La Corte Constitucional env¨ªa el proceso por la masacre del Alto Remanso a la justicia ordinaria

La Corte Constitucional puso fin a una disputa jur¨ªdica con grandes impactos humanitarios y pol¨ªticos. Este martes, dos a?os despu¨¦s de que el Ej¨¦rcito colombiano matara a 11 civiles en la operaci¨®n Mahlon, en la vereda del Alto Remanso (Putumayo), el alto tribunal aclar¨® que la investigaci¨®n por lo ocurrido la debe llevar la justicia ordinaria y no la penal militar, que ha pedido encargarse ella.

El 28 de marzo de 2022, el Ej¨¦rcito hizo un operativo en la zona del bajo Putumayo, muy cerca a la frontera con Ecuador. Buscaba a alias Bruno, miembro de un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC en una regi¨®n en la que hay m¨¢s de 22.000 hect¨¢reas de coca y fuertes choques por esa econom¨ªa ilegal. Las disputas son protagonizadas por grupos de disidencias afiliados a la llamada Segunda Marquetalia y por el frente Carolina Ram¨ªrez, parte del Estado Mayor Central (EMC), la otra gran confederaci¨®n de grupos disidentes.

El operativo culmin¨® en una masacre con v¨ªctimas civiles, entre los que hab¨ªa un menor de 16 a?os, una mujer embarazada y un gobernador ind¨ªgena. A ello continu¨® un gran esc¨¢ndalo pol¨ªtico que sacudi¨® las postrimer¨ªas del Gobierno del derechista Iv¨¢n Duque. El entonces presidente y su ministro de Defensa, Diego Molano, han defendido a los militares. En ese entonces, Molano difundi¨® un video en el que afirmaba que hicieron la operaci¨®n porque un francotirador ten¨ªa ubicado a Bruno, pero varios miembros de la comunidad han aclarado que el cabecilla no se encontraba el d¨ªa de masacre y que el video era de d¨ªas antes. Duque, por su parte, dijo en X que en la operaci¨®n se ¡°neutralizaron 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales m¨¢s¡±. Los hechos llevaron a un debate de control pol¨ªtico que marc¨® el cierre l¨¢nguido de ese Gobierno.

La discusi¨®n jur¨ªdica

La matanza se ha mantenido desde entonces en la impunidad, pues la puja por quien debe hacer la investigaci¨®n ha congelado los avances. La justicia penal militar, vinculada a las Fuerzas Armadas y encargada de los delitos cometidos al realizar actividades propias de la funci¨®n castrense, la ped¨ªa para s¨ª. La justicia ordinaria, que investiga hechos cometidos por militares cuando sobrepasan sus funciones, tambi¨¦n.

El caso comenz¨® en la justicia ordinaria, con un fiscal adelantando el caso ante el juzgado local, el Promiscuo Municipal de Puerto Legu¨ªzamo. Pero el 21 de junio de 2023 los defensores de los 25 militares investigados solicitaron a la Fiscal¨ªa y al Juzgado trasladar el expediente al Juzgado 106 de Instrucci¨®n Penal Militar, del mismo municipio, donde hay una base militar. Recordaron que este ¨²ltimo juzgado penal militar estaba llevando a cabo una investigaci¨®n sobre los mismos acontecimientos. El Juzgado Promiscuo se neg¨®, pues encontraba que los hechos encajaban en delitos tipificados como violaciones a los derechos humanos, cr¨ªmenes de lesa humanidad y graves infracciones contra la funci¨®n militar.

El expediente lleg¨® a la Corte Constitucional, pues es el tribunal que resuelve esos choques, llamados conflictos de competencia. Entre los documentos que examin¨® se encuentra un informe que radic¨® en septiembre de 2023 Juanita Goebertus, directora de la Divisi¨®n de las Am¨¦ricas de Human Rights Watch, que recuerda que se trata del delito de homicidio de persona protegida. ¡°La jurisdicci¨®n penal militar no proporciona la independencia necesaria para investigar y enjuiciar adecuadamente las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas¡±, afirm¨® la oeneg¨¦.

Efectivamente, la Corte Constitucional encontr¨® que hay una ¡°duda razonable¡± sobre las circunstancias en las que ocurrieron las 11 muertes, as¨ª como las lesiones a otras cuatro personas. ¡°No hay claridad si los fallecimientos y lesiones personales ocurrieron en un contexto v¨¢lido del ejercicio de la fuerza por parte del Ej¨¦rcito Nacional o si, por el contrario, estamos en presencia de conductas punibles constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos¡±, explic¨®. El tribunal concluy¨® que, ante la falta de pruebas de que las 11 personas fueran combatientes, la investigaci¨®n se debe mantener en la justicia ordinaria.

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