Carolina Isaza, investigadora de la corrupci¨®n: ¡°Los hechos del caso contra la campa?a de Petro son similares a los de Gobiernos anteriores¡±

Carolina Isaza, en sus 12 a?os de trabajo en la Universidad Externado de Bogot¨¢, lleg¨® a coordinar el estudio acad¨¦mico m¨¢s completo a d¨ªa de hoy sobre la corrupci¨®n en Colombia. Si esc¨¢ndalos como el proceso 8.000, a mediados de los noventa, el caso de Agroingreso Seguro (2009), o la quiebra de Electricaribe (2017) hab¨ªan producido tanta indignaci¨®n en el pa¨ªs, era hora de reconducir los estudios y tratar de llegar al epicentro del asunto. Luego de dos a?os de trabajo se publicaron los cuatro tomos de Corrupci¨®n en Colombia (2018) y desde entonces, como se sabe, las tramas se siguen reproduciendo. No importa el Gobierno de turno: los cap¨ªtulos de Centros Poblados, en 2021, y de la UNGRD, este a?o, dan buena cuenta de ello.

El m¨¢s reciente esc¨¢ndalo se centra en la investigaci¨®n contra el presidente Petro y su coalici¨®n de izquierdas por la posible financiaci¨®n irregular y violaci¨®n de los topes de campa?a durante las presidenciales de 2022. Isaza (Bogot¨¢, 45 a?os), doctora en Gobierno y Administraci¨®n P¨²blica, no detecta novedad alguna en las piezas de este nuevo rompecabezas. Asegura que es un proceso que se repite y que, salvo la discusi¨®n jur¨ªdica sobre las competencias del Consejo Nacional Electoral, el fondo no var¨ªa frente a lo que ha sucedido en otros Gobiernos.

Con timidez admite, en una ma?ana lluviosa en un caf¨¦ de Bogot¨¢, que no acaba de acostumbrarse a las entrevistas. Tras haber dejado las aulas del Externado, confiesa que tambi¨¦n ha decidido abandonar sus investigaciones sobre la corrupci¨®n porque se siente decepcionada frente a un fen¨®meno sin freno: ¡°El problema, en el fondo, tiene que ver con una l¨®gica econ¨®mica muy fuerte. La transacci¨®n que se establece entre dos partes en general incluye a un actor privado. Sin embargo, la justicia ha puesto el foco sobre la administraci¨®n p¨²blica casi siempre¡±.

Ese es su primer diagn¨®stico para entender la corrupci¨®n electoral. ¡°Los donantes aportan dinero con la expectativa de recibir algo a cambio. All¨ª no hay ideolog¨ªa que valga. Y en Colombia algunos de los grandes grupos empresariales aportan recursos a todos los candidatos por igual para asegurarse de que el que gane los tenga en cuenta, o favorezca sus intereses cuando llegue al poder¡±.

Pregunta: El esc¨¢ndalo de la campa?a de Petro potencia la percepci¨®n de que Colombia es un pa¨ªs muy corrupto: ?qu¨¦ dicen los indicadores internacionales?

Respuesta: Los medios juegan un papel fundamental. Todos los a?os seguimos el mismo patr¨®n: la prensa destapa una trama, la indignaci¨®n se generaliza, la justicia abre sus investigaciones y luego todo se olvida y la gente pasa a otra cosa. Pero las valoraciones del ?ndice de Percepci¨®n de Transparencia Internacional sobre Colombia no han variado desde hace dos d¨¦cadas, cuando se empez¨® a medir [en el m¨¢s reciente ocupa el puesto 87 entre 180 pa¨ªses]. Fluctuamos entre los 35 y los 40 puntos sobre 100, sin cambios significativos. Si nos comparamos con los vecinos de la regi¨®n, tampoco somos los peores. Mucho m¨¢s que pensar en que los colombianos somos un pa¨ªs corrupto por naturaleza, prefiero analizar los incentivos del sistema pol¨ªtico y econ¨®mico para que las personas tomen la decisi¨®n de cometer actos corruptos.

P. ?El impulso del poder econ¨®mico ha desdibujado el proceso electoral?

R. Es el origen de la corrupci¨®n pol¨ªtica. Financiar una campa?a es muy costoso. Muchos pol¨ªticos en Colombia, y en otros pa¨ªses, buscan apoyos y alianzas que, en principio, van en contra del esp¨ªritu de la democracia, del bien com¨²n. Adem¨¢s, las normas que regulan las campa?as tienen muchas falencias y, a pesar de que establecen unos topes, los mecanismos para fiscalizar las cuentas no son efectivos ni del todo transparentes.

