Reduciendo el riesgo del crimen organizado
Las acciones de las autoridades pueden ser contraproducentes, como cuando la incautaci¨®n de drogas hace que aumente su precio. El enfoque debe ser m¨¢s de ¡°reducci¨®n de da?os¡± que de reformas grandilocuentes
Colombia sigue enfrentando grandes retos relacionados con el crimen organizado. Como mencion¨¦ en mi ¨²ltima columna para EL PA?S, el miedo parece ser generalizado y el Estado ha perdido control territorial frente a varios grupos armados.
A medida que buscamos mejorar la seguridad, surge una pregunta clave: ?Cu¨¢l es el objetivo de las pol¨ªticas contra el crimen organizado? ?Reducir la violencia, desmantelar redes de reclutamiento, limitar las rentas de los grupos armados o fortalecer el sistema judicial? Estos objetivos pueden entrar en conflicto entre s¨ª. Veamos algunos ejemplos.
Algunas estrategias comunican a los grupos criminales qu¨¦ conductas ilegales tolerar¨¢ el Gobierno y cu¨¢les cruzan l¨ªneas rojas, activando la represi¨®n estatal. Esta estrategia, llamada ¡®represi¨®n condicional¡¯, busca limitar la violencia, pero tiene riesgos. La aplicaci¨®n selectiva de la ley puede ser utilizada por polic¨ªas y pol¨ªticos oportunistas, y lo que a corto plazo parece un ¨¦xito, a largo plazo puede erosionar la lucha contra el crimen organizado.
Tomemos otro ejemplo. Cuando el Estado busca reducir las rentas criminales ¡ªpor ejemplo, aumentando la incautaci¨®n de drogas¡ª al limitar la oferta, aumentamos el valor en la calle de estas sustancias y, por ende, el valor del control territorial sobre estos mercados. Esto puede intensificar la violencia. Lo mismo ocurre cuando se mata o captura l¨ªderes de grupos criminales, lo que fomenta luchas internas e intergrupales.
Estos son solo algunos ejemplos de c¨®mo nuestros objetivos pueden ser confusos y de c¨®mo nuestras acciones pueden resultar contraproducentes. Y cuando se a?aden las consideraciones pol¨ªticas, reconociendo que tomar decisiones dif¨ªciles sobre seguridad y crimen organizado puede poner en riesgo el ¨¦xito electoral en las democracias, el panorama se vuelve a¨²n m¨¢s desalentador.
Por eso, lo primero que propongo es replantear el objetivo de combatir el crimen organizado: deber¨ªamos buscar algo similar a la ¡°reducci¨®n de da?os¡±, un enfoque com¨²n en la literatura de salud p¨²blica. En lugar de tratar de eliminar el fen¨®meno en la regi¨®n¡ªalgo poco realista dado que existe una demanda inel¨¢stica por las drogas y otros servicios que ofrece el crimen organizado¡ªdeber¨ªamos centrarnos en reducir las externalidades negativas que genera.
?Cu¨¢les son estas externalidades? Algunas son visibles y obvias ¡ªcomo la violencia y la corrupci¨®n¡ª mientras que otras son m¨¢s invisibles, como la p¨¦rdida de ingresos fiscales de mercados que el Estado no regula, o la creaci¨®n de una demanda p¨²blica por l¨ªderes populistas autoritarios a causa de los altos niveles de crimen que genera el crimen organizado. Deber¨ªamos pensar en esto como un ¡°problema de optimizaci¨®n¡± con m¨²ltiples criterios, con trade-offs inherentes entre los diferentes objetivos. Lograr el equilibrio adecuado es, por supuesto, sumamente dif¨ªcil.
Mi propuesta es que, al pensar en pol¨ªticas espec¨ªficas, deber¨ªamos enfatizar peque?os cambios en lugar de reformas grandilocuentes, que igual puedan generar efectos relativamente grandes. Estos cambios tambi¨¦n deben ser ¡°incentivo-compatibles¡± para los pol¨ªticos: deben ser pol¨ªticas que puedan ayudar, y no perjudicar, a los pol¨ªticos en sus campa?as electorales.
