Un a?o despu¨¦s del referendo de Yasun¨ª, la descarbonizaci¨®n es la deuda contrarreloj

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El 2012, me decid¨ª a escalar el volc¨¢n Cotopaxi. Desde su cima, a 5.897 metros sobre el nivel del mar, el aire es delgado y la vista rutilante al amanecer. Hab¨ªa ido a Quito invitado por Canciller¨ªa ecuatoriana para abordar lo que ser¨ªan las negociaciones de un tratado sobre empresas y derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la cima del volc¨¢n, apreciaba en el horizonte la incontenible fuerza del anillo de fuego del Pac¨ªfico. Mas no alcanzaba a divisar las realidades de las tierras bajas.

En Ecuador, la huella del crudo en la Amazonia recae con dureza sobre los pueblos ind¨ªgenas de cuyos territorios es extra¨ªdo. Las tasas de c¨¢ncer en la poblaci¨®n, especialmente en mujeres, son en algunas ¨¢reas las m¨¢s altas del continente, e incluso han ido en aumento en la ¨²ltima d¨¦cada. Pueblos ind¨ªgenas que viven en aislamiento en el bosque amaz¨®nico, y que dependen de un medio ambiente limpio y saludable, enfrentan una gran amenaza a su supervivencia.

Frente a estos graves impactos, el paradigma del desarrollo sostenible promet¨ªa la reconfiguraci¨®n del proceso de desarrollo sobre la base de un di¨¢logo social que pudiera integrar consideraciones ambientales. Para hacerlo una realidad, el Acuerdo de Escaz¨² sobre derechos ambientales en Am¨¦rica Latina y el Caribe busca fortalecer la participaci¨®n informada en la toma de decisiones ambientales, entre otros derechos.

Bajo la Constituci¨®n del Ecuador, las consultas son particularmente visionarias del desarrollo concebido como un proceso de di¨¢logo democr¨¢tico. En el pa¨ªs, las consultas populares bajo la Constituci¨®n le han permitido a la ciudadan¨ªa abordar tem¨¢ticas de innegable relevancia para el desarrollo.

En agosto del 2023, en consulta popular, la ciudadan¨ªa decidi¨® mantener el crudo en el Bloque 43 del Parque Nacional Yasun¨ª indefinidamente bajo tierra. Los ecuatorianos hicieron valer su voz para mostrar la importancia de uno de los lugares m¨¢s biodiversos del mundo, hogar de pueblos ind¨ªgenas en aislamiento de inmensurable valor para pluriculturalidad del pa¨ªs y del planeta. Con su decisi¨®n, la naci¨®n ecuatoriana le dijo al mundo que una transici¨®n justa para hacer frente la emergencia clim¨¢tica depende de la descarbonizaci¨®n de las matrices energ¨¦ticas.

Como resultado de la consulta popular, el Gobierno tiene plazo hasta el 31 de agosto de este a?o para poner fin a toda actividad relacionada con la extracci¨®n de petr¨®leo en el Bloque 43 del Yasun¨ª. O sea, que el Gobierno ha tenido un a?o para darle cumplimiento al mandato popular. Sin embargo, las estad¨ªsticas sobre los vol¨²menes de extracci¨®n del Bloque 43 en el ¨²ltimo a?o muestran que no ha habido acci¨®n para cumplir al mandato electoral.

En mayo, el Gobierno del Presidente Daniel Noboa dict¨® un Decreto Ejecutivo (257) que crea un comit¨¦ ministerial, con la expl¨ªcita ¡°finalidad de cumplir la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de todas actividad relacionada a la extracci¨®n de petr¨®leo en el Bloque 43¡å. Sin embargo, quedan pocos d¨ªas para que expire el plazo establecido por la consulta popular, el cual fue adem¨¢s refrendado por dictamen de la Corte Constitucional. Es evidente que la realidad formal de un decreto administrativo no es equivalente a la realidad material del cese de operaciones extractivas en el Yasun¨ª.

En mayo de este a?o, tuve la oportunidad de volver a Ecuador. En Latacunga, la capital administrativa de la Provincia de Cotopaxi, en mi rol como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias peligrosas y derechos humanos, particip¨¦ en un evento p¨²blico sobre miner¨ªa y sustentabilidad. En la Casa de la Cultura, la sede del evento, diversos actores daban cuenta de una gran divisi¨®n en las comunidades frente a la posibilidad de proyectos mineros en el territorio.

Comuneros denunciaban amenazas a sus fuentes productivas y el excesivo uso de la fuerza por parte de la polic¨ªa y el ej¨¦rcito en el marco de un proceso de consulta. El obispo de la di¨®cesis de Latacunga hablaba de la desproporci¨®n por la entrada de 500 efectivos militares en un poblado de 1.100 habitantes. Por su parte, la Compa?¨ªa Minera La Plata S.A. sacaba un comunicado p¨²blico donde acusaba el ingreso de grupos violentos ajenos a la comunidad para obstaculizar y sabotear la consulta.

La falta de seguridad ciudadana en el Ecuador ha capturado titulares alrededor del mundo. Esto tras el asesinato del entonces candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, la fuga de la c¨¢rcel de conocidos narcotraficantes de los carteles Los Lobos y Los Choneros, el ataque al estudio de Televisi¨®n TC, entre otros. En ese contexto vol¨¢til, el Gobierno ha argumentado que necesita mayores recursos en la guerra contra el crimen organizado. Y, por eso, muchos ven en nuevos proyectos mineros y la continua extracci¨®n de petr¨®leo en la Amazon¨ªa la fuente de ingresos necesarios para la estabilidad del pa¨ªs.

Sin embargo, la actividad econ¨®mica no puede justificar violaciones de los derechos humanos. Durante mi reciente visita, pude constatar diversos casos de incumplimientos de sentencias judiciales que buscan proteger derechos fundamentales frente a la contaminaci¨®n generada por pr¨¢cticas extractivas insostenibles.

Por ejemplo, est¨¢ el caso de mecheros usados para quemar gases que genera la extracci¨®n de crudo, donde la Corte Provincial de Sucumb¨ªos orden¨® el retiro de mecheros que se encuentran aleda?os a centros poblados. Sin embargo, el plazo establecido por la Corte ha sido incumplido, e incluso hoy hay m¨¢s mecheros que en el 2021, cuando la corte dicta su sentencia. Esto expone a la poblaci¨®n a sustancias cancer¨ªgenas y agrava la emergencia clim¨¢tica por las emisiones de potentes gases de efecto invernadero. Asimismo, est¨¢ el caso Sarayaku, dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ordena el retiro de explosivos que fueron tendidos para la exploraci¨®n de petr¨®leo en violaci¨®n de las garant¨ªas de la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos.

Tambi¨¦n pude constatar la falta de cumplimiento de resultados de procesos de consultas. Un ejemplo claro es la falta de retiro ordenado y progresivo de las actividades e instalaciones de extracci¨®n de crudo del Parque Nacional Yasun¨ª.

El cumplimiento de fallos judiciales y de los resultados de consultas no puede ser barajado por el Gobierno del presidente Noboa simplemente como otro c¨¢lculo pol¨ªtico coyuntural. El respeto a los derechos humanos es la base de la legitimidad de todo acto de poder p¨²blico. Esto incluye la observancia del derecho a la protecci¨®n judicial y a la participaci¨®n en la toma de decisiones ambientales.

En particular, el Gobierno ecuatoriano debe dar cumplimiento de manera inmediata a la decisi¨®n de la consulta popular sobre el Yasun¨ª y disponer el cese de las actividades de extracci¨®n de crudo. Es en el respeto al estado de derecho donde Ecuador encontrar¨¢ la fortaleza necesaria para hacer frente a la grave amenaza del crimen organizado y transitar hacia un desarrollo sostenible para todos sus habitantes.