Sanitas contraataca con una solicitud de arbitraje internacional contra Colombia por 1.200 millones de d¨®lares
Las sociedades espa?olas propietarias de la aseguradora piden una compensaci¨®n millonaria ante un tribunal en Washington por ¡°expropiaci¨®n indirecta¡±
El caso de la intervenida EPS Sanitas ha desembocado en un millonario pleito internacional. Dos sociedades espa?olas, accionistas mayoritarias de la aseguradora colombiana, dieron a conocer este martes una solicitud de arbitraje contra el Estado colombiano. El motivo son las posibles afectaciones causadas tras la toma p¨²blica de la entidad promotora de salud, en abril de 2024. Se trata de un conflicto que llega a un tribunal en Washington precedido de tintes pol¨ªticos. El objetivo de la reclamaci¨®n, registrada el 21 de enero por el Centro de arreglo de diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, busca una indemnizaci¨®n de 1.200 millones de d¨®lares (alrededor de 5,2 billones de pesos colombianos).
Los ¨²ltimos a?os, en la EPS que suma casi seis millones de afiliados, han estado marcados por m¨²ltiples batallas. La Superintendencia de Salud, el ¨®rgano oficial de regulaci¨®n y vigilancia que orden¨® su intervenci¨®n, mult¨® en enero del a?o pasado a la empresa con 350 millones de pesos por incurrir en incumplimientos administrativos durante la crisis sanitaria. Y el Senador del gobiernista Pacto Hist¨®rico Wilson Arias denunci¨®, en noviembre de 2023, falencias tan graves como la falta de detecci¨®n en el 50% de los casos de c¨¢ncer de mama, o del 58% en los de hipertensi¨®n arterial.
El argumento central de Centauro Capital y Natanor XXI, las dos sociedades del grupo multinacional vasco Keralty, en su solicitud legal, consiste en que la intervenci¨®n estatal colombiana configura una ¡°expropiaci¨®n indirecta¡± de sus inversiones. La demanda acusa al Gobierno de Gustavo Petro de haber violado el acuerdo de protecci¨®n rec¨ªproca de negocios, firmado por Colombia y Espa?a en 2005. Un l¨ªo que deriva de las estrategias legales empleadas por el Ejecutivo para avanzar con un nuevo esquema de gesti¨®n sanitaria que ha sido rechazado por el Congreso. Su propuesta, grosso modo, elimina el aseguramiento privado con promotoras como Sanitas, para encargar directamente el Estado de contratar con cl¨ªnicas, laboratorios o profesionales de salud.
En un sistema sanitario mixto, con empresas p¨²blicas y privadas, la discusi¨®n ha sido interpretada por los empresarios colombianos como una andanada dirigida a estatizar un servicio que soport¨® con decoro la pandemia. Fuentes allegadas a la EPS aseguran que la decisi¨®n de la Superintendencia de Salud los tom¨® por sorpresa. Sostienen que los indicadores de satisfacci¨®n, y las evaluaciones p¨²blicas de servicios, mostraban resultados que eran entre aceptables y satisfactorios. Por eso agotaron, sin suerte, las acciones legales y administrativas nacionales para revertir la intervenci¨®n p¨²blica. Ahora Sanitas contraataca a trav¨¦s de un tribunal internacional. ¡°El Estado colombiano ha incumplido reiteradamente m¨²ltiples compromisos con EPS Sanitas bajo el sistema de salud y el derecho internacional¡±, se lee en el comunicado de la aseguradora en referencia a los atrasos financieros del Estado para garantizar la operaci¨®n del sector.
De acuerdo con abogados cercanos al caso, los indicadores en tiempos de atenci¨®n o entrega de medicamentos no han hecho otra cosa que empeorar desde abril del a?o pasado, cuando el Gobierno asumi¨® su administraci¨®n. La acci¨®n legal de los due?os de Sanitas, seg¨²n el comunicado, planea capitalizar la entidad promotora de salud y recuperar la calidad: ¡°Los accionistas de grupo Keralty destinar¨ªamos el total de la indemnizaci¨®n obtenida en instancias internacionales a recomponer el grav¨ªsimo da?o causado por el Estado colombiano al sistema de salud mediante el fortalecimiento de EPS con dichos recursos¡±, se lee en la circular.
El grupo Keralty naci¨® con los primeros a?os de democracia en Espa?a en 1980. Su propietario es el millonario vasco Joseba Grajales. La firma es due?a en Colombia de las cl¨ªnicas Sebasti¨¢n de Belalc¨¢zar de Cali, Colombia y Reina Sof¨ªa de Bogot¨¢, y varios centros m¨¦dicos en Medell¨ªn, entre otros. Adem¨¢s, provee un seguro privado o prepagado, para ciudadanos m¨¢s pudientes.
Con su reclamaci¨®n se abre un nuevo cap¨ªtulo en medio de la incertidumbre por el futuro de una veintena de EPS cuya situaci¨®n general no se aclara. En m¨¢s de se teme la sombra de la liquidaci¨®n. Entre tanto, la multinacional espa?ola pondr¨¢ las cartas sobre la mesa ante un acreditado tribunal de diferencias comerciales. Para ello, estar¨¢ representada por la firma de abogados estadounidense Debevoise & Plimpton y la oficina bogotana Rinc¨®n Castro.