pama, un menor de 16 a?os. ¡°Esta fue una operaci¨®n enmarcada en los derechos humanos, en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y una operaci¨®n planeada y estaba acompa?ada por una inteligencia dominante¡±, agreg¨® el comandante del Ej¨¦rcito.

Despu¨¦s de las informaciones de varios medios de comunicaci¨®n este fin de semana que mostraron las inconsistencias del operativo, el Ej¨¦rcito ha filtrado informaci¨®n a medios afines al Gobierno insistiendo en que se trataba de miembros del grupo armado. EL PA?S entrevist¨® a una decena de fuentes en Putumayo que afirman que al menos cuatro de los civiles eran conocidos por la comunidad y que en el bazar hab¨ªa al menos dos personas armadas. Tambi¨¦n denunciaron que los militares se presentaron vestidos de negro, se identificaron como guerrilla y que los retuvieron durante varias horas en la cancha del poblado impidi¨¦ndoles acceder a los cuerpos de sus parientes. En la zona hacen presencia dos grupos armados: los Comandos de la Frontera y el frente primero Carolina Ram¨ªrez, dos alas opuestas de disidencias de las FARC, que surgieron despu¨¦s del acuerdo de paz.

El esc¨¢ndalo ya atraviesa la campa?a a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta es el 29 de mayo. Todos los candidatos se pronunciaron acerca del operativo y uno de ellos, el conservador Enrique G¨®mez, sin posibilidades reales en la contienda, atac¨® el trabajo de un grupo de periodistas que denunci¨® la masacre. Gustavo Petro, primero en las encuestas, dijo que este hecho mancillaba el ¡°honor de la fuerza p¨²blica¡±. ¡°El ministro de Defensa me llam¨® embustero por criticar su crimen de guerra contra la poblaci¨®n de Putumayo¡±, asegur¨®. La opci¨®n del centro, Sergio Fajardo, exigi¨® esclarecimiento: ¡°Un Ej¨¦rcito no puede asesinar civiles, robar y manipular cuerpos. Un Gobierno no puede presentar una acci¨®n desproporcionada y vil como un operativo exitoso. Un pa¨ªs no es viable si no corregimos y recuperamos la confianza en las instituciones¡±.

Mientras, Ingrid Betancourt record¨® los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales a manos de soldados que han dejado al menos 6.402 civiles asesinados que en su d¨ªa fueron presentados como bajas en combate. ¡°No puede haber impunidad. El Gobierno tiene que hacer lo necesario para esclarecer. El Estado tiene que protegernos para recuperar la confianza y permitir la reconciliaci¨®n¡°, pidi¨®. El candidato de la derecha, Federico Guti¨¦rrez, tambi¨¦n pidi¨® ¡°investigar con urgencia¡± el caso, aunque destac¨® que las fuerzas armadas ¡°tienen y seguir¨¢n teniendo como norte el respeto riguroso a los derechos humanos¡±, algo que est¨¢, precisamente, en el centro del debate a Molano.

No es la primera vez que el ministro es llamado a dar explicaciones en el Congreso. Tampoco para el Gobierno de Iv¨¢n Duque. Sus tres ministros de Defensa han sido cuestionados por la legitimidad en operativos en los que han muerto menores de edad. El primero de ellos fue Guillermo Botero, quien dimiti¨® en la v¨ªspera de una moci¨®n de censura cuando se supo que no hab¨ªa informado de la muerte de ocho menores de edad durante un bombardeo en Guaviare. M¨¢s adelante, el propio Molano tuvo que presentarse ante el Senado para responder por la muerte de un menor en un operativo contra disidencias de las FARC. En ese momento dijo que la discusi¨®n no era de legitimidad sino de ¡°c¨®mo las disidencias de las FARC siguen reclutando a estos j¨®venes y los convierten en m¨¢quinas de guerra¡±.

Como el presidente y la c¨²pula del Ej¨¦rcito, Molano repite ahora el mantra de que la operaci¨®n fue leg¨ªtima. El Congreso, por su parte, exigir¨¢ que explique c¨®mo en una incursi¨®n planeada desde hace cinco meses con inteligencia caen civiles y no consiguen capturar al objetivo.

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