P. Esos pactos preelectorales se refrendan con favores legislativos que se materializan en obras y contratos, por ejemplo¡­

R. Esto se ve muy claro en las alianzas regionales para ir al Congreso. Sobre todo en la C¨¢mara de Representantes, donde los parlamentarios representan a sus departamentos, por los que se eligen. La presi¨®n sobre estos congresistas es enorme porque deben procurar recursos para sus territorios pero tambi¨¦n, que es cuando suelen caer en casos de corrupci¨®n, favorecer los intereses de individuos que los apoyaron en sus campa?as. Esa expectativa de retorno es la que pervierte el proceso democr¨¢tico. Esto fue denominado ¡®mermelada¡¯ en el Gobierno de Juan Manuel Santos, o cupos indicativos antes. Es algo que se ha hecho en todos los Gobiernos.

P. ?D¨®nde encuadra la investigaci¨®n contra el representante David Racero por supuestas irregularidades en la gesti¨®n de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)?

R. Es otro caso t¨ªpico. Se utilizan los cupos de las UTL, que deber¨ªan ser parte de la estructura administrativa, para pagar favores a actores a los que se les debe por el apoyo electoral. Ese favor puede ser un cargo en la UTL y un salario. El congresista tambi¨¦n puede sacar una parte del valor nominal del salario de sus asistentes y qued¨¢rselo para s¨ª mismo.

P. Entonces el clientelismo es el rasgo distintivo de nuestro sistema pol¨ªtico¡­

R. Sin duda. Se trata de un fen¨®meno que dentro de la teor¨ªa pol¨ªtica es diferente de la corrupci¨®n, pero est¨¢n muy relacionados. Hay polit¨®logos que lo han tratado de normalizar o de justificar como un fen¨®meno indispensable para hacer pol¨ªtica. Yo no estoy de acuerdo. El clientelismo es el abuso de un pol¨ªtico que favorece primero a los que votaron por ¨¦l, apoy¨¢ndose en un patrimonio que forma parte del bien com¨²n. En los pa¨ªses latinos del sur de Europa es un rasgo com¨²n y estamos convencidos de que culturalmente no hay otra forma de hacer pol¨ªtica. Sin embargo, hay pa¨ªses que han mostrado que s¨ª lo es.

P. ?Qu¨¦ papel juegan los partidos?

R. En Colombia se habla de los partidos, sin ning¨²n problema, como ¡°empresas electorales¡±. Eso no deber¨ªa ocurrir. Al igual que en el caso de algunas campa?as, la forma como los partidos consiguen sus recursos est¨¢ conectada con toda esta distorsi¨®n. El pa¨ªs debe reflexionar m¨¢s sobre la captura del sistema pol¨ªtico por parte de algunas empresas. Yo no quiero eximir de la culpa individual a los pol¨ªticos, pero hoy algunos servidores p¨²blicos est¨¢n para responder al patr¨®n que les hizo palanca para llegar al cargo, incluso si eso significa romper la ley. Y a nivel de gobernaciones y alcald¨ªas la situaci¨®n es peor.

P. ?Podr¨ªa profundizar sobre ese papel de los actores privados?

R. Los grandes donantes, los financiadores de las campa?as electorales, pueden pedir a los actores pol¨ªticos cosas a virtud de esas donaciones que han hecho. Hay un potencial de corrupci¨®n, lo cual no equivale a una acusaci¨®n. En algunos casos se ha usado, pidiendo que se pasen ciertas leyes, que se favorezcan sus intereses econ¨®micos o que se les asignen grandes contratos. Esos actores pueden ser multinacionales, como Odebrecht, o empresas y gremios. Pero esto es m¨¢s te¨®rico que emp¨ªrico y no estoy acusando ni generalizando.

P. ?La participaci¨®n de actores ilegales en la esfera legislativa es una singularidad colombiana?

R. Supongo que en M¨¦xico hoy sucede lo mismo. La realidad se hace compleja porque, adem¨¢s del poder del dinero privado, se suma el del narcotr¨¢fico, y tambi¨¦n el soborno violento, la extorsi¨®n. O me ayudas a aprobar o tumbar una ley, o pones en riesgo tu vida y la de tu familia. El ejemplo m¨¢s aterrador fue el de los paramilitares, que durante a?os hicieron elegir a candidatos suyos bajo la presi¨®n de las armas.

P. El caso del exfiscal anticorrupci¨®n Luis Gustavo Moreno muestra que el l¨ªo tambi¨¦n se extiende a la justicia¡­

R. Ese tema se ha estudiado muy poco, pero es un ejemplo claro. Si del fiscal de turno est¨¢ salpicado, nunca vas a lograr que se juzgue de manera imparcial a una persona que ha sido corrupta. Yo percibo un pacto de silencio en torno a la corrupci¨®n judicial, a una rama aquejada por tasas de impunidad altas.

P. Es decir: a pocos les interesa subsanar los puntos ciegos de la arquitectura institucional y el m¨²sculo de los privados e ilegales, que han aprovechado esta avenida para lucrarse o hacer prevalecer sus intereses.

R. Exacto. Por ejemplo, varios a?os despu¨¦s, todav¨ªa hay personas investigadas por Odebrecht sin un fallo judicial. ?Qui¨¦n es el verdadero culpable? La empresa brasile?a gener¨® actos de corrupci¨®n en cinco pa¨ªses distintos, con Gobierno diferentes, en todos los niveles de la administraci¨®n p¨²blica. En otros pa¨ªses ha habido condenas por sobornos con cifras exorbitantes y ha quedado claro que el privado corrompi¨® a las autoridades. Yo presiento que la rama judicial podr¨ªa ser mucho m¨¢s proactiva en atacar la corrupci¨®n privada.

P. ?Cu¨¢l ser¨ªa un cambio real para mejorar la situaci¨®n?

R. Yo he abogado por una reforma del servicio civil. En Colombia, al menos el 50% de los funcionarios p¨²blicos no tienen un contrato laboral formal. En contra de lo que dice la Constituci¨®n, entran sin pasar un concurso ni hacer una carrera; trabajan bajo la figura de prestaci¨®n de servicios, sin seguridad social. ?Qu¨¦ quiere decir esto? Que el clientelismo est¨¢ servido en la mesa porque puedes favorecer a cualquier persona para entrar en una entidad p¨²blica. Es un abuso. El Departamento Administrativo de la Funci¨®n P¨²blica ha hecho un esfuerzo por cambiar la situaci¨®n, pero ha sido casi imposible, de nuevo, porque es una cuesti¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica. Cuando Petro lleg¨® a la presidencia lo primero que dijo fue ¡°voy a acabar con los contratos de prestaci¨®n de servicios¡±¡¯. Todas las entidades se rebelaron y la cosa qued¨® ah¨ª. Lo ideal habr¨ªa sido un desmonte gradual, en cuatro a?os. Con esa medida sola se le habr¨ªa cerrado una puerta gigante al clientelismo y la corrupci¨®n.

P. ?Y una ley de registro efectivo para controlar el lobby parlamentario?

R. Es una propuesta que se ha hecho y que ha avanzado, porque hasta hace muy poco no exist¨ªa ninguna regulaci¨®n para transparentar las relaciones entre pol¨ªticos y empresas privadas. Todo ocurr¨ªa debajo de la mesa. A¨²n encuentran la forma de recibir esas invitaciones a conciertos, partidos o viajes, por eso los congresistas no van a aprobar una iniciativa que no les interesa. El lobby, en principio, es leg¨ªtimo. El sector financiero, por ejemplo, tiene derecho a defender sus intereses. Pero todo ese tipo de prebendas que utilizan para influir sobre la esfera p¨²blica deber¨ªan estar sujetas a mayor transparencia y control.

P. ?Cu¨¢nta plata se pierde al a?o en Colombia por el sif¨®n de la corrupci¨®n?

R. Todo lo que se sabe son especulaciones. Hay un c¨¢lculo interesante que usa como par¨¢metro el 10% que se cobra en promedio como mordida para adjudicar una licitaci¨®n p¨²blica. Entonces dicen que es el 10% del total del presupuesto nacional [en 2024 fue de 502 billones de pesos]. Pero se trata de supuestos y por la naturaleza clandestina del fen¨®meno uno podr¨ªa concluir que es solo la punta del iceberg.