La masacre del Alto Remanso: un a?o de impunidad

A un a?o del operativo del Ej¨¦rcito que dej¨® 11 muertos, entre ellos varios civiles, en la vereda Alto Remanso de Putumayo, a¨²n no hay conclusiones ni justicia en el hecho que sacudi¨® al pa¨ªs. Eso reclaman desde la zona varios de los familiares de las v¨ªctimas que estaban reunidos en un bazar donde hab¨ªa tambi¨¦n miembros de un grupo de disidencias de las FARC. ¡°Lo ¨²nico que ha avanzado es que se termin¨® de construir la placa huella [base de concreto en una v¨ªa] por la que nos hab¨ªamos reunido en el bazar¡±, cont¨® Hover Pama, t¨ªo de Brayan Santiago Pama, el menor muerto en Alto Remanso. ¡°Hace un a?o repicaban los tel¨¦fonos y todos los medios quer¨ªan saber qu¨¦ pas¨®. Ahora estamos solos y no tuvimos ni un acompa?amiento psicol¨®gico¡±, dijo.

En febrero pasado, la Procuradur¨ªa vincul¨® a seis militares de alto rango en su investigaci¨®n por la masacre. De acuerdo con ¡°pruebas y testimonios recaudados en indagaci¨®n previa¡±, el ¨®rgano disciplinario se?al¨® que ¡°podr¨ªa verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares¡±. Una vez ocurri¨® el operativo, el entonces presidente, Iv¨¢n Duque, se?al¨® a todos los muertos como disidentes de la guerrilla de las FARC, pero r¨¢pidamente comenzaron a denunciarse inconsistencias sobre el operativo y la presencia de civiles.

Desde ese momento, el Ministerio P¨²blico tom¨® en sus manos la investigaci¨®n al Batall¨®n contra el Narcotr¨¢fico No. 3, que particip¨® en el operativo. Internamente ya remiti¨® la investigaci¨®n a la Sala Disciplinaria de Instrucci¨®n de la Procuradur¨ªa, entre cuyas competencias est¨¢ la de investigar a oficiales militares con rango de generales.

Sin embargo, ese proceso est¨¢ en la etapa inicial de indagaci¨®n preliminar, se queja Tito Augusto Gait¨¢n, de la Asociaci¨®n Minga y uno de los abogados de v¨ªctimas. ¡°Y la indagaci¨®n penal est¨¢ tambi¨¦n en fase preliminar. La Fiscal¨ªa aduce que sigue realizando esfuerzos probatorios para determinar si se indicia la comisi¨®n de un crimen. Tampoco permite la intervenci¨®n de las v¨ªctimas¡±, agrega. ?l representa a Pama y a una de las mujeres que result¨® herida. La Fiscal¨ªa le asegur¨® a EL PA?S que ¡°se espera que en los pr¨®ximos dos meses ya se tenga un esclarecimiento integral de lo ocurrido¡± y que ¡°la investigaci¨®n ha dado buenos resultados¡±.

Este martes, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos tambi¨¦n urgi¨® a la Fiscal¨ªa a que acelere la investigaci¨®n. ¡°A¨²n el Estado no toma decisiones de fondo sobre este grave caso¡±, dijo, e inst¨® a las ¡°entidades competentes a atender a la poblaci¨®n rural y ¨¦tnica afectada que sigue sufriendo los impactos del operativo¡±.

La acci¨®n militar se ejecut¨® en medio de una fiesta popular que estaba anunciada y en la que se sab¨ªa que habr¨ªa civiles. El Ej¨¦rcito pretend¨ªa capturar a un l¨ªder de las disidencias, pero no cumpli¨® su objetivo. En su lugar, dispar¨® en varias ocasiones a la caseta donde se mezclaban campesinos e integrantes del grupo armado. Entre los muertos estaba el gobernador ind¨ªgena del Cabildo Kicwa Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche; el presidente de la junta de acci¨®n comunal, Divier Hern¨¢ndez; y su esposa, Ana Mar¨ªa Sarrias, que estaba embarazada. La ONUDH record¨® que, adem¨¢s de las v¨ªctimas mortales, cinco personas resultaron heridas.

Una filtraci¨®n que obtuvo Guacamaya Leaks, a la que tuvo acceso EL PA?S gracias a la organizaci¨®n francesa Forbidden Stories, revel¨® el cruce de comunicaciones de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU cuando el operativo desencaden¨® en masacre. En uno de los documentos se observa una carta que la oeneg¨¦ Human Rights Watch envi¨® al ministro de Defensa de esa ¨¦poca, Diego Molano, as¨ª como la respuesta de John Henry Arango Alzate, entonces director del departamento de derechos humanos del Ministerio, a Jorge Le¨®n Gonz¨¢lez, jefe del Estado Mayor Conjunto Militar. En ella le ped¨ªa analizar la solicitud, pero argumentaba que las preguntas sobre el origen, la progresi¨®n y los resultados de la operaci¨®n infring¨ªan cuestiones de seguridad nacional y eran clasificados.

¡°Hemos investigado el caso de El Remanso durante el transcurso de este a?o. Existen evidencias s¨®lidas de que soldados del Ej¨¦rcito mataron a varios civiles y hubo varias irregularidades en el operativo militar y su posterior manejo. Esperamos que la Fiscal¨ªa avance pronto hacia una imputaci¨®n de cargos¡±, dijo Juan Pappier, investigador s¨¦nior para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch a EL PA?S.

En la misma filtraci¨®n se ven las denuncias p¨²blicas de la Organizaci¨®n Nacional de los Pueblos Ind¨ªgenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y una carta interna en la que Arango Alzate le dice a Le¨®n Gonz¨¢lez que considere revisar los hechos y presente tambi¨¦n la ¡°versi¨®n y posici¨®n institucional que en derecho corresponda¡±. Tambi¨¦n aparece la solicitud de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de reunirse con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Por todo el caso, este martes, la ONU urgi¨® al Estado a ¡°avanzar en la reforma a las doctrinas militar y policial, y a que se priorice la protecci¨®n de la poblaci¨®n civil en el dise?o y ejecuci¨®n de las operaciones militares y operativos policiales, de acuerdo con recomendaciones internacionales¡±.

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