Preocupaci¨®n en Per¨² por una reforma legal que puede incentivar la deforestaci¨®n

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¡°El bosque es nuestro mercado, es nuestra farmacia, es todo¡±, afirma Teresita Antaz¨², una mujer de la etnia yanesha. Habla con gran preocupaci¨®n y menciona algunos agentes que, en los ¨²ltimos a?os, han impactado el bosque amaz¨®nico peruano: la tala ilegal, el cultivo de coca, la peque?a agricultura que tumba masa boscosa o la siembra masiva de palma aceitera. Eso que Antaz¨² ve tiene un reflejo en la estad¨ªsticas oficiales: seg¨²n el Proyecto de Monitoreo de la Amazon¨ªa Andina, en 2022, la deforestaci¨®n en el Per¨² alcanz¨® las 144.683 hect¨¢reas; y entre 2021 y 2020, se perdieron cerca de 2,4 millones de hect¨¢reas de superficies boscosas, seg¨²n datos del Ministerio del Ambiente (Minam).

Pero voces como la de esta dirigente de la Asociaci¨®n Inter¨¦tnica para el Desarrollo de la Amazon¨ªa Peruana (Aidesep) no parecen estar siendo escuchadas en Lima, como refleja la reforma de una ley que, seg¨²n advierten los ambientalistas, alentar¨¢ la deforestaci¨®n. El Congreso de la Rep¨²blica modific¨® en diciembre pasado la Ley Forestal 29763, vigente desde 2015, luego de cuatro a?os de consulta con varias organizaciones, incluyendo las ind¨ªgenas. La modificaci¨®n ya fue aprobada por el Legislativo, mientras el Ejecutivo de Dina Boluarte ha pedido al Ministerio de Justicia que la examine para determinar si est¨¢ de acuerdo con la Constituci¨®n o no. Pero, por el momento, no hay se?ales p¨²blicas de que lo haya hecho. Del Ejecutivo depende tambi¨¦n la creaci¨®n del reglamento que determina c¨®mo se aplicar¨ªa la reforma, algo que puede demorar meses.

Mientras tanto, grupos ecologistas, organizaciones ind¨ªgenas e internacionales levantan la voz de los posibles efectos nocivos de la norma para los pueblos originarios y la naturaleza. Una de las modificaciones de la ley le quita al Minam la facultad de decidir qu¨¦ bosques son de ¡°producci¨®n permanente¡±, en los que se pueden aprovechar los recursos forestales y de fauna silvestre. Esa potestad depende ahora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), una instituci¨®n a la que pertenece el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Para Jos¨¦ Luis Capella, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), lo m¨¢s preocupante es una disposici¨®n que considera que los predios privados con ¡®constancia de posesi¨®n¡¯, un t¨ªtulo que dan las autoridades regionales cuando alguien se asienta en un predio, son ahora ¡°¨¢reas de exclusi¨®n para fines agropecuarios¡±.

Esto implica que los posesionarios de esos predios ya no est¨¢n obligados a hacer el tr¨¢mite de Clasificaci¨®n de Uso de Tierras por su Capacidad de Uso de Mayor, un mecanismo por el cual se determina si un suelo es apto para fines agropecuarios o forestales. As¨ª, quienes ocuparon bosques sin zonificaci¨®n previa alguna ¡ªlos infractores¡ª pueden respirar tranquilos. De acuerdo con Capella, todo esto genera ¡°el mensaje de impunidad y borr¨®n y cuenta nueva¡±.

Silencios y protestas

Una fuente del Gobierno peruano que pidi¨® el anonimato parece darle la raz¨®n. Seg¨²n le dijo a Am¨¦rica Futura, en una reuni¨®n de la Comisi¨®n Multisectorial Permanente de Lucha Contra la Tala Ilegal, la fiscal ambiental, Flor de Mar¨ªa Vega, se opuso a la modificaci¨®n clamando: ¡°?Si la aprueban, se me van a caer muchos casos!¡±. No le hicieron caso.

El propio Serfor es contrario a la modificaci¨®n. El 20 de diciembre, el director de este organismo, Luis Alberto Gonzales, prepar¨® un pronunciamiento que alertaba sobre el ¡°grave riesgo al patrimonio forestal, la fauna silvestre y los servicios ecosist¨¦micos forestales¡±. El Midagri no autoriz¨® su publicaci¨®n y un silencio des¨¦rtico se impuso en todo el Poder Ejecutivo, seg¨²n un funcionario de este ministerio que pidi¨® no ser nombrado.

El 13 de febrero, la presidenta Dina Boluarte, quien no se ha pronunciado p¨²blicamente sobre el tema, cambi¨® a cuatro ministros, entre ellos a Albina Ruiz, la de Ambiente. Mientras estaba en el cargo, Ruiz advirti¨® en una reuni¨®n que la reforma ¡°constituye una amenaza al derecho del ser humano a gozar de un ambiente sano y equilibrado¡±. Sus palabras se perdieron en el bosque. En su reemplazo entr¨® Juan Carlos Castro, un funcionario estatal que est¨¢ de acuerdo con la nueva norma.

Los cambios a la Ley Forestal tambi¨¦n tienen sus partidarios. En comunicaci¨®n con Am¨¦rica Futura, el exministro del Midagri, Juan Manuel Benites, defendi¨® que el disparador de la pobreza es la deforestaci¨®n. ¡°Si no generamos incentivos para el peque?o agricultor, continuar¨¢¡±, declar¨®. Los grandes gremios empresariales tambi¨¦n est¨¢n en esa l¨ªnea.

Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigaci¨®n Ambiental (EIA, por sus siglas en ingl¨¦s), apunta, sin embargo, que en la nueva norma no se habla de incentivos a los productores, y que parte de la deforestaci¨®n que hubo entre 2001 y 2020 ocurri¨® cuando Benites era ministro (2014-2016).

El frente ind¨ªgena

Julio Cusurichi, otro dirigente de Aidesep, lamenta que haya colonos que ocupan sus territorios para hacer agricultura a los cuales r¨¢pidamente les dan un certificado de posesi¨®n, mientras que a los ind¨ªgenas, cuando solicitan la titulaci¨®n de sus tierras para evitar que esto siga ocurriendo, ¡°no les hacen caso¡±.

Cree que la nueva norma puede incentivar m¨¢s estas incursiones sin que haya consecuencias legales. Y denuncia que el Estado no ha hecho una consulta previa con los pueblos originarios, tal como se hizo antes de aprobar la ley original y como indica el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT), del que Per¨² es suscriptor. Habr¨¢ medidas de resistencia, anunci¨® Cusurichi.

El relator especial de la ONU, Francisco Cal¨ª Tzay, coincidi¨® recientemente en que la modificaci¨®n de la ley ¡°afectar¨¢ negativamente los territorios ancestrales de pueblos ind¨ªgenas en la Amazonia peruana¡±, especialmente a los pueblos en aislamiento voluntario. El funcionario record¨® que la aproximadamente un tercio de los pueblos originarios amaz¨®nicos del Per¨² no han recibido la titulaci¨®n de sus tierras, lo que les deja ¡°inseguros y vulnerables ante terceros¡±.

Mariano Castro, exviceministro de Gesti¨®n Ambiental, advierte asimismo que este cambio ¡°aumentar¨¢ la inseguridad jur¨ªdica de los derechos de los pueblos ind¨ªgenas sobre sus territorios, especialmente de los que han sido invadidos por actividades il¨ªcitas¡±. Desde 2013, han sido asesinados m¨¢s de 30 l¨ªderes ind¨ªgenas, de acuerdo con Aidesep.

La EIA consigna un caso ocurrido en Nueva Requena (departamento de Ucayali), donde advirti¨® que la empresa Plantaciones de Pucallpa ha deforestado 5.000 hect¨¢reas de territorios shipibos. La compa?¨ªa present¨® sus descargos, pero Michel Forst, relator de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, declar¨® que no era un caso aislado.

Sacudiendo el clima

¡°No se trata s¨®lo de la deforestaci¨®n, sino de la desconexi¨®n de la masa boscosa¡±, explica Ana Sabogal, investigadora de Geograf¨ªa y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Cat¨®lica del Per¨² (PUCP), echando luz sobre otro problema esperable. Habitualmente, se cree que la desgracia est¨¢ en perder un bosque entero, pero no es as¨ª.

Algo que podr¨ªa ocurrir si la nueva ley promueve el crecimiento de retazos de ¨¢reas agr¨ªcolas en medio del bosque es que el ecosistema amaz¨®nico (94,6% de los bosques peruanos) pierda su valor. Sabogal recuerda que, aparte de ser un albergue para una enorme biodiversidad, el bosque da sombra y produce lluvias.

Por a?adidura, la mayor fuente de emisi¨®n de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el pa¨ªs, es justamente la deforestaci¨®n. Un comunicado conjunto de las embajadas de Canad¨¢, Reino Unido, Alemania y Noruega en el Per¨² advierte, a prop¨®sito de la modificaci¨®n, sobre los potenciales impactos de la reforma.

En 2014, dos de estos pa¨ªses (Alemania y Noruega), suscribieron con el Per¨² un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestaci¨®n. Pero los entusiastas de la ley no muestran tener ojos para estas miradas de afuera, sostiene Capella.

Adem¨¢s, el Acuerdo de Par¨ªs, el Tratado de Libre Comercio entre Per¨² y Estados Unidos, y el Acuerdo Comercial con la Uni¨®n Europea tambi¨¦n podr¨ªan verse afectados. Las normas comunitarias impiden ingresar productos agr¨ªcolas que no provengan de tierras que tengan cero deforestaci¨®n. La modificaci¨®n de la ley forestal, que presuntamente va a ayudar a los agricultores, podr¨ªa m¨¢s bien afectarlos y da?ar la imagen del pa¨ªs a nivel internacional.

¡°No se puede olvidar tampoco a los pueblos en aislamiento voluntario¡±, apunta Cusurichi. Las 109 federaciones ind¨ªgenas y 2439 comunidades nativas han solicitado que el Estado retroceda. Benites, por su parte, pide un ¡°debate informado¡±. Pero ya la aserradora legal pas¨® sobre la norma anterior, sin mayor debate. Mientras, el Ejecutivo, que no observ¨® la nueva ley, mantiene el silencio sobre los siguientes pasos. Todo ello mientras cada ¨¢rbol que cae podr¨ªa meter al Per¨² en un foso de degradaci¨®n ambiental sin precedentes.