Entonces, hablemos de detalles. Primero, reducir¨ªa las rentas del crimen organizado, minimizando la violencia asociada. En zonas de cultivos il¨ªcitos, esto podr¨ªa significar invertir en alternativas legales como microcr¨¦ditos, formalizaci¨®n y acceso a mercados para cultivos legales. Los gobiernos e internacionales podr¨ªan asegurar la compra de productos legales para fortalecer estos mercados. En ¨¢reas urbanas, regular de manera m¨¢s inteligente mercados informales de alta demanda¡ªcomo juegos de azar, licor, transporte informal o microcr¨¦ditos¡ªpodr¨ªa tener efectos similares.
Luego, deber¨ªamos reducir el reclutamiento de j¨®venes en grupos criminales organizados. Sabemos que, cuando los j¨®venes comienzan a acumular capital criminal a una edad temprana, es mucho m¨¢s probable que terminen encarcelados y permanezcan dentro de redes criminales. Los programas para abordar esto pueden incluir desde proyectos de empleo para j¨®venes en riesgo hasta la presencia de polic¨ªas a las afueras de las escuelas para prevenir el reclutamiento de ni?os.
Adem¨¢s, debemos hacer que nuestro sistema judicial sea m¨¢s eficiente. Como lo argument¨® Mark Kleiman, las sanciones para disuadir el crimen deben ser r¨¢pidas. Esto podr¨ªa significar reducir la acumulaci¨®n de casos judiciales a trav¨¦s de la creaci¨®n de cortes especializados para manejar r¨¢pidamente delitos menores, lo que ayudar¨ªa a reducir la impunidad, generar confianza p¨²blica en el sistema judicial, y permitir que los cortes se concentren en cr¨ªmenes de alto impacto.
Por ¨²ltimo, no puedo dejar de mencionar una reforma ¡°grande¡±: la regulaci¨®n de la marihuana para uso recreativo. Una gran proporci¨®n de las rentas del crimen organizado proviene de la venta de marihuana. Los problemas de salud p¨²blica asociados a su consumo son m¨ªnimos en comparaci¨®n con los del alcohol y el tabaco, dos sustancias ya reguladas. Y los costos de hacer cumplir la prohibici¨®n de la marihuana son absurdamente altos, tanto en t¨¦rminos de atenci¨®n y recursos policiales como de las relaciones negativas entre la polic¨ªa y los j¨®venes. Si se elige un marco regulatorio razonable, y el precio en el mercado legal es competitivo con ¨¦l del mercado ilegal, la regulaci¨®n de la marihuana tiene el potencial de eliminar grandes sumas de dinero de las cuentas del crimen organizado.
En resumen, para combatir eficazmente el crimen organizado debemos centrarnos en disminuir las externalidades m¨¢s perjudiciales que produce. Podemos lograr esto de la mejor manera al implementar reformas peque?as y compatibles con incentivos que apunten a las rentas criminales, limiten el reclutamiento (especialmente de j¨®venes), mejoren la capacidad de respuesta de las instituciones de justicia, entre otros. Probablemente debamos evitar reformas demasiado ambiciosas que puedan polarizar a¨²n m¨¢s a los ciudadanos y que tengan una baja probabilidad de ser implementadas. Aplicar soluciones pol¨ªticamente viables que, con el tiempo, puedan limitar algunas de las tendencias m¨¢s destructivas asociadas con el crimen organizado tiene la ventaja adicional de demostrar c¨®mo avanzar en la lucha contra el delito sin recurrir a los horrores del llamado ¡°modelo Bukele¡±. Es el mejor camino para seguir si nos importan tanto las libertades civiles como la reducci¨®n del crimen.
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