Fujimori continuar¨¢ en prisi¨®n hasta cumplir su condena en noviembre de 2032, cuando tenga 94 a?os

Tres d¨ªas despu¨¦s de un intenso debate sobre una posible excarcelaci¨®n de Alberto Fujimori, el juez Fernando Vicente Fern¨¢ndez Tapia resolvi¨® no ejecutar su liberaci¨®n. Horas antes de la determinaci¨®n del magistrado, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hab¨ªa expresado su ¡°preocupaci¨®n¡± porque la reciente decisi¨®n del Tribunal Constitucional pudiera derivar en una excarcelaci¨®n del expresidente peruano.

La presunta liberaci¨®n de Fujimori ha remecido nuevamente al pa¨ªs. El Tribunal Constitucional emiti¨® una resoluci¨®n de cinco p¨¢ginas que, seg¨²n sus autoridades, permitir¨ªa que el patriarca naranja, condenado en 2009 a 25 a?os por cr¨ªmenes de lesa humanidad, dejara el penal de Barbadillo, en Lima. Se trata de un recurso de aclaraci¨®n ¡ªmecanismo para precisar un concepto o subsanar alg¨²n error en las sentencias¡ª interpuesto por el Procurador del Poder Judicial y el abogado defensor de Fujimori a ra¨ªz de un fallo del TC del 17 de marzo de 2022 que restituye los efectos de una resoluci¨®n que en 2017 concedi¨® el indulto humanitario a Fujimori.

En abril de 2022, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvi¨® que el Estado peruano se abstenga de ejecutar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. La CIDH es un ¨®rgano de justicia supranacional y Per¨² es un Estado parte, por lo cual tiene la obligaci¨®n internacional de acatar su medida. Sin embargo, tanto el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, como su vicepresidenta Luz Pacheco hab¨ªan declarado que la liberaci¨®n s¨ª proced¨ªa porque ¡°las sentencias que emite su instituci¨®n son cosas juzgadas y no se pueden anular¡±.

Es m¨¢s, Pacheco asegur¨® que incumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tendr¨ªa consecuencias, pues solo una minor¨ªa los acata. ¡°De las sentencias de la Corte solo se cumplen el 15%. O sea, los Estados no cumplen muchas veces porque consideran que esa decisi¨®n se extralimita de su competencia¡±, dijo. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional le traslad¨® toda la responsabilidad al juez de ejecuci¨®n, Fern¨¢ndez Tapia, del primer juzgado de Investigaci¨®n Preparatoria de Ica para que procediera de acuerdo ¡°a sus atribuciones¡±. Es decir, aplicar el fallo del TC que concede el h¨¢beas corpus o seguir los lineamientos de la CIDH. El magistrado se ha decantado por esta segunda opci¨®n.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a trav¨¦s de un comunicado, le hab¨ªa recordado al Estado peruano la vigencia de su decisi¨®n de no hacer efectiva la liberaci¨®n de Alberto Fujimori, a quien se ha determinado como el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta durante su gobierno en los a?os noventa.

Por otro lado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional tambi¨¦n hab¨ªa criticado la falta de claridad del Tribunal Constitucional. ¡°Omiti¨® generar un pronunciamiento claro y definitivo. El presidente del TC se pronunci¨® en medios y ha pretendido aclarar esa ambig¨¹edad, se?alando que ¡®s¨ª procede la liberaci¨®n de Fujimori¡¯ y que ¡®depende de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario proceder¡¯, pero el hecho concreto es que eso no est¨¢ estipulado en su resoluci¨®n¡±.